PARAGUAY APUESTA A LA INDUSTRIALIZACIÓN COMO SALIDA AL SUBDESARROLLO: PEÑA REORDENA EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y LANZA NUEVA ESTRATEGIA EXPORTADORA

El gobierno de Asunción busca superar su dependencia de la soja y la energía hidroeléctrica con una política de valor agregado orientada al nuevo escenario comercial post-acuerdo UE.

Paraguay, el país más pequeño de los cuatro miembros plenos del Mercosur en términos de PIB absoluto, llega al inicio del acuerdo con la Unión Europea con una agenda de transformación económica más ambiciosa que en años anteriores. El presidente Santiago Peña llevó adelante una reestructuración de envergadura en el Ministerio de Economía y Finanzas, con el objetivo declarado de fortalecer la estrategia de industrialización del país y mejorar su inserción exportadora en los mercados globales. La señal política es inequívoca: Paraguay no quiere seguir siendo solamente el proveedor de materias primas agrícolas y energía hidroeléctrica que históricamente ha sido, sino construir capacidad industrial y tecnológica propia.

El contexto es propicio para ese salto cualitativo. Con el acuerdo Mercosur–UE, Paraguay tendrá acceso preferencial a un mercado de más de 450 millones de consumidores europeos para productos que hoy pagan aranceles significativos. El ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme, ha señalado que el gobierno identificó sectores con potencial de valor agregado —agroalimentos procesados, cuero y calzado, textiles, maquinaria agrícola liviana y software— donde Paraguay puede construir ventajas competitivas con inversión en capacitación, infraestructura y regímenes de promoción industrial.

La energía es el activo estratégico más evidente de Paraguay: la represa de Itaipú, compartida con Brasil, y la de Yacyretá, compartida con Argentina, convierten al país en uno de los mayores exportadores per cápita de energía eléctrica del mundo. El gobierno de Peña busca capitalizar esa abundancia energética para atraer industrias electrointensivas que encuentren en Paraguay un destino atractivo por la combinación de energía barata, baja carga impositiva y acceso al mercado regional e internacional vía Mercosur. La llegada de empresas de producción de aluminio, acero y fertilizantes sería un salto cualitativo en la estructura productiva paraguaya.

El desafío más profundo que enfrenta Paraguay es institucional. La corrupción, la debilidad del sistema judicial y la informalidad laboral son obstáculos estructurales que frenan la inversión extranjera de calidad y dificultan la competitividad de las empresas locales. El ministro Riquelme reconoció estas limitaciones en declaraciones recientes y señaló que el gobierno trabaja en reformas regulatorias orientadas a reducir la burocracia y mejorar el clima de negocios. Sin embargo, los analistas locales recuerdan que similares promesas se han repetido durante décadas con resultados modestos.

Paraguay fue también el país que completó el último eslabón de la ratificación interna del acuerdo Mercosur–UE, al promulgar la ley de aprobación el presidente Peña en las últimas semanas. El hecho de haber cruzado esa línea institucional con relativa celeridad —tres meses después de la firma— es una señal del compromiso político del gobierno de Asunción con la estrategia de apertura comercial. Ahora el trabajo es convertir las oportunidades del texto en realidades económicas tangibles para una población de 7,5 millones de personas que espera ver resultados concretos.

En la próxima cumbre del Mercosur, Paraguay ejercerá la presidencia pro tempore, lo que le otorga un rol de coordinación regional que el gobierno de Peña planea aprovechar para impulsar la agenda de digitalización, facilitación del comercio y reducción de barreras no arancelarias entre los miembros del bloque. La presidencia pro tempore llega en el momento más relevante de la historia reciente del Mercosur, y Asunción sabe que no puede desperdiciarla.