El juicio a activistas de Greenpeace arranca con peticiones de cinco años de cárcel por persona

El juicio a los activistas de Greenpeace comienza el 23 de septiembre en Valencia por una protesta realizada en 2021 contra un buque gasero en Sagunto, por la que la Fiscalía pide 5 años de cárcel para cada uno de los 11 participantes.

En el marco de una campaña de desprestigio y combate a los activistas y defensores del medio ambiente que las organizaciones vienen denunciando como criminalización del derecho a la protesta desde hace ya varios años, mañana se va a celebrar juicio a activistas de Greenpeace que realizaron una acción en 2021.

La organización, que cuenta con el apoyo de varias entidades vinculadas a la defensa de los derechos humanos, dos de las cuales ya han avisado que estarán presentes en el juicio como observadores, dice que las medidas que se están tomando son abusivas, desmesuradas y represoras.

El juicio a activistas de Greenpeace: comienza mañana

Mañana, miércoles 23 de septiembre, dará comienzo el juicio a activistas de Greenpeace. Fueron 11 los que participaron en 2021 en una acción directa y pacífica contra los combustibles fósiles en Sagunto.

En concreto, la acción fue contra el gas que un buque traía procedente de Estados Unidos y ocurrió en un contexto de emergencia climática y de un mundo que trataba de volver a la normalidad tras la pandemia. 

Las 11 personas acusadas son de 8 nacionalidades diferentes (entre ellas hay 4 españoles) y se enfrentan a la mayor pena que jamás ha sido solicitada contra activistas defensores del medio ambiente en Europa. El Ministerio Fiscal pide 5 años de cárcel para cada uno y la reparación del daño causado.

Hasta el momento y sin que se haya celebrado el juicio a activistas de Greenpeace, la organización ya ha hecho frente al pago de sanciones económicas realmente abusivas y que superan los 160.000 euros.

Apoyo a la causa de Greenpeace

El caso del juicio a activistas de Greenpeace ha suscitado la preocupación de Michel Forst, que es el relator especial de las Naciones Unidas sobre los defensores medioambientales, y de la organización Amnistía Internacional. Ambos han anunciado que asistirán al juicio en calidad de observadores.

Además, Greenpeace ha recibido mensajes de apoyo y de solidaridad de las principales organizaciones de monitoreo del derecho a la protesta que funcionan en España, como Novact, Irídia, Legal Sol y de las coaliciones No Somos Delito y Defender a Quien Defiende.

Un movimiento de represión mundial

Este juicio a activistas de Greenpeace, según la ONG, se enmarca en una preocupante tendencia que se observa a nivel mundial y que busca el endurecimiento de la represión y el claro intento de silenciar el activismo y la movilización social.

En los últimos años, la respuesta policial y judicial ante la protesta en favor del clima, del derecho a la vivienda o de la solidaridad con Palestina ha derivado en la imposición de sanciones que resultan desproporcionadas, de detenciones y de acusaciones de graves delitos; incluso se le vincula al terrorismo o al crimen organizado.

El uso desproporcionado de la fuerza policial y de los tribunales (como es el caso del juicio a activistas de Greenpeace) o la aprobación de leyes restrictivas como la Ley Mordaza, así como el acoso judicial por parte de grandes corporaciones o grupos de poder (un tipo de demanda denominada SLAPP), busca desincentivar el ejercicio democrático de la desobediencia civil, sin la cual no se podría explicar una parte muy importante del avance en derechos y libertades que se ha conseguido hasta la fecha. 

“La historia demuestra que la desobediencia civil y la protesta pacífica no constituyen una amenaza a la legalidad, sino un motor indispensable para el avance de las libertades y los derechos democráticos”. Esto lo ha subrayado Eva Saldaña, que es la directora ejecutiva de Greenpeace España.

