Trabajar para contar la realidad, luchar para no desaparecer: las periodistas defienden el Estatuto

En una Plaza Colón colmada de sindicatos, organizaciones populares y trabajadoras organizadas, las periodistas volvieron a encontrarse para discutir cómo sostener un oficio cada vez más precarizado. El domingo al mediodía, en el marco del 39° Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries, se realizó la octava Asamblea de Trabajadoras de Prensa. Allí confluyeron representantes de la Federación Internacional de Periodistas (FIP) de América Latina y el Caribe, la Red de Medios Digitales, ARGRA, la Red de Medios Alternativos y la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN).

La asamblea fue un espacio para poner en palabras aquello que muchas veces queda fuera de las noticias: las condiciones materiales en las que se produce la información, las violencias que enfrentan quienes trabajan en los medios y las desigualdades que atraviesan a las mujeres y diversidades en las redacciones. Porque detrás de cada nota, cada fotografía y cada cobertura hay trabajadoras que necesitan salarios dignos, tiempo para vivir y derechos que no dependan de la voluntad de sus empleadores.

En ese escenario, la inteligencia artificial también ocupó un lugar en el debate. Frente al avance de las herramientas automatizadas, las trabajadoras reivindicaron la importancia de que los contenidos periodísticos sean producidos, verificados y editados por profesionales de la comunicación. La tecnología puede transformar las rutinas de trabajo, pero no reemplaza la responsabilidad de contrastar fuentes, contextualizar los hechos ni construir una mirada crítica sobre la realidad.

La discusión, sin embargo, no se limitó a los cambios tecnológicos. Las compañeras también señalaron los ataques del Gobierno de Javier Milei contra la prensa y, en particular, contra las mujeres periodistas, que se convirtieron en blanco de agresiones y discursos de odio.

“Este gobierno nos eligió como blanco de ataque a los trabajadores de prensa y especialmente a las mujeres. Estamos unidas, dispuestas a organizarnos para parar lo que sea”, sostuvo Mariana Mandakovic, secretaria general del Cispren.

El Estatuto, en el centro de la pelea

Uno de los ejes centrales de la asamblea fue la defensa del Estatuto del Periodista Profesional, establecido por la Ley 12.908. Sancionada en 1946 y publicada en 1947, la norma reconoce derechos específicos para quienes ejercen el periodismo profesional. Entre otras disposiciones, establece un régimen de jornada laboral, contempla garantías vinculadas con la estabilidad y fija protecciones frente a los despidos injustificados.

No se trata de una discusión abstracta ni de una defensa corporativa. En un sector atravesado por el trabajo informal, los contratos precarios y la multiplicación de empleos para completar los ingresos, el Estatuto funciona como una herramienta para disputar las condiciones en las que se ejerce la profesión. Su eliminación supone un retroceso en esas protecciones y abre un escenario de mayor vulnerabilidad para quienes viven de su trabajo periodístico.

“Nuestro objetivo es defender nuestro Estatuto no como una defensa corporativa”, afirmó Carla Gaudensi, secretaria adjunta del SiPreBA, secretaria general de FATPREN y secretaria de Géneros de la CGT. “No podemos estar un solo día sin Estatuto”, advirtió. “Nos quieren llevar a un modelo de mayor precarización, por eso defender el periodismo es defender la democracia”, agregó.

La advertencia tiene un correlato concreto en los ingresos de quienes trabajan en prensa. Según la Encuesta Integral 2026 del SiPreBA sobre la situación socioeconómica de trabajadores y trabajadoras de prensa del Área Metropolitana de Buenos Aires, el 67,8% de las personas encuestadas tuvo que recurrir a créditos, tarjetas o préstamos durante junio para afrontar necesidades básicas, pagar servicios o el alquiler. El relevamiento reunió respuestas de 1.014 personas.

El deterioro salarial también se refleja en otro dato: el 65,6% percibe, en su principal empleo periodístico, ingresos inferiores a la Canasta Básica Total, que el INDEC calculó en abril de 2026 en $1.469.768 para una familia tipo. Incluso al sumar otros trabajos e ingresos complementarios, el 40,7% continúa por debajo de la línea de pobreza.

