La Comunidad de Madrid ha suprimido cuatro aulas de Educación Primaria en dos colegios públicos de la capital cuando el curso 2026-2027 ya había comenzado. Dos pertenecen al CEIPSO Leopoldo Calvo-Sotelo, en Las Tablas, y otras dos al CEIP Nuria Espert, en Valdebebas. La reorganización ha elevado el número de alumnos por clase y ha supuesto también el desplazamiento de cuatro docentes a otros centros.
El punto delicado está en las ratios. La normativa estatal establece con carácter general un máximo de 25 alumnos por unidad en Primaria, aunque la Ley Orgánica de Educación contempla incrementos de hasta el 10% en determinados supuestos excepcionales de escolarización. La Consejería sostiene que las nuevas clases no rebasan el máximo autorizado; sindicatos y familias cuestionan, sin embargo, que en estos dos colegios concurran las circunstancias que permiten utilizar esa excepción. Es decir: la discusión no está tanto en hacer la división como en saber por qué puede aplicarse ese margen extraordinario.
Cuatro aulas menos pocos días después de empezar las clases
El periodo lectivo de Infantil y Primaria en Madrid comenzó el 7 de septiembre de 2026. La reorganización llegó prácticamente pegada al estreno del curso, cuando alumnos, profesores, horarios y grupos ya estaban distribuidos. En el Leopoldo Calvo-Sotelo, la decisión afectó a cuarto y quinto de Primaria; en el Nuria Espert, a tercero y cuarto.
En el CEIPSO Leopoldo Calvo-Sotelo estaban previstas cuatro clases tanto en cuarto como en quinto. Tras la supresión, cada nivel quedó organizado en tres grupos. La comunidad educativa sitúa la matrícula alrededor de los 79 o 80 alumnos por curso, lo que lleva las clases resultantes a aproximadamente 26 o 27 escolares. Antes de la reorganización, rondaban los 20.
No es un matiz menor. Pasar de una veintena de niños a 26 o 27 significa que el aula no cambia solo sobre el papel. Hay seis pupitres más, seis ritmos distintos, más correcciones, más dudas levantando la mano y menos minutos disponibles para cada alumno. El efecto se aprecia especialmente en grupos donde existen necesidades específicas de apoyo educativo.
El Leopoldo Calvo-Sotelo es, además, un centro preferente para alumnado con trastorno del espectro autista (TEA). Según datos trasladados por la comunidad educativa, cuarto y quinto cuentan con un número relevante de estudiantes que necesitan apoyos específicos, una circunstancia que familias y sindicatos consideran especialmente importante al decidir cuántas unidades escolares conservar.
El Nuria Espert también pasa de cuatro grupos a tres
Algo parecido ocurrió en el CEIP Nuria Espert, en Valdebebas. Tercero y cuarto tenían inicialmente cuatro grupos y han quedado reducidos a tres. Las familias fueron informadas de la reorganización cuando los niños llevaban ya varios días asistiendo a clase.
Los datos difundidos por la comunidad educativa sitúan tercero en grupos de aproximadamente 25, 25 y 26 alumnos. En cuarto, las distribuciones comunicadas son de 25, 25 y 24. La fotografía es bastante distinta de la que encontraron los escolares al llegar en septiembre: según las familias, antes de la supresión las clases rondaban los 19 alumnos.
Aquí aparece otro efecto difícil de medir con una simple tabla. Los grupos ya estaban formados. Los niños habían conocido a sus profesores y compañeros y, apenas comenzado el curso, hubo que volver a mezclar clases. En edades de ocho, nueve o diez años aquello que administrativamente parece mover nombres entre columnas se traduce en algo mucho más tangible: cambiar de tutor, separarse de amigos y recomponer rutinas cuando el curso apenas había echado a andar.
Qué dice realmente la ley sobre las ratios
La regla general es clara. El Real Decreto 132/2010 establece que los centros de Educación Primaria tendrán un máximo de 25 alumnos por unidad escolar. Para el curso 2026-2027, la Comunidad de Madrid solo ha culminado su reducción propia hasta 20 estudiantes en primero y segundo de Primaria; en los cursos superiores afectados por este caso continúa operando la referencia general de 25.
Pero existe una puerta excepcional. El artículo 87.2 de la Ley Orgánica de Educación permite elevar hasta un 10% el número máximo de alumnos para atender determinadas necesidades: incorporación tardía de estudiantes, traslados familiares durante la escolarización extraordinaria relacionados con movilidad forzosa o el inicio de una medida de acogimiento familiar. Ese incremento puede llevar una clase ordinariamente limitada a 25 estudiantes hasta el entorno de 27 alumnos.
La regulación madrileña del proceso de admisión para 2026-2027 también contempla ese margen dentro de determinadas circunstancias y competencias de las Direcciones de Área Territorial. La resolución autonómica que regula la admisión para este curso está vigente desde noviembre de 2025. La cuestión, por tanto, no es la existencia del 10% adicional, sino cuándo y para qué puede utilizarse.
