Designaciones terroristas amplían presión sobre las redes criminales en Ecuador

Ecuador y los Estados Unidos siguen ampliando las herramientas para enfrentar a las organizaciones criminales transnacionales y las redes que sostienen sus operaciones dentro y fuera del país.

A medida que las autoridades intensifican las acciones contra estas organizaciones, nuevas designaciones terroristas refuerzan las herramientas jurídicas y financieras disponibles para perseguir sus recursos y redes de apoyo. Entre ellas figuran las designaciones de los Chone Killers y los Tiguerones como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO) por parte de los Estados Unidos en julio y septiembre, respectivamente.

La creciente presión quedó de manifiesto apenas un día después de la designación de Los Tiguerones, el 9 de septiembre. El 10 de septiembre, la Policía Nacional de Colombia, en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia de Ecuador, capturó en Soacha, Colombia, a Guido Fernando Rodríguez Vargas, alias Comandante 7. Las autoridades colombianas lo identificaron como un objetivo de alto valor para Ecuador y uno de los principales enlaces transnacionales de Los Tiguerones entre ambos países.

Según las autoridades, Rodríguez ayudaba a administrar recursos ilícitos utilizados para sostener las capacidades logísticas y de armamento de la organización en Esmeraldas, Ecuador, y Nariño, Colombia, y estaba vinculado a una red de lavado de activos provenientes del narcotráfico y la extorsión. Era requerido por la justicia ecuatoriana y tenía una notificación roja de INTERPOL por homicidio y delincuencia organizada.

Las dos designaciones se dirigen a organizaciones distintas, pero reflejan el mismo esfuerzo por aumentar la presión sobre las redes criminales ecuatorianas.

Los Chone Killers surgieron como una facción de Los Choneros y se separaron de esa estructura en 2020. El Departamento de Estado de los EE. UU. señala que el grupo ha cometido ataques y asesinatos de alto perfil contra civiles, agentes del orden y funcionarios públicos.

Tras la muerte de uno de sus líderes en Colombia a finales de 2024, cinco facciones que antes integraban la estructura comenzaron a disputarse territorios y economías ilícitas, reportó Reuters. En febrero de 2026, las autoridades identificaron nuevas subdivisiones del grupo, algunas de las cuales comenzaron a operar bajo otros nombres, según el diario ecuatoriano Primicias.

La fragmentación dificulta los esfuerzos para desarticular estas estructuras, ya que grupos más pequeños pueden mantener actividades criminales, establecer nuevas alianzas o prestar servicios a organizaciones de mayor tamaño. En Ecuador, estas redes participan en actividades como narcotráfico, extorsión, sicariato y tráfico de armas.

El narcotráfico internacional constituye uno de los principales negocios de los Chone Killers y los Tiguerones. Marco Rubio, secretario de Estado de los EE. UU., escribió en X que “las bandas ecuatorianas ayudan a los cárteles mexicanos a transportar y exportar drogas ilícitas para financiar el terrorismo y la actividad criminal”.

Peso jurídico detrás de la etiqueta

Las designaciones FTO se realizaron bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad y estuvieron acompañadas por la inclusión de los grupos como Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT). La categoría FTO produce consecuencias jurídicas específicas: la legislación estadounidense prohíbe proporcionar apoyo material o recursos a las organizaciones en esa lista y establece restricciones migratorias para determinados integrantes y representantes, señala el Departamento de Estado.

Las designaciones como SDGT activan además sanciones financieras administrativas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, que pueden bloquear bienes e intereses en bienes sujetos a jurisdicción estadounidense y restringir determinadas transacciones con personas y entidades designadas.

“Esto, de acuerdo con el contexto jurídico estadounidense, le da al gobierno federal los recursos jurídicos, presupuestales y económicos para actuar frente a estas organizaciones”, explicó a Diálogo el académico Javier Oliva Posadas, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. El especialista consideró que la medida también facilita al Gobierno ecuatoriano mayores respaldos de las agencias de inteligencia y seguridad estadounidenses.

Secar el financiamiento y capturar a los facilitadores

Las sanciones financieras apuntan directamente a los recursos que permiten sostener las operaciones. Oliva Posadas indicó que “al secarse las fuentes de financiamiento se reduce la capacidad de mantener determinadas actividades terroristas”. Las restricciones al lavado de activos y el congelamiento de cuentas funcionan como herramientas eficaces contra el terrorismo, agregó.

