
El fallo de la jueza Laura De Marinis que sobreseyó a un adolescente de 14 años acusado de tentativa de robo y declaró inconstitucional la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en ese caso particular sumó este martes un nuevo capítulo judicial y político. El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires presentó una apelación para revertir la decisión, mientras que el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, confirmó que promoverá un pedido de juicio político contra la magistrada.
La apelación fue presentada por los fiscales de la Unidad Fiscal Especializada en Materia Penal Juvenil, Mauro Tereszko y Paula Raffa Pirra, quienes además solicitaron el apartamiento de De Marinis de la causa. En su planteo cuestionaron de manera integral los fundamentos de la sentencia y sostuvieron que la declaración de inconstitucionalidad carece de una base jurídica suficiente.
Entre los principales argumentos, los representantes del Ministerio Público señalaron que la resolución no identifica con precisión qué norma constitucional o convencional habría sido vulnerada, cuestionaron el alcance otorgado por la jueza a observaciones del Comité de los Derechos del Niño y rechazaron la aplicación del principio de no regresividad en este caso. También advirtieron sobre una supuesta invasión de competencias legislativas y una contradicción entre los fundamentos generales de la sentencia y la solución adoptada para el expediente concreto.
Según el recurso presentado, la decisión judicial se apoya en «fundamentos aparentes» y no constituye una derivación razonada del derecho vigente, por lo que solicitaron que sea descalificada como un acto jurisdiccional válido.
La controversia se originó luego de que De Marinis resolviera sobreseer a un adolescente identificado por las iniciales M.I.A., de 14 años, imputado por una tentativa de robo en flagrancia ocurrida el pasado 10 de septiembre. El joven estaba acusado junto a otras tres personas, aunque fue el único beneficiado por el sobreseimiento.
Tras la repercusión política y mediática generada por la resolución, el Juzgado en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N° 3 difundió un comunicado para aclarar el alcance de la medida. Allí sostuvo que la declaración de inconstitucionalidad se limitó exclusivamente a ese expediente y a las circunstancias particulares del adolescente involucrado.
Desde el tribunal remarcaron además que el fallo no implica una declaración general de invalidez de la ley ni suspende su aplicación en otros casos, sino que responde a un análisis específico de la situación sometida a consideración judicial.
Pedido de jury
En paralelo, el ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia, expresó fuertes críticas contra la magistrada y anticipó que impulsará, a título personal, un pedido de jury para que el Consejo de la Magistratura porteño evalúe su actuación.
El funcionario manifestó su «indignación» por la resolución y consideró que este tipo de decisiones judiciales afectan el trabajo realizado en el Congreso Nacional para aprobar la baja de la edad de imputabilidad contemplada en el nuevo régimen. En esa línea, sostuvo que el fallo desconoce el debate legislativo que precedió a la sanción de la norma.
Tapia también enfatizó que la ley continúa plenamente vigente en la Ciudad de Buenos Aires, ya que se trata de una resolución de primera instancia con efectos limitados al caso concreto. Por ese motivo, destacó que la decisión de De Marinis no modifica la aplicación general del Régimen Penal Juvenil ni suspende sus alcances para el resto de los procesos.
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