La entrega de las llaves de la ciudad de Coral Gables al expresidente ecuatoriano Guillermo Lasso vuelve a colocar en el debate internacional la trayectoria reciente de Ecuador, un país que en pocos años pasó de registrar un fuerte deterioro de la seguridad a convertirse en uno de los escenarios más graves de violencia criminal de América Latina. Desde el gobierno de Lenín Moreno, pasando por Guillermo Lasso y posteriormente por Daniel Noboa, las distintas administraciones han aplicado estrategias diferentes, pero ninguna ha conseguido resolver de manera definitiva la expansión de las organizaciones criminales, las masacres y los homicidios.

La crisis no comenzó con Daniel Noboa. Durante el gobierno de Lenín Moreno (2017-2021) comenzaron a observarse transformaciones profundas en el escenario de seguridad ecuatoriano, mientras el país enfrentaba el crecimiento de estructuras vinculadas al narcotráfico y una situación penitenciaria cada vez más conflictiva. Las masacres dentro de las cárceles se convirtieron posteriormente en uno de los signos más visibles de la pérdida de control sobre determinadas estructuras criminales. En 2021 se registraron algunas de las peores matanzas penitenciarias de la historia reciente del país.

Con Guillermo Lasso (2021-2023), la situación se agravó. El Gobierno recurrió repetidamente a estados de excepción y a la intervención de las Fuerzas Armadas, mientras las disputas entre organizaciones criminales se trasladaban de las cárceles hacia las calles. Ecuador cerró 2023 con 47,25 homicidios por cada 100.000 habitantes, el registro más elevado hasta ese momento. Lasso terminó anticipadamente su mandato en 2023 mediante la denominada “muerte cruzada”, dejando el problema de seguridad como uno de los principales desafíos para su sucesor.

Daniel Noboa asumió inicialmente en noviembre de 2023 para completar el período restante y posteriormente fue elegido para un nuevo mandato. En enero de 2024 declaró la existencia de un “conflicto armado interno” y calificó a varias organizaciones criminales como grupos terroristas. El Gobierno desplegó militares en las calles, endureció las operaciones contra las bandas y convirtió la seguridad en el eje central de su administración. Hubo momentos de reducción de homicidios, pero la violencia volvió a crecer con fuerza.

El dato que más claramente refleja la dimensión del problema llegó al cierre de 2025. Ecuador contabilizó 9.216 homicidios intencionales, equivalentes a una tasa de 50,91 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Fue el año más violento registrado en la historia del país y superó incluso el récord de 2023. El dato también mostró que las medidas extraordinarias aplicadas durante el Gobierno de Noboa no habían conseguido impedir una nueva expansión de la violencia criminal.

La situación de 2026 muestra una realidad más compleja. En el primer semestre hubo una reducción nacional respecto del mismo período de 2025: 4.154 homicidios entre enero y junio, un descenso de 10,83%. El Gobierno y la Policía han presentado esta disminución como resultado de sus operaciones de seguridad.

Pero las cifras nacionales esconden fuertes diferencias territoriales. Algunas zonas experimentaron descensos mientras otras registraron aumentos importantes. El Oro, por ejemplo, pasó de 358 muertes violentas entre enero y julio de 2025 a 634 en el mismo período de 2026, según datos citados por Primicias. Además, en junio y julio de 2026 el número mensual de homicidios volvió a superar los registros de los mismos meses de 2025.

Esto demuestra que el fenómeno no desapareció: la violencia criminal también cambió de territorio y de dinámica. Un análisis de los primeros meses de 2026 encontró aumentos de homicidios en decenas de cantones, incluso mientras ciudades tradicionalmente asociadas con los niveles más altos de violencia registraban descensos.

Noboa respondió con una estrategia cada vez más militarizada. En junio de 2026, las Fuerzas Armadas anunciaron el despliegue de 13.000 militares en Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro, cuatro provincias que concentraban más del 80% de los homicidios. El Gobierno denominó esta etapa como una “ofensiva total” contra las organizaciones criminales.

El problema, sin embargo, va mucho más allá del número de policías y militares desplegados. Ecuador enfrenta organizaciones que disputan territorios, controlan rutas de narcotráfico, extorsionan a comerciantes y familias y mantienen conexiones internacionales. La violencia también ha generado desplazamiento interno: el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno registró 131.570 nuevos desplazamientos relacionados con la violencia criminal durante 2025.

Hay además una discusión sobre qué significa realmente “resolver” la crisis. Reducir temporalmente los homicidios no equivale necesariamente a desarticular las estructuras criminales. La experiencia reciente muestra que la captura de dirigentes puede provocar disputas internas por el control territorial. Un análisis sobre el primer año del segundo mandato ordinario de Noboa señaló que importantes capturas de cabecillas fueron seguidas por nuevos enfrentamientos y que los estados de excepción se convirtieron en una herramienta recurrente.

Por eso, la historia reciente de Ecuador puede leerse como una sucesión de respuestas frente a un problema que fue creciendo durante diferentes gobiernos. Moreno enfrentó el comienzo de una transformación profunda del escenario criminal; Lasso gobernó durante la expansión de las masacres carcelarias y el aumento de los homicidios; y Noboa asumió una estrategia de confrontación directa, militarización y estados de excepción. Los resultados hasta septiembre de 2026 muestran algunos indicadores de mejora respecto de 2025, pero también nuevos focos de violencia y un nivel de homicidios todavía extremadamente elevado.

La entrega de una distinción a Lasso en Estados Unidos adquiere así una dimensión particular dentro de la historia política ecuatoriana. El expresidente puede presentar su gestión desde sus propias decisiones y resultados, pero el país que dejó en 2023 continuó enfrentando una crisis que tampoco ha podido ser resuelta por la administración que lo sucedió.

Ecuador continúa buscando una respuesta que combine seguridad, inteligencia policial, control territorial, reforma penitenciaria, justicia efectiva, lucha contra el lavado de dinero y capacidad institucional. La experiencia de los últimos años muestra que ninguna administración ha conseguido, por sí sola, cerrar el ciclo de violencia. Noboa ha intentado una confrontación más directa con las organizaciones criminales, y algunos indicadores de 2026 muestran reducciones respecto de 2025; pero los asesinatos continúan y determinadas provincias atraviesan nuevos repuntes. La crisis, por tanto, sigue abierta y constituye uno de los mayores desafíos institucionales y sociales de Ecuador.

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