El Gobierno de Donald Trump sancionó a Tomoko Akane, presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), en una nueva escalada de la confrontación entre Washington y el tribunal con sede en La Haya. La medida fue formalizada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro, y también alcanzó al funcionario Abdoulaye Seye. Las sanciones implican el bloqueo de bienes y participaciones financieras que ambos puedan tener bajo jurisdicción estadounidense, además de restricciones para que ciudadanos y empresas de Estados Unidos realicen operaciones con ellos.
La decisión coloca directamente bajo las sanciones estadounidenses a la máxima autoridad institucional de la CPI. Akane, magistrada japonesa, ocupa la presidencia del tribunal que administra el funcionamiento de la institución encargada de juzgar a personas acusadas de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cuando se cumplen las condiciones establecidas por el Estatuto de Roma.
La medida no implica solamente una prohibición individual. Las restricciones también alcanzan a las compañías en las que Akane o Seye tengan, de manera directa o indirecta, una participación de al menos el 50%. Washington estableció además un período temporal para cerrar determinadas operaciones vinculadas con los sancionados, que se extenderá hasta el 17 de septiembre de 2026.
El conflicto entre Estados Unidos y la CPI viene de varios años, pero se intensificó durante la administración Trump a raíz de las investigaciones y decisiones del tribunal relacionadas con ciudadanos estadounidenses e Israel. Estados Unidos no es miembro del Estatuto de Roma, aunque la CPI puede ejercer jurisdicción sobre determinados crímenes cometidos en territorios de países que sí reconocen la autoridad del tribunal.
Uno de los principales puntos de tensión fue la decisión de la CPI de emitir órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el entonces ministro de Defensa Yoav Gallant. Washington rechazó esas actuaciones y acusó al tribunal de exceder sus competencias. Desde entonces, la administración Trump adoptó distintas medidas contra funcionarios de la institución.
La inclusión de Akane representa un nuevo nivel dentro de esa disputa porque no se trata de una fiscal o de un funcionario de menor rango, sino de la persona que encabeza institucionalmente la Corte Penal Internacional. La sanción transmite así un mensaje político directo sobre el rechazo de Washington a determinadas actuaciones del tribunal.
La ofensiva estadounidense también ha alcanzado anteriormente a jueces de la CPI. Algunos de ellos recurrieron las sanciones ante tribunales de Estados Unidos y cuestionaron su legalidad, mientras el Gobierno de Trump sostiene que las medidas forman parte de su política para impedir que la corte actúe contra ciudadanos estadounidenses o contra aliados de Washington.
El secretario de Estado Marco Rubio también planteó una estrategia diplomática más amplia. Estados Unidos busca convencer a otros países de abandonar la CPI, lo que convertiría el enfrentamiento en una disputa que va más allá de las sanciones individuales y podría afectar la posición internacional del tribunal.
La CPI fue creada mediante el Estatuto de Roma y comenzó a funcionar en 2002. Su objetivo es perseguir los crímenes internacionales más graves cuando los sistemas judiciales nacionales no pueden o no quieren actuar adecuadamente. La institución tiene su sede en La Haya, Países Bajos, y cuenta con numerosos Estados miembros.
El problema para Washington es que la jurisdicción de la CPI no depende exclusivamente de la nacionalidad de una persona. Un ciudadano de un país que no pertenece al tribunal puede quedar bajo su jurisdicción si el supuesto crimen fue cometido en determinadas circunstancias dentro del territorio de un Estado que sí reconoce la autoridad de la corte.
Ese aspecto es fundamental para entender la oposición estadounidense. Washington no acepta que la CPI tenga autoridad sobre ciudadanos de Estados Unidos, mientras que el tribunal sostiene que su jurisdicción se determina de acuerdo con el marco jurídico establecido por el Estatuto de Roma.
Las sanciones económicas constituyen una de las herramientas más importantes de presión disponibles para Estados Unidos. El sistema financiero estadounidense tiene un peso internacional tan grande que una persona incluida en las listas de OFAC puede enfrentar dificultades para realizar operaciones económicas vinculadas con instituciones y empresas estadounidenses, incluso cuando se encuentre fuera del territorio de Estados Unidos.
La medida contra Akane aumenta, por lo tanto, la presión personal e institucional sobre la conducción de la CPI. Aunque las sanciones estadounidenses no eliminan las competencias jurídicas del tribunal ni modifican por sí mismas el Estatuto de Roma, pueden dificultar determinadas actividades y aumentar los costos políticos de sus decisiones.
Para la administración Trump, el conflicto forma parte de una política más amplia de defensa de la soberanía estadounidense y de sus aliados frente a instituciones internacionales que Washington considera que han excedido sus competencias.
Para la CPI, en cambio, el enfrentamiento plantea una cuestión institucional de mayor alcance: cómo mantener sus investigaciones y procedimientos frente a las presiones de una de las principales potencias económicas y militares del mundo, que además no pertenece al sistema jurídico del tribunal.
La situación también puede generar consecuencias diplomáticas. Si Washington consigue que otros gobiernos reduzcan su respaldo a la CPI, la institución podría enfrentar mayores dificultades para sostener determinadas investigaciones, obtener cooperación y ejecutar órdenes judiciales.
Al mismo tiempo, una campaña internacional contra el tribunal podría profundizar la división entre países que defienden una justicia penal internacional con capacidad de actuar sobre crímenes graves y aquellos que consideran que organismos como la CPI pueden terminar interfiriendo en cuestiones de soberanía nacional.
La sanción contra Akane se produce precisamente en ese contexto. No es un episodio aislado, sino una nueva etapa de una confrontación que enfrenta dos concepciones sobre los límites de la justicia internacional y la soberanía de los Estados.
La decisión estadounidense tampoco significa que la CPI vaya a detener automáticamente sus investigaciones. El tribunal continúa funcionando bajo las normas del Estatuto de Roma y sus jueces mantienen sus competencias dentro de ese marco. Sin embargo, la presión estadounidense puede complicar el entorno político y financiero en el que desarrolla sus actividades.
El caso también coloca a los países miembros de la CPI ante una situación delicada. Aquellos gobiernos que mantienen relaciones estrechas con Estados Unidos deberán equilibrar sus compromisos internacionales con el tribunal y sus vínculos políticos, económicos y estratégicos con Washington.
La sanción contra Tomoko Akane eleva así el conflicto entre Estados Unidos y la Corte Penal Internacional a un nivel institucional inédito dentro de la actual ofensiva de Washington. Trump no solo mantiene su rechazo a determinadas investigaciones de la CPI, sino que ahora dirige las sanciones contra quien ocupa la presidencia del tribunal. La disputa promete continuar en el terreno diplomático, jurídico y financiero, mientras la comunidad internacional observa hasta dónde llegará la presión estadounidense y cuál será la respuesta de los países que respaldan la existencia de una justicia penal internacional con capacidad para investigar los crímenes más graves.
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