Con motivo del Día Mundial contra la Trata de Personas, representantes de los Ministerios Públicos del MERCOSUR se reunieron en Río de Janeiro para fortalecer la cooperación regional frente a uno de los delitos transnacionales de mayor crecimiento en el mundo: la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. El seminario, organizado por la Subcomisión de Trata de Personas de la Reunión Especializada de Ministerios Públicos del MERCOSUR (REMPM) junto con el Ministerio Público Federal de Brasil (MPF), contó además con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y de la Unión Europea. El objetivo fue fortalecer la coordinación entre fiscales, investigadores y autoridades judiciales para responder de manera más rápida y eficaz a organizaciones criminales que operan a través de las fronteras sudamericanas.

Durante las dos jornadas de trabajo se analizaron las nuevas modalidades utilizadas por las redes de trata, el uso de plataformas digitales y redes sociales para captar víctimas, las rutas regionales empleadas por las organizaciones criminales y la necesidad de ampliar el intercambio de información entre las fiscalías de los distintos países. Uno de los expositores principales fue el fiscal argentino Marcelo Colombo, cotitular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) y coordinador de la Red Iberoamericana de Fiscales Especializados en Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes (REDTRAM), quien destacó la importancia de las redes internacionales de fiscales para enfrentar delitos que ya no reconocen fronteras nacionales.

Los especialistas coincidieron en que la trata de personas ha evolucionado considerablemente durante la última década. Si anteriormente predominaban las redes dedicadas a la explotación sexual o al trabajo forzoso, hoy las organizaciones criminales aprovechan las nuevas tecnologías para captar víctimas mediante falsas ofertas laborales, promesas de estudios en el extranjero o engaños difundidos por redes sociales y aplicaciones de mensajería. Además, las investigaciones muestran una creciente vinculación entre la trata de personas y otros delitos complejos como lavado de dinero, corrupción, narcotráfico, fraude financiera y ciberdelincuencia, lo que exige una respuesta coordinada entre distintos organismos nacionales e internacionales.

Uno de los aspectos que más preocupa a las autoridades es la naturaleza transnacional del delito. Las víctimas suelen ser captadas en un país, trasladadas por varios territorios y explotadas en otro, dificultando las investigaciones cuando las fiscalías trabajan de manera aislada. En América del Sur, las extensas fronteras terrestres, la intensa movilidad migratoria y la existencia de importantes corredores logísticos convierten a la cooperación judicial en una herramienta esencial. Por ese motivo, la REMPM impulsa desde hace varios años grupos especializados que coordinan acciones en materia de trata de personas, narcocriminalidad, delitos cibernéticos y cooperación en zonas de frontera, buscando acelerar el intercambio de pruebas, inteligencia y asistencia jurídica entre los Estados miembros y asociados del MERCOSUR.

Las cifras demuestran la dimensión del problema. Según informó recientemente el Ministerio Público Federal de Brasil, la Unidad Nacional de Lucha contra la Trata Internacional de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (UNTC) presentó 216 denuncias penales entre 2025 y 2026 y participó en más de 1.100 procesos judiciales durante el último año y medio. Las autoridades brasileñas advierten que las organizaciones criminales operan con estructuras cada vez más sofisticadas y utilizan herramientas digitales para captar víctimas, ocultar ganancias ilícitas y coordinar operaciones internacionales, obligando a los organismos de investigación a modernizar permanentemente sus métodos de actuación.

Diversos expertos consideran que el MERCOSUR puede desempeñar un papel mucho más amplio en esta materia. Aunque el bloque nació con una orientación principalmente económica y comercial, durante los últimos años ha fortalecido mecanismos de cooperación judicial, seguridad fronteriza, intercambio de inteligencia y combate al crimen organizado. La lucha contra la trata de personas se ha convertido en una de las prioridades de la agenda regional debido a que afecta directamente los derechos humanos, la seguridad pública, la protección de migrantes y la estabilidad institucional de los países sudamericanos. En este contexto, la coordinación entre fiscales, policías, jueces y organismos internacionales aparece como uno de los instrumentos más eficaces para desarticular organizaciones criminales que operan simultáneamente en varios países.

Los participantes también subrayaron la necesidad de reforzar las políticas de prevención y protección de las víctimas. La persecución penal resulta indispensable, pero no suficiente si no va acompañada por programas de asistencia psicológica, reinserción laboral, protección de testigos y campañas de concienciación dirigidas a poblaciones vulnerables. Organismos internacionales advierten que mujeres, niños, adolescentes, migrantes y personas en situación de pobreza continúan siendo los principales objetivos de las redes de trata. En consecuencia, los Ministerios Públicos del MERCOSUR buscan consolidar una estrategia regional que combine investigación criminal, cooperación internacional, prevención y protección integral de las víctimas, fortaleciendo así la capacidad de respuesta de América del Sur frente a uno de los delitos más lucrativos y complejos del crimen organizado internacional.