Colombia rompe con décadas de dependencia en pasaportes y desata una confrontación con intereses que se resisten a perder un negocio histórico bajo sospecha

Presentación del nuevo pasaporte en la casa de Nariño, sede del gobierno de Colombia. 

El nuevo modelo de pasaportes en Colombia se ha convertido en mucho más que una discusión técnica. Es, en esencia, una disputa sobre el rumbo del Estado en una era en la que los datos, la seguridad y la identidad digital ocupan un lugar central en la geopolítica global. Lo que está en juego no es únicamente la expedición de un documento, sino la capacidad del país para asumir el control de información estratégica y garantizar derechos fundamentales sin depender de terceros.

El contrato para la elaboración de pasaportes marca el inicio de una transformación profunda. Representa la entrada a una nueva etapa caracterizada por la soberanía digital, el fortalecimiento institucional y la apertura a la libre competencia. Este giro ha despertado resistencias previsibles de quienes durante décadas defendieron un modelo concentrado y hoy ven amenazado ese esquema.

La controversia ha escalado rápidamente desde el terreno técnico hacia el ámbito jurídico y político. En medio de ese escenario, el presidente ha salido en defensa directa del nuevo modelo, subrayando su carácter público e internacional. “Ya tenemos el nuevo pasaporte que se expide actualmente, con un contrato en ejecución con una entidad pública internacional como la Casa de la Moneda de Portugal, con apoyo de gobiernos europeos. Es de lo mejor del mundo”, afirmó.

El mandatario también puso el foco en la transición del modelo anterior, señalando que aún persisten elementos críticos por resolver. Según dijo, antiguos operadores no han entregado completamente herramientas clave para la administración de la información, lo que, a su juicio, evidencia las tensiones propias de un cambio estructural de esta magnitud.

En esa misma línea, cuestionó las acciones judiciales que buscan frenar el contrato vigente, sugiriendo que estas coinciden con intereses afectados por la pérdida de control sobre el negocio. El presidente sostuvo que el nuevo esquema garantiza que la información de los ciudadanos quede en manos del Estado colombiano y que la tecnología operará desde la Imprenta Nacional bajo estándares de primer nivel.

Más allá de esas declaraciones, que elevan el tono político del debate, lo cierto es que el proceso cuenta con una estructura clara, fases definidas e instrumentos jurídicos suscritos. En el fondo, se trata de garantizar un derecho fundamental. La Corte Constitucional ha sido enfática en reconocer el pasaporte como un documento indispensable para ejercer libertades esenciales, entre ellas la movilidad y la unidad familiar.

El cambio de modelo tampoco surge de manera improvisada. Responde a estándares internacionales que exigen actualización tecnológica constante, particularmente en materia de seguridad y biometría. Desde hace casi una década, Colombia expide pasaportes electrónicos, y las recomendaciones globales apuntan a una renovación continua que mantenga la integridad y confiabilidad de estos documentos.

La transición se estructuró bajo un esquema de cooperación entre Estados. En este punto conviene despejar uno de los argumentos más repetidos en el debate público. La Imprensa Nacional Casa da Moeda de Portugal no es una empresa privada, sino una entidad de capital completamente público, integrada al sector empresarial del Estado portugués. Este detalle redefine la naturaleza del acuerdo como una alianza estatal y no como una tercerización convencional.

El modelo está diseñado en etapas progresivas que van desde la capacitación y el ensamblaje local hasta la producción completa en territorio nacional. El objetivo final es claro: lograr una transferencia tecnológica total en un plazo de diez años, con infraestructura instalada y talento capacitado dentro del país.

Uno de los elementos más significativos de esta transformación es la propiedad intelectual. A diferencia del esquema anterior, en el que los derechos permanecían en manos del operador privado, el nuevo modelo establece que estos pertenecerán al Estado colombiano. Esta diferencia redefine el equilibrio de poder, permitiendo no solo custodiar la información de los ciudadanos, sino también proyectar capacidades hacia el exterior en el futuro.

El nuevo esquema incorpora además un elemento clave de transparencia. Aunque la normativa vigente no obligaba a exigir garantías en este tipo de contratos entre entidades públicas, la Cancillería decidió incluirlas. Hoy, las pólizas emitidas por La Previsora se encuentran vigentes y pueden ser consultadas públicamente en la plataforma oficial de contratación, lo que refuerza la trazabilidad del proceso frente a los cuestionamientos de sus críticos.

Desde el Gobierno, el modelo ha sido presentado como un punto de inflexión. Se le describe como un triunfo de lo público sobre el interés privado y como el nacimiento de un pasaporte soberano, en el que la información, la tecnología y la operación quedan bajo control estatal.

Detrás de esta transición también hay un grupo de funcionarias y funcionarios que han liderado su implementación. Voces del proceso destacan el papel de Viviana León, gerente de la Imprenta Nacional, y de Elvira Sanabria Salazar, secretaria general de la Cancillería, junto con la conducción de la canciller Rosa Yolanda Villavicencio. A ello se suma el impulso inicial atribuido al embajador en Brasil, Alfredo Saade, quien habría recibido la instrucción de avanzar hacia un modelo basado en cooperación entre Estados y no en operadores privados.

El proceso enfrenta cuestionamientos legales que hoy se tramitan en los tribunales, sin que hasta ahora exista una orden de suspensión. Mientras tanto, el cronograma avanza y la implementación continúa.

Más allá de las diferencias, el núcleo del debate es inequívoco. Colombia se encuentra ante una decisión de fondo: construir una capacidad estratégica propia en materia de documentos de seguridad o mantener una dependencia estructural de terceros.

En un mundo donde la identidad digital y la soberanía tecnológica determinan el peso de las naciones, el pasaporte deja de ser un simple documento de viaje. Se convierte en una declaración de autonomía. Y en ese tránsito, Colombia empieza a redefinir su lugar en el escenario internacional.