Las autoridades estadounidenses han aplicado estas herramientas contra las redes de apoyo de otras organizaciones criminales ecuatorianas designadas. El 20 de agosto, OFAC sancionó a 15 personas y entidades con sede en Ecuador e identificó 10 embarcaciones como propiedad bloqueada por su participación en una red de narcotráfico vinculada a Los Choneros y Los Lobos. Según el Tesoro, integrantes de la red coordinaban el transporte de cocaína, operaban embarcaciones y apoyaban el reabastecimiento de naves utilizadas para trasladar cargamentos hacia México.

La medida muestra cómo las autoridades pueden dirigir la presión no solo contra los dirigentes de una organización, sino también contra las personas, empresas y recursos que sostienen sus operaciones.

Un caso reciente relacionado directamente con los Chone Killers ilustra el peso de esas funciones de abastecimiento. El 9 de agosto, el Bloque de Seguridad —integrado por policías, militares y el Centro Nacional de Inteligencia— capturó en Santa Clara de Daule, provincia de Guayas, a alias Samir, señalado por el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, como el mayor abastecedor de armas y explosivos de los Chone Killers, reportó el diario ecuatoriano El Universo.

Oliva Posadas explicó que quienes ocupan esas posiciones conocen el funcionamiento interno de la organización y pueden facilitar la sustitución de un cabecilla asesinado o capturado. “Esto es importante tomarlo en consideración, porque es un esquema que se recicla constantemente en Ecuador”, advirtió.

La presión se extiende más allá de Ecuador

Las designaciones se suman a una cooperación de seguridad cada vez más estrecha entre Ecuador y los Estados Unidos, que incluye intercambio de información, equipamiento, capacitación y apoyo a las acciones contra el crimen organizado transnacional.

Esa cooperación también se traduce en operaciones contra las capacidades que sostienen a otras organizaciones criminales designadas. El 26 de agosto, la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía y con cooperación de la Administración de Control de Drogas de los EE. UU. (DEA) y el Comando Sur de los EE. UU. (SOUTHCOM), ejecutó las operaciones Factoría y Jericó contra estructuras vinculadas a Los Choneros y Los Lobos. Los operativos incluyeron 36 allanamientos, dejaron 43 personas aprehendidas y permitieron decomisar aproximadamente 2,5 toneladas de drogas.

Esas operaciones muestran cómo la cooperación entre instituciones ecuatorianas y estadounidenses pueden utilizarse para afectar las capacidades financieras, logísticas y operativas de organizaciones criminales que actúan a través de distintas estructuras.

La respuesta contra los Chone Killers también se extendió a Argentina. En agosto, el Gobierno argentino declaró a la organización como terrorista y dispuso su incorporación al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), al considerar que representa una amenaza externa real para la seguridad nacional. La medida busca fortalecer los mecanismos de prevención, detección y respuesta frente al terrorismo y su financiamiento, así como dificultar la expansión de organizaciones criminales extranjeras en ese país.

Oliva Posadas subrayó que la legislación estadounidense contra el terrorismo aporta mayores recursos para actuar contra estas organizaciones y que la adopción de medidas por otros países amplía el margen de actuación frente a redes que operan a través de fronteras.

“La lucha contra el crimen organizado ha entrado en una nueva etapa: ya no habrá fronteras que protejan a los terroristas ni refugios para quienes amenazan la paz de nuestros pueblos”, afirmó el ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg. “La cooperación internacional es nuestra mayor fortaleza. La impunidad se acabó”.

Las designaciones y sanciones amplían el alcance de las acciones contra las organizaciones criminales hacia el dinero, las armas, la logística y los facilitadores que sostienen sus operaciones. La captura de Comandante 7 ilustra la dimensión transnacional de ese esfuerzo, mientras que las acciones contra facilitadores de los Chone Killers muestran cómo las autoridades pueden atacar las redes de apoyo incluso cuando las estructuras criminales se reorganizan, forjan nuevas alianzas o comienzan a operar bajo otros nombres.

El intercambio de inteligencia e información entre países amplía ese alcance al permitir identificar conexiones financieras, logísticas y criminales que atraviesan jurisdicciones. Junto con las investigaciones y operaciones en Ecuador, estas herramientas permiten dirigir las acciones contra los distintos componentes que sostienen a las organizaciones criminales más allá de sus estructuras visibles.