La Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría chavista, aprobó una reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que reactiva el proceso para renovar a todos los magistrados de la máxima instancia judicial del país. La decisión forma parte de los acuerdos alcanzados entre el oficialismo y sectores de la oposición en la mesa de diálogo político promovida con acompañamiento de Estados Unidos.

El cambio central modifica la composición del Comité de Postulaciones Judiciales, organismo encargado de evaluar a los aspirantes que participarán en el proceso de selección. La instancia pasa de 21 a 23 integrantes, con 11 diputados y 12 representantes de la sociedad civil, otorgando por primera vez una mayoría numérica a los sectores civiles dentro de este mecanismo.

La reforma fue aprobada por unanimidad y establece además que el comité tendrá un período de funcionamiento de dos años. Con esta modificación, el Parlamento busca reiniciar formalmente un procedimiento que ya había comenzado meses atrás y que posteriormente quedó interrumpido durante la etapa de revisión de credenciales e impugnaciones.

El objetivo es cambiar a todos los magistrados

El acuerdo político suscrito el 12 de agosto de 2026 contempla una renovación total de los integrantes del Tribunal Supremo de Justicia. Para ello, las partes acordaron abrir un nuevo proceso de postulaciones y establecer mecanismos adicionales para examinar los antecedentes y requisitos de quienes aspiren a integrar la máxima corte.

Entre las tareas pendientes figura la creación de un Consejo Independiente de Revisión de Credenciales, destinado a verificar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales de los candidatos. La selección de los nuevos magistrados, por tanto, todavía deberá atravesar varias etapas antes de llegar a la designación definitiva.

La delegación opositora que participa en las negociaciones calificó la reforma como un avance hacia la construcción de un Tribunal Supremo más independiente y llamó a la participación de juristas y representantes de la sociedad civil en el proceso. Sin embargo, el verdadero alcance de la transformación dependerá de cómo se desarrollen las próximas fases de selección y de las garantías que rodeen el nombramiento de los nuevos magistrados.

Una reforma en medio de negociaciones políticas

La renovación del Poder Judicial se ha convertido en uno de los principales puntos de la agenda surgida de las conversaciones entre el chavismo y sectores de la oposición. El diálogo también mantiene pendientes otros temas relacionados con derechos y garantías políticas, así como cambios en otras instituciones fundamentales del Estado venezolano.

La oposición venezolana considera que una participación efectiva de la sociedad civil podría contribuir a reducir la histórica influencia política sobre la justicia. No obstante, distintos sectores advierten que la reforma del comité constituye apenas el comienzo de un proceso mucho más amplio y complejo.

La atención estará ahora centrada en la conformación del nuevo comité, la revisión de las candidaturas y la posterior elección de quienes integrarán el renovado Tribunal Supremo de Justicia. Venezuela abre así una nueva etapa en la discusión sobre su institucionalidad, con una reforma que podría tener consecuencias decisivas para el futuro político y judicial del país.

Foto: Archivo / Reuters