“Tratar la movilización ciudadana como un mero asunto de orden público ignora su función imprescindible en la sociedad: la protesta actúa como un mecanismo de contrapoder y un indicador de salud democrática, permitiendo canalizar la indignación, señalar situaciones injustas y participar en sus soluciones”. Ese es el caso del actual juicio a activistas de Greenpeace.

Penas desproporcionadas en un clima antidemocrático

Javier Raboso, responsable del Área de Espacio Democrático y Derecho a la Protesta de Greenpeace añade: “Ante el actual contexto global marcado por la aceleración de la crisis climática, el declive de los sistemas democráticos, el acaparamiento del poder sin precedentes y el desprecio a los derechos humanos más básicos, la desobediencia civil y otras formas de resistencia pacífica resultan herramientas imprescindibles para construir respuestas colectivas a los grandes desafíos de nuestro tiempo”.

Para el equipo jurídico que defenderá a los acusados en el juicio a activistas de Greenpeace, la desproporcionada pena que ha sido solicitada por el Ministerio Fiscal refleja la existencia de un marco de máxima represión contra la protesta actual y la futura, que ignora la premisa de que el derecho a manifestarse prevalece sobre las molestias menores que puedan causarse a la ciudadanía.

“Los hechos que se juzgan el próximo día 23 se encuadran, por lo tanto, dentro del ámbito de la protesta pacífica o de la desobediencia civil y queremos nuevamente reseñar que no se causó daño alguno ni a las personas ni a la circulación marítima”, ha declarado Inés Díez, abogada en el juicio a activistas de Greenpeace.

Acciones que están amparadas por los Derechos Humanos

El Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) exige a los Estados respetar y proteger el ejercicio de la desobediencia civil pacífica, ya sea en espacios que sean públicos o privados, abiertos o cerrados.

Este será el argumento central que la defensa del juicio a activistas de Greenpeace esgrimirá ante el tribunal. Inés Díez ha remarcado: “Nunca debieron verse sometidas a un proceso penal que lleva ya cinco años abierto por unos hechos que se encuadran dentro del derecho a la protesta. Nunca las personas que protestan de forma pacífica deben ver peligrar su libertad por protestar. “Nunca, ningún activista debería poner su vida en pausa a la espera de que un tribunal decida si son culpables cinco años después de los hechos”. 

Entre las personas acusadas en el juicio a activistas de Greenpeace se encuentra Francisco del Pozo, que ha declarado que “ser activista climático hoy en España es plantarse frente al derrotismo, es decir: ‘No. Basta ya’ de no hacer nada ante un clima que se desmorona entre incendios inapagables, DANAS arrolladoras, calor y sequía extremos. Ser activista es ser mensajero de una realidad terriblemente incómoda para los poderosos: tener un planeta habitable aún es posible, pero hay que hacer cambios y que los verdaderos culpables paren y paguen por lo que han hecho”. 

Pero el coste personal puede ser demasiado alto: ser activista también es sufrir junto a tus seres queridos durante años la ansiedad y la preocupación de ser injustamente acusados de delitos definidos de forma tendenciosa, y la amenaza siempre presente de penas de cárcel desproporcionadas. Realmente solo espero que a los activistas del mañana les valgan estos precedentes para defenderse de las tormentas judiciales por venir y que estos juicios generen sentencias favorables al activismo pacífico”, concluye del Pozo.

El diálogo social y la desobediencia civil

Con ocasión de la celebración de este juicio a activistas de Greenpeace de carácter histórico, la ONG ha querido impulsar un diálogo social más amplio sobre la criminalización del activismo y la protección del derecho a la protesta pacífica.

Para ello, junto al ECNL (European Center for Non-for-profit Law) ha organizado un evento público que promueve un diálogo entre varios relatores especiales de Naciones Unidas y representantes de las principales organizaciones de derechos civiles en España, en el que se abordó la desobediencia civil desde una perspectiva del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. El evento ha contado con la participación de Hélène Tigroudja, vicepresidenta del Comité de Derechos Humanos de la ONU.