El choque está en la aplicación de la excepción
La Consejería de Educación explica que detectó que el número de aulas autorizado inicialmente era superior al necesario para la matrícula finalmente existente y sostiene que no se ha rebasado la ratio máxima que puede autorizar la normativa estatal contando con el incremento extraordinario del 10%.
Los sindicatos STEM y CCOO y representantes de las familias plantean otra cuestión: no discuten que ese 10% exista, sino que pueda utilizarse simplemente para reagrupar alumnos después de eliminar clases previamente organizadas. STEM sostiene que en estos centros no se habrían producido las necesidades extraordinarias de escolarización que justifican legalmente la ampliación y ha pedido revisar las decisiones.
Conviene separar, por tanto, hechos y valoración jurídica. Las clases por encima de 25 alumnos existen en algunos de los grupos afectados y la ley permite excepcionalmente superar ese umbral hasta un 10%. Lo que permanece controvertido es si las circunstancias concretas de estos colegios permiten acogerse a esa excepción. No consta, por ahora, una resolución judicial que haya declarado ilegal la actuación de la Comunidad de Madrid.
Cuatro profesores desplazados y una organización rehecha
La reducción de unidades llevó aparejada la salida de dos docentes de cada colegio. En el Leopoldo Calvo-Sotelo, uno de los maestros recibió la comunicación cuando ya había empezado a impartir clase y tuvo que incorporarse a otro destino. En el Nuria Espert se produjo una situación equivalente con otros dos profesores.
STEM asegura que una de las docentes afectadas en el Nuria Espert recibió diferentes alternativas de destino con muy poco margen para escoger y terminó siendo reasignada tras varios cambios. El sindicato utiliza este caso para cuestionar que las supresiones se produjeran en septiembre, cuando plantillas, horarios y apoyos estaban prácticamente cerrados.
La Consejería, en cambio, considera habitual ajustar las unidades al número real de alumnos matriculados. Ahí aparece una de las grandes tensiones de la planificación escolar: mantener una clase pequeña cuando cae ligeramente la matrícula cuesta más recursos por estudiante, pero eliminarla puede convertir cuatro grupos holgados en tres aulas rozando el máximo permitido.
La aritmética es sencilla. La decisión educativa, bastante menos.
La paradoja de Madrid: bajar ratios y agrupar alumnos
El episodio resulta especialmente llamativo porque coincide con la política anunciada por la propia Comunidad de Madrid de reducir progresivamente las ratios. Para 2026-2027, el Gobierno regional ha extendido hasta segundo de Primaria el límite de 20 estudiantes por aula y asegura que la medida irá avanzando gradualmente hacia los cursos siguientes.
No existe formalmente una contradicción normativa: cuarto y quinto todavía no disfrutan de ese límite reducido de 20. Pero sí aparece un contraste evidente entre dos lógicas. Por un lado, la Administración defiende grupos más pequeños como instrumento para ofrecer una atención más personalizada; por otro, en estos colegios ha decidido retirar unidades y llevar determinados grupos hasta 26 o 27 alumnos aprovechando el margen que considera permitido por la legislación.
El asunto se vuelve aún más sensible cuando existen estudiantes con necesidades educativas específicas. El propio Real Decreto que fija las condiciones mínimas de los centros señala que aquellos que escolarizan alumnado que necesita apoyo educativo deben contar con los recursos humanos y materiales necesarios para atenderlo adecuadamente. La Consejería sostiene que ambos colegios conservan los especialistas y apoyos necesarios.
Una batalla que ya no trata solo de cuatro aulas
Familias y organizaciones sindicales han llevado sus reclamaciones ante la Dirección de Área Territorial de Madrid Capital. Su objetivo es que se revise la supresión de las unidades y, sobre todo, que se determine si el incremento de ratio utilizado para reorganizar los grupos cumple realmente los requisitos previstos en la normativa.
Para la Comunidad de Madrid, el ajuste responde a la matrícula efectiva de los centros y se mantiene dentro de los límites autorizables. Para quienes lo recurren, usar el margen excepcional del 10% para consolidar desde septiembre clases por encima de 25 alumnos desvirtúa precisamente el carácter extraordinario de esa posibilidad. Son dos interpretaciones que, de momento, conviven en las mismas aulas.
Y ahí está el corazón del conflicto. No se discute únicamente si caben 26 niños donde antes había 20. Se discute qué debe hacer la educación pública cuando baja ligeramente la matrícula: aprovechar esa circunstancia para conservar grupos pequeños o ajustar inmediatamente profesores y unidades hasta acercarse al máximo permitido. Entre una opción y otra hay presupuestos, normas y planificación administrativa. También hay algo menos abstracto: niños que empezaron septiembre en una clase y pocos días después estaban sentados en otra, con más compañeros y, en algunos casos, otro profesor.
Publicado por: Alessandro Elia
Fuente de esta noticia: https://donporque.com/madrid-cierra-cuatro-aulas-publicas-con-el-curso-iniciado/
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