Gremios valoran Plan Chile Despega, pero se prevé efecto acotado y gradual en desempleo

Representantes empresariales valoraron las medidas incluidas en el Plan Chile Despega anunciado por el Gobierno, aunque pusieron el énfasis en la rapidez de su implementación y en garantizar que los recursos lleguen efectivamente a las pequeñas y medianas empresas. Entre especialistas laborales, en tanto, surgieron distintas estimaciones sobre el impacto que la creación de más de 100 mil puestos de trabajo podría tener sobre la tasa de desempleo.

La presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, consideró que las medidas avanzan en la dirección correcta y destacó la incorporación de mecanismos de seguimiento territorial para acelerar la transformación de los recursos en inversión y puestos de trabajo.

Jiménez sostuvo, sin embargo, que la meta gubernamental de superar los 100 mil empleos debe analizarse considerando que cerca de un millón de personas se encuentran buscando trabajo. En ese escenario, planteó que el país debería aspirar a una creación de puestos laborales incluso mayor a la propuesta por el Ejecutivo.

El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, destacó la asignación de recursos fiscales destinados a enfrentar el deterioro del mercado laboral y estimular tanto las contrataciones como la inversión. El dirigente advirtió que la efectividad de las medidas dependerá en buena parte de la velocidad con que sean implementadas.

Walker agregó que las acciones de emergencia deberían complementarse con avances en permisos y proyectos de inversión, junto con condiciones que entreguen mayor certeza a las empresas. También llamó a alcanzar acuerdos políticos para aquellas iniciativas que necesiten aprobación del Congreso.

Desde la Cámara Nacional de Comercio (CNC), su presidente, José Pakomio, valoró especialmente el fortalecimiento de los subsidios a la contratación y la capitalización del Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (Fogape). A su juicio, ambos instrumentos pueden contribuir a que empresas del comercio, los servicios y el turismo mantengan sus dotaciones e incorporen trabajadores.

Pakomio planteó que estas medidas deberían formar parte de una agenda laboral más amplia, que incorpore mecanismos de adaptabilidad y mayor certeza para las contrataciones. Entre otras alternativas, mencionó la discusión sobre contratos por hora y modalidades capaces de responder a sectores cuya demanda cambia según períodos o temporadas.

El dirigente de la CNC también pidió reducir la incertidumbre que enfrentan las pequeñas y medianas empresas en materia laboral. En ese ámbito, sostuvo que la Dirección del Trabajo podría reforzar sus funciones de orientación y acompañamiento, con el objetivo de facilitar el cumplimiento normativo y hacer más predecible la contratación formal.

Las condiciones de acceso al financiamiento constituyen otra de las preocupaciones empresariales. El presidente de la Multigremial Nacional, Juan Pablo Swett, valoró la decisión del Ejecutivo de capitalizar el Fogape con hasta $300 mil millones, pero advirtió que el resultado dependerá de que las pequeñas empresas puedan acceder efectivamente a esos recursos.

Swett sostuvo que deben evitarse requisitos o barreras que terminen excluyendo a compañías que necesitan capital de trabajo. Aunque calificó positivamente la meta de generar más de 100 mil puestos laborales, afirmó que la agenda gubernamental requiere un foco más definido en las pymes.

El dirigente propuso avanzar hacia un estatuto específico para las empresas de menor tamaño que integre materias como financiamiento, pago oportuno, simplificación de trámites y condiciones de contratación. A su juicio, las políticas dirigidas a las pymes deberían abordarse de manera coordinada y no mediante instrumentos dispersos.

Entre los especialistas, el debate se concentró en cuánto podrían modificar estas medidas las actuales cifras de desempleo. Benjamín Villena, académico del Instituto de Políticas Económicas de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello, consideró plausible la creación de 100 mil empleos desde el punto de vista de los recursos comprometidos, aunque advirtió que una parte de las contrataciones subsidiadas estaría asociada a presupuesto ya vigente.

Villena señaló que el cumplimiento de la meta dependerá de una ejecución sin retrasos y de que los subsidios generen empleos adicionales, en lugar de financiar contrataciones que las empresas habrían realizado de todas maneras.

Según su estimación, incluso si se alcanzaran los 100 mil puestos anunciados, la tasa de desempleo podría disminuir alrededor de 0,3 puntos porcentuales. Esto se explica porque no todas las personas contratadas provendrían necesariamente del grupo de desempleados: una parte podría incorporarse desde la informalidad o desde la inactividad laboral.

El académico agregó que una proporción relevante del gasto contemplado se ejecutaría durante 2027, por lo que sus efectos tampoco serían inmediatos. Para conseguir una reducción más persistente de la desocupación, Villena apuntó principalmente a un mayor crecimiento económico y a la materialización de proyectos de inversión, junto con políticas de adaptabilidad laboral, apoyo al empleo femenino, menor burocracia y contención de los costos laborales.

El académico de posgrado de la Universidad Autónoma de Chile Guillermo Riquelme coincidió en que los plazos serán determinantes. A su juicio, generar 100 mil puestos podría ser una meta alcanzable en un horizonte más extenso, pero resulta menos probable conseguirla durante el segundo semestre de 2026 o incluso durante la primera mitad de 2027.

Riquelme estimó que los resultados de las medidas podrían adquirir mayor fuerza hacia el segundo semestre de 2027 y comienzos de 2028. Asimismo, calculó que la creación de 100 mil puestos de trabajo podría traducirse efectivamente en una reducción del desempleo cercana a medio punto porcentual, debido, entre otros factores, a los cambios que pueden producirse en la participación laboral.

El especialista señaló además que los subsidios pueden acelerar las contrataciones y favorecer particularmente el empleo femenino, aunque estimó que difícilmente serán suficientes por sí solos para alcanzar la meta oficial. Las obras viales y los proyectos habitacionales también podrían aportar nuevos puestos, pero sus efectos laborales requieren un período previo de preparación y ejecución.

Las evaluaciones conocidas tras el anuncio coinciden así en la importancia de la implementación. Mientras los gremios empresariales concentran sus demandas en la rapidez, el acceso de las pymes al financiamiento y mejores condiciones para contratar, los especialistas advierten que el efecto final sobre el desempleo dependerá no solo de los recursos comprometidos, sino también del crecimiento económico, la inversión, los plazos de ejecución y la capacidad de las medidas para generar puestos de trabajo adicionales. (NP-ChatGPT-Emol)