La situación de Venezuela volvió al centro de la agenda del MERCOSUR en 2026, después de que representantes de la Asamblea Nacional venezolana buscaran recuperar espacios dentro del Parlamento del MERCOSUR (PARLASUR). La iniciativa encontró resistencia de parlamentarios de Argentina, Paraguay y Uruguay, mientras desde Brasil también surgió una propuesta para avanzar en sentido contrario y promover la reintegración venezolana. El enfrentamiento dejó expuesta una discusión que va mucho más allá de la presencia de una delegación parlamentaria: qué condiciones debe cumplir Venezuela para regresar, qué papel debe desempeñar el MERCOSUR frente a la crisis venezolana y hasta dónde puede el bloque construir una posición política propia en Sudamérica.

En abril de 2026, una delegación de la Asamblea Nacional venezolana llegó a Montevideo para plantear su reincorporación al PARLASUR. La iniciativa generó una reacción inmediata dentro del Parlamento regional. El registro oficial consigna una nota de preocupación presentada el 23 de abril por parlamentarios argentinos, entre ellos Nicolás Simone, y ese mismo día ingresó la Propuesta de Declaración 15/2026, denominada “Rechazo absoluto a la inclusión de Venezuela en los órganos del Mercosur”, con firmas de legisladores de Argentina, Paraguay y Uruguay. La disputa, sin embargo, no quedó concentrada en una sola posición: el parlamentario brasileño Chico Rodrigues presentó el 5 de marzo una propuesta para impulsar la “Reintegración de la República Bolivariana de Venezuela al Mercosur”. De esta manera, el propio PARLASUR quedó convertido en uno de los escenarios donde se enfrentan dos posiciones: quienes consideran que la suspensión debe mantenerse y quienes entienden que llegó el momento de abrir un proceso para el regreso venezolano.

Venezuela permanece suspendida del MERCOSUR desde el 5 de agosto de 2017, cuando Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay aplicaron el Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático. La medida suspendió los derechos y obligaciones inherentes a la condición de Estado Parte y vinculó el levantamiento de la sanción al restablecimiento del orden democrático. Esa condición continúa formando parte de la posición oficial del bloque. En la Cumbre de Asunción del 30 de junio de 2026, los presidentes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay volvieron a reivindicar el Protocolo de Ushuaia, junto con la defensa de las instituciones democráticas, el Estado de derecho y los derechos humanos. Por eso, el eventual retorno de Venezuela no depende de una decisión individual dentro del PARLASUR: requiere una definición política de los Estados Parte y el cumplimiento de las condiciones establecidas por el mecanismo democrático del MERCOSUR.

La situación venezolana, sin embargo, no desapareció de la agenda regional durante los años de suspensión. Venezuela continúa teniendo una importancia estratégica para Sudamérica, tanto por sus recursos energéticos como por su ubicación geográfica y por las consecuencias regionales de su crisis política, económica y migratoria. Brasil y Colombia comparten fronteras con el país, mientras Argentina, Paraguay, Uruguay y otros Estados de la región han recibido población venezolana durante los últimos años. En junio de 2026, además, los gobiernos del MERCOSUR aprobaron una declaración especial de solidaridad con el pueblo venezolano después de los terremotos registrados el 24 de junio, expresando apoyo a las víctimas y a las tareas de recuperación. El episodio mostró una situación particular: el bloque mantiene suspendidos los derechos políticos de Venezuela, pero puede cooperar con el país cuando aparecen necesidades humanitarias y regionales concretas.

Ese espacio entre la suspensión política y la cooperación práctica podría convertirse en una nueva vía para el MERCOSUR. El bloque puede mantener vigente la exigencia democrática del Protocolo de Ushuaia y, al mismo tiempo, fortalecer canales regionales destinados a cuestiones que afectan directamente a sus miembros: migración, seguridad fronteriza, combate al crimen organizado, energía, comercio, asistencia humanitaria y reconstrucción. Una política de estas características permitiría mantener una posición institucional frente a la situación democrática venezolana sin convertir la suspensión en la única herramienta de relación con Caracas. También permitiría que los países del MERCOSUR recuperen capacidad de interlocución sobre una crisis que ocurre dentro de su propio espacio geográfico.

