
Carlos Miguel Viveros Cabral denunció penalmente al fiscal Federico José María Leguizamón Noguera por supuestas irregularidades en el ejercicio de sus funciones y solicitó investigar transferencias de dinero que habría recibido de la abogada Sarita Rojas Vera, vinculada a una de las partes querellantes en causas tramitadas por el agente fiscal.
La denuncia, patrocinada por el abogado Juan José Bernis Allegretti, ingresó el 29 de septiembre de 2026 al Gabinete Fiscal de la Fiscalía General del Estado. El escrito solicita al fiscal general Emiliano Rolón Fernández abrir una investigación preliminar para determinar el origen y motivo de las operaciones financieras y establecer si tuvieron alguna relación con actuaciones fiscales.
Entre las documentaciones presentadas figura un comprobante del Banco Itaú correspondiente a una transferencia de G. 7.000.000, realizada el 13 de noviembre de 2025 desde una cuenta a nombre de Sarita Rojas Vera hacia una cuenta perteneciente al fiscal Federico Leguizamón Noguera.
La denuncia también menciona una segunda operación económica entre ambas personas por aproximadamente G. 25 millones, cuya documentación, según el escrito, se encuentra en proceso de verificación bancaria. El denunciante pide reconstruir el historial financiero entre ambos y determinar si existieron otros movimientos durante el periodo 2022–2026.
Uno de los puntos planteados es que, al responder anteriormente a una recusación, Leguizamón había manifestado por escrito que no conocía personalmente a ninguna de las partes. La denuncia sostiene que esta afirmación debe ser contrastada con la existencia de la transferencia y con antecedentes que ubican al fiscal y a la abogada Rojas como estudiantes de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción durante un periodo coincidente.
El denunciante solicita establecer, además, en qué causas penales coincidieron ambos profesionales, cuál fue la intervención de Rojas y qué decisiones o actuaciones adoptó Leguizamón en esos procesos. La presentación sostiene que se debe determinar si los movimientos económicos tuvieron alguna relación con las causas investigadas.
Como antecedente, la denuncia menciona la causa N.° 427/2022, “Carlos Miguel Viveros Cabral s/ Estafa”, en la que Leguizamón había solicitado una condena de ocho años de prisión, mientras que el tribunal finalmente impuso dos años con suspensión a prueba de la ejecución.
También se cita la Resolución F.A.A. II N.° 354/2026, del 14 de agosto de 2026, mediante la cual la Fiscal Adjunta del Área II, Lourdes Samaniego González, admitió una recusación contra Leguizamón en la causa N.° 1252/2021 y dispuso su apartamiento.
Según la resolución mencionada, el apartamiento estuvo relacionado con declaraciones realizadas por Leguizamón a medios de comunicación, en las que habría emitido opiniones categóricas sobre la culpabilidad de un procesado antes de una sentencia firme. La causa fue posteriormente reasignada al fiscal Juan Marcelo García de Zúñiga.
Ante estos antecedentes, Viveros Cabral pidió al fiscal general disponer una investigación a cargo de un agente independiente y librar oficios al Banco Itaú, la Superintendencia de Bancos y la Universidad Nacional de Asunción, además de revisar las causas en las que Leguizamón y Rojas hayan intervenido conjuntamente.
https://observador.com.py/piden-a-fge-investigar-transferencia-de-dinero-de-abogada-a-fiscal/
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