Presupuesto 2026: Oposición exige mantener recursos para seguridad y programas sociales

Los partidos de oposición anticiparon una intensa discusión por el proyecto de Ley de Presupuestos 2027, que el Gobierno presentará este miércoles ante el Congreso, y advirtieron que buscarán impedir reducciones de recursos destinados a seguridad, programas sociales, empleo y descentralización.

Las colectividades opositoras preparan una nueva reunión en el Congreso Nacional, en Valparaíso, donde esperan analizar los detalles de la propuesta del Ejecutivo y coordinar una posición común frente a su tramitación. Dirigentes del sector han definido el debate presupuestario como uno de los principales enfrentamientos legislativos del segundo semestre de 2026, debido a que determinará buena parte del gasto público durante el próximo año.

El presidente de la Democracia Cristiana, Álvaro Ortiz, señaló que una de las prioridades debe ser el empleo, considerando la situación del mercado laboral. A su juicio, el Presupuesto 2027 debe incorporar medidas orientadas a enfrentar las dificultades existentes en esa materia.

El presidente del PPD, Raúl Soto, afirmó que las fuerzas opositoras buscarán actuar coordinadamente durante la discusión y calificó la tramitación presupuestaria como “la madre de las batallas” de la agenda legislativa del segundo semestre. Entre sus prioridades mencionó evitar retrocesos en programas y derechos sociales dirigidos a sectores vulnerables y de clase media.

Soto cuestionó además la posibilidad de aplicar una política presupuestaria que considere excesivamente restrictiva en un escenario de bajo crecimiento y elevado desempleo. La definición concreta sobre el proyecto, sin embargo, dependerá de los montos y partidas que presente el Ejecutivo.

La presidenta del Frente Amplio, Gael Yeomans, también situó el empleo entre las principales preocupaciones y emplazó al Presidente José Antonio Kast a explicar cuál será el impacto del Presupuesto en la generación de puestos de trabajo. Según sostuvo, esa constituye actualmente una de las principales incertidumbres para las familias.

Desde el Partido Socialista, su presidenta, Paulina Vodanovic, adelantó que exigirán que no existan reducciones en programas sociales ni retrocesos en materia de descentralización. También pidió garantizar recursos para los gobiernos regionales y mantener los programas relacionados con seguridad, incluida la prevención del delito.

La seguridad adquirió especial relevancia en las declaraciones opositoras después de la muerte del cabo segundo de Carabineros Cristopher Aguilera durante un operativo policial en Lo Espejo. A través de una declaración conjunta, las colectividades expresaron sus condolencias a la institución y a la familia del funcionario y comprometieron respaldo presupuestario a las políticas destinadas a combatir la delincuencia.

Los partidos señalaron que exigirán al Ejecutivo evitar disminuciones en los recursos destinados a seguridad y mantener los programas de prevención del delito. Al mismo tiempo, rechazaron que el crimen del funcionario policial sea utilizado, según plantearon, para atribuir responsabilidades políticas a la oposición.

Las colectividades llamaron además al Gobierno a establecer mecanismos de trabajo conjunto en materia de seguridad y sostuvieron que la gravedad de los hechos requiere coordinación entre las distintas fuerzas políticas.

La discusión presupuestaria también estará marcada por las movilizaciones anunciadas por organizaciones estudiantiles, trabajadores y otros gremios. El presidente de la DC defendió el derecho a manifestarse, siempre que las protestas se desarrollen pacíficamente, y relacionó las convocatorias con las inquietudes generadas por eventuales ajustes presupuestarios.

La secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, sostuvo por su parte que las movilizaciones responden a demandas de trabajadores y organizaciones sociales. La dirigente vinculó las protestas con reducciones de recursos que, según afirmó, se han registrado en áreas como salud y educación.

Con la presentación del proyecto comenzará una de las negociaciones legislativas más relevantes del año. El debate estará concentrado no solo en el tamaño global del gasto público, sino también en su distribución entre seguridad, empleo, políticas sociales, salud, educación y gobiernos regionales.

Las posiciones definitivas de las distintas bancadas dependerán ahora del contenido del proyecto que ingrese al Congreso. Hasta entonces, los cuestionamientos opositores se concentran principalmente en exigir que un eventual ajuste fiscal no implique reducciones en las partidas que consideran prioritarias. (NP-ChatGPT-Emol)