La discusión venezolana coincide, además, con un momento en que el MERCOSUR intenta ampliar su presencia internacional. El bloque avanzó durante 2026 en nuevos acuerdos comerciales, fortaleció mecanismos de seguridad y retomó su agenda de relacionamiento externo bajo la Presidencia Pro Tempore de Uruguay. En materia de seguridad, los ministros del Interior y de Seguridad trabajaron sobre el fortalecimiento del Sistema de Intercambio de Información de Seguridad del MERCOSUR (SISME). En paralelo, el Grupo de Relacionamiento Externo retomó las negociaciones y contactos con terceros países y regiones. El bloque dispone, por lo tanto, de instituciones y mecanismos suficientes para desarrollar una agenda política regional más activa; el desafío está en conseguir que Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay utilicen esas herramientas de manera coordinada.

La cuestión de Venezuela también pone en evidencia una dificultad histórica del MERCOSUR: la diferencia entre integración económica y capacidad política común. El bloque puede negociar acuerdos comerciales, establecer mecanismos aduaneros, impulsar infraestructura, coordinar políticas de seguridad y desarrollar programas educativos, pero cuando aparece una crisis política regional las posiciones nacionales suelen adquirir mayor peso que la estrategia colectiva. Estados Unidos, la Unión Europea, China y otras potencias mantienen intereses importantes en América del Sur y, particularmente, en Venezuela por sus recursos energéticos y su posición geopolítica. Una política regional propia no implicaría enfrentarse a esas potencias ni adoptar una posición favorable al Gobierno venezolano; significaría que los países sudamericanos puedan definir entre ellos una parte sustancial de la respuesta a los problemas que afectan directamente a la región.

Dentro de ese escenario, Nicolás Simone se convirtió en una de las figuras parlamentarias vinculadas al rechazo de la reincorporación venezolana al PARLASUR, mientras que la propuesta de Chico Rodrigues representa la posición opuesta dentro del mismo órgano. El debate todavía no produjo una decisión definitiva sobre el regreso de Venezuela y tampoco existe una fecha oficial para su reincorporación. El punto decisivo continúa siendo el Protocolo de Ushuaia y la evaluación política que los Estados Parte realicen sobre las condiciones necesarias para levantar la suspensión. Mientras tanto, el Parlamento regional vuelve a discutir una cuestión que permaneció prácticamente congelada durante años.

El futuro de Venezuela dentro del MERCOSUR terminará siendo también una prueba sobre qué clase de bloque pretende ser el organismo en los próximos años. Puede limitarse a preservar la suspensión y mantener una relación principalmente económica con Venezuela, puede avanzar hacia un mecanismo regional de diálogo que permita abordar la crisis sin levantar automáticamente las sanciones institucionales, o puede construir una estrategia más amplia que combine exigencias democráticas con cooperación humanitaria, seguridad, energía, migración y comercio. La última opción permitiría al MERCOSUR recuperar parte de una función que ha quedado debilitada: actuar como espacio político sudamericano y no solamente como mercado común.

El regreso de Venezuela no tiene todavía fecha, pero el debate ya regresó al MERCOSUR. Y detrás de esa discusión aparece una cuestión de mayor alcance: si los países del bloque serán capaces de construir una posición propia frente a las grandes crisis de Sudamérica o si continuarán abordándolas principalmente desde decisiones nacionales y bajo la influencia de actores externos. Venezuela puede convertirse así en uno de los primeros grandes desafíos políticos para un MERCOSUR que busca recuperar peso internacional sin abandonar sus compromisos democráticos.

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