Fiscalía califica el hecho como grave y justifica el pedido de 12 años de prisión

El agente fiscal Christian Benítez se pronunció tras la etapa de alegatos finales en el juicio oral al exdiputado y exsenador Hernán Rivas, afirmando que el Ministerio Público ha presentado un caso “sólido” en el que todas las porciones fácticas de la acusación quedaron plenamente comprobadas.

Durante la audiencia, la representación fiscal —integrada también por la Dra. Patricia Sánchez y Luz Guerrero— solicitó una condena de 12 años de pena privativa de libertad para Rivas, fundamentando el pedido en la alta gravedad de su conducta y el perjuicio provocado a la seguridad jurídica del país.

El agente fiscal señaló que quedó acreditado el uso de diversas instituciones del Estado para lograr jurar como miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) en representación de la Cámara de Diputados y, posteriormente, de la Cámara de Senadores, sin contar con la documentación legal exigida.

Respecto al título profesional presentado por el acusado, expedido por la Universidad Sudamericana, Benítez remarcó que el mismo se sustentó en datos falsos que no se corresponden con la realidad.

Añadió que la gravedad del hecho radica en que el procesado vulneró la institucionalidad del Poder Ejecutivo (a través del Ministerio de Educación), del Poder Legislativo (en ambas cámaras) y del Poder Judicial, al haber presidido y tomado decisiones en un órgano constitucional como el JEM bajo un título inconsistente.

Justificación del marco penal solicitado

Al ser consultado sobre el monto de la pena requerida, el fiscal explicó la aplicación técnica del concurso de hechos punibles previsto en el artículo 70 del Código Penal. En ese sentido, señaló el marco penal base para los delitos investigados contempla una expectativa máxima de 10 años de prisión.

Al registrarse múltiples infracciones, la norma permite ampliar proporcionalmente dicho marco hasta en una mitad sobre la pena máxima (5 años adicionales), elevando el límite posible a 15 años.

Explicó además que, de los 10 parámetros de medición de la pena analizados por la Fiscalía, 8 resultaron desfavorables para el acusado, lo que derivó en la solicitud concreta de 12 años de cárcel.

Por último, el representante del Ministerio Público confirmó que la fiscal Patricia Sánchez solicitó la remisión de antecedentes sobre testimonios sospechosos prestados por exdirectivos y exdocentes de la universidad, así como la actuación de una funcionaria del Ministerio de Educación por supuesta frustración de la persecución penal.

Benítez remarcó que esta medida busca sentar un precedente para que la ciudadanía comprenda que prestar juramento y declarar falsedades ante un tribunal de sentencia conlleva consecuencias legales.