El pluriempleo aparece como una estrategia de supervivencia antes que como una elección. El 54,4% de las personas encuestadas tiene dos o más empleos remunerados y, entre ellas, el 86,4% señaló que necesita hacerlo porque un solo salario no alcanza para cubrir los gastos mensuales.

En esas cifras se dibuja una paradoja: quienes trabajan para informar sobre la pobreza, la inflación y la pérdida del poder adquisitivo también padecen esas mismas condiciones. Como marcan las compañeras, cuando el tiempo se reparte entre varios empleos, se achican las posibilidades de participar de los sindicatos, construir organización colectiva y disputar mejores condiciones laborales.

La defensa del Estatuto, plantearon las trabajadoras, no significa que la norma vigente sea intocable. Se trata de poner en debate sus alcances y actualizar las herramientas de protección frente a las transformaciones del sector, sin que esa discusión se convierta en una excusa para eliminar derechos conquistados. La respuesta a un mundo laboral que cambia no puede ser que las trabajadoras queden todavía más desprotegidas.

La palabra circuló entre representantes de distintas provincias, que compartieron las dificultades y las particularidades de sus territorios. Romina Vega, secretaria general del Sindicato de Prensa de Neuquén, señaló una de las barreras que atraviesan a las mujeres en el ámbito gremial: “Es muy difícil para las mujeres participar de la actividad sindical por el pluriempleo y los salarios de hambre. Sin embargo, tratamos de acompañarnos y estar presentes”.

En la asamblea también se habló del teletrabajo, que después de la pandemia quedó instalado en muchas dinámicas laborales y, en ocasiones, borró todavía más los límites entre la jornada remunerada y la vida doméstica. Para las mujeres y feminidades que siguen asumiendo una porción desproporcionada de las tareas de cuidado, trabajar desde casa no siempre significa tener más autonomía: también puede implicar sumar horas de disponibilidad laboral a una jornada doméstica que nunca termina.

La precarización, además, no se expresa únicamente en los salarios. También aparece en las agresiones, las amenazas y el miedo a perder el empleo. “Como trabajadoras de prensa, desde que está este gobierno tenemos miedo. La persecución no es solo narrativa o mediática, sino que además corren peligro nuestros puestos de trabajo”, sostuvo María Elena Romero, secretaria de Derechos Humanos del Sindicato de Prensa del Chaco.

En un contexto de discursos de odio contra periodistas, las trabajadoras advirtieron que la violencia no cae sobre todas las personas de la misma manera. Las mujeres que toman la palabra, cuestionan al poder y participan de la vida pública también enfrentan ataques atravesados por el género.

“Las mujeres trabajadoras somos las que podemos dar cuenta de lo mal que lo estamos pasando; los discursos de odio caen sobre nosotras”, agregó Mariana Steckler, de la Asociación de Prensa de Santa Fe.

La dimensión federal de la discusión permitió, además, poner en común experiencias que muchas veces quedan relegadas frente a la agenda de los grandes medios porteños. Erika Rivero, de la Asociación de Periodistas de Corrientes, reivindicó la necesidad de que las propias trabajadoras de prensa ocupen un lugar en la conversación pública: “No nos tenemos que olvidar de que nuestra voz también es noticia y tiene que ser noticia siempre. Sigamos luchando por el Estatuto”.

Hacia el cierre, la asamblea dejó una certeza compartida entre quienes participaron por primera vez y quienes sostienen hace años la organización gremial: los derechos no se defienden solos. En un sector donde el endeudamiento, el pluriempleo y la inestabilidad se vuelven parte de la rutina, encontrarse también es una forma de resistir el aislamiento.

“El problema es de clase. Si necesitamos trabajar para vivir es porque somos clase trabajadora. La opresión que vivimos se refleja en la precarización de nuestro trabajo”, concluyó Micaela Polack, secretaria de Géneros del SiPreBA.