La Policía Federal de Brasil presentó una acusación formal contra 16 actuales y exdirectivos y empleados de la aerolínea Voepass por el accidente del vuelo 2283, ocurrido el 9 de agosto de 2024, en el que murieron las 62 personas que viajaban a bordo. Tras una investigación de casi dos años, los investigadores concluyeron que existieron omisiones, negligencia, fallas de mantenimiento y graves irregularidades operativas que habrían contribuido directamente a la tragedia, considerada la más grave de la aviación comercial brasileña desde 2007.

Entre los acusados figura el propietario y presidente de Voepass, José Luiz Felício Filho, además de otros 15 funcionarios y exfuncionarios de la empresa. La Policía Federal los responsabiliza por el delito de poner en peligro la seguridad del transporte aéreo con resultado de desastre fatal, una infracción que puede conllevar penas de hasta 12 años de prisión. Algunos de ellos también enfrentan acusaciones por omitir fallas técnicas en los registros oficiales de mantenimiento de la aeronave.

El accidente ocurrió cuando un ATR 72-500 de Voepass, que cubría la ruta entre Cascavel, en el estado de Paraná, y el aeropuerto internacional de Guarulhos, en São Paulo, cayó sobre una zona residencial del municipio de Vinhedo. El avión perdió aproximadamente 4.000 metros de altitud antes de impactar contra el suelo. Murieron los 58 pasajeros y los 4 miembros de la tripulación, aunque no se registraron víctimas entre los habitantes de la zona donde cayó la aeronave.

Las investigaciones determinaron que el sistema de deshielo de las alas presentó fallas repetidas durante un prolongado período de operaciones. Los registradores de vuelo revelaron que dicho sistema fue activado y desactivado repetidamente durante 136 vuelos, mientras que el mismo día del accidente la aeronave ya había presentado problemas similares en tres vuelos anteriores, sin que ello impidiera su autorización para despegar hacia una ruta donde existían condiciones severas de formación de hielo.

El investigador federal André Ribeiro afirmó que la aeronave fue autorizada para operar pese a que existían antecedentes suficientes para inmovilizarla hasta corregir las fallas detectadas. Según la Policía Federal, la investigación evidenció deficiencias sistemáticas en el mantenimiento, omisiones deliberadas, problemas en los procedimientos internos y una cultura organizacional que priorizaba la continuidad de las operaciones por encima de la seguridad operacional.

Los investigadores también solicitaron que el Ministerio Público Federal evalúe posibles responsabilidades de la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) por su labor de supervisión. A juicio de la Policía Federal, existen elementos que justifican analizar si hubo fallas regulatorias que permitieron que la aeronave continuara operando pese a los problemas técnicos detectados.

Por su parte, el abogado Thalles Andrade, representante de varias familias de las víctimas, anunció que promoverá acciones civiles contra todas las personas y empresas que hayan contribuido, por acción u omisión, al accidente. Las demandas buscarán responsabilidades no solo contra la aerolínea, sino también contra directivos, empresas vinculadas a la operación y otros actores que pudieran haber intervenido en la cadena de decisiones que precedió a la tragedia.

La acusación presentada por la Policía Federal no constituye todavía una condena. Ahora corresponderá al Ministerio Público Federal analizar las conclusiones de la investigación y decidir si presenta una denuncia formal ante la Justicia brasileña. De confirmarse las imputaciones, el proceso podría convertirse en uno de los casos judiciales más relevantes de la historia reciente de la aviación civil en Brasil, con importantes repercusiones para los estándares de seguridad aérea y la supervisión del sector.