Revocan arresto domiciliario y ordenan prisión preventiva para abogada procesada por la mafia de los pagarés

El Tribunal de Sentencia N.º 2 de la Circunscripción Judicial de Presidente Hayes revocó el arresto domiciliario de la abogada Zully Concepción Ortiz García (47) y ordenó su prisión preventiva en el Complejo Penitenciario para Mujeres Privadas de Libertad (COMPLE) de Emboscada. La decisión se tomó tras constatar que la procesada no cumplió las condiciones impuestas para acceder a la medida menos gravosa y que registra otros procesos penales con órdenes de prisión preventiva vigentes.

La decisión consta en el Auto Interlocutorio N.º 13, dictado el 25 de septiembre de 2026 y firmado por el presidente del tribunal, Gregorio Paciello Cantero, y los miembros José Eugenio Jacquet y Antonia Corina Sanabria Galeano.

La resolución fue dictada dentro de la causa caratulada “Mirtha Elizabeth Metel y otros s/ Asociación Criminal y otros”, iniciada a partir de una querella adhesiva en representación de la víctima Ángela Mabel Zárate.

El pedido de revocatoria fue presentado el 24 de septiembre por la abogada querellante Noelia Núñez, quien denunció el presunto incumplimiento de las reglas de conducta impuestas a Ortiz García.

Uno de los principales elementos considerados por el tribunal fue la constatación realizada el 14 de septiembre de 2026 en el domicilio fijado para cumplir el arresto domiciliario, ubicado sobre 23 Proyectadas N.º 1589 esquina Morelos, del barrio Roberto L. Petit de Asunción. Un ujier notificador se constituyó en el lugar durante una diligencia vinculada a otro proceso y recibió la manifestación de una persona que señaló que la abogada no residía allí y que el inmueble se encontraba desocupado.

El tribunal también tuvo en cuenta que la defensa no presentó dentro del plazo establecido las condiciones de dominio requeridas como fianza. El plazo de 15 días había vencido el 4 de septiembre sin que se solicitara una prórroga.

A esto se sumó la existencia de una orden de prisión preventiva vigente en otra causa penal. Según los antecedentes considerados por el tribunal, Ortiz García figura procesada en una investigación relacionada con Roberto Ferreira por los supuestos hechos de prevaricato, producción de documentos y otros delitos, bajo investigación del fiscal Irán Suárez y con intervención del Juzgado Penal de Garantías.

La querella cuestionó además que estos antecedentes no hayan sido considerados al momento de concederse inicialmente el arresto domiciliario. Núñez sostuvo que se produjo una “omisión deliberada” de información relevante y solicitó una copia fiel del acta de la audiencia para remitir los antecedentes a la Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia.

La representante de la querella recordó que las disposiciones administrativas vigentes exigen la verificación de los antecedentes penales de los procesados antes de conceder medidas sustitutivas o menos gravosas que la prisión preventiva.

En paralelo, la defensa de Ortiz García había promovido una audiencia de revisión de medidas ante el Juzgado Penal de Garantías, interinamente a cargo de la jueza Paola Duarte. Sin embargo, luego de que la magistrada fuera informada sobre la existencia de otros procesos y restricciones vigentes contra la procesada, la defensa desistió de la audiencia.

Con la nueva resolución, Ortiz García deberá cumplir prisión preventiva en el penal de Emboscada mientras continúan los procesos penales en los que se encuentra sometida a investigación.