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Mientras los productores preparan la tierra, riegan, compran fertilizantes, pagan jornales y ponen en marcha el trasplante, dos herramientas construidas precisamente para sostener la producción vuelven a quedar condicionadas por tiempos administrativos: recursos del Fondo Especial del Tabaco y fondos destinados a la lucha antigranizo. La ley establece que una parte de los recursos del FET debe transferirse mensualmente y de manera automática a las provincias productoras, con un plazo máximo de cinco días hábiles desde su acreditación en la cuenta especial. En esta etapa, un día perdido en una oficina puede convertirse en hectáreas atrasadas en el campo. Y esta semana aparece además otra discusión decisiva: el Convenio de Corresponsabilidad Gremial, donde productores y Cámara deberán encontrar un número de jornales que proteja al trabajador sin quebrar a quien produce.
La primera cuestión necesita ser explicada sin vueltas. El FET no es una dádiva del Gobierno. Es un fondo creado por la Ley 19.800, de afectación específica para la actividad tabacalera, y la Ley 25.465 dispone que determinados recursos sean transferidos automáticamente a las provincias productoras. El propio Gobierno jujeño anunció el 2 de octubre una segunda etapa del Programa de Plantación por $100.000 por hectárea, sujeta precisamente a los recursos transferidos. Pero el problema del productor es temporal: el trasplante no espera. En estos días hay que preparar suelo, comprar insumos, asegurar riego, organizar personal y proyectar la cosecha. Por eso, cualquier demora que exceda los mecanismos previstos por la ley debe ser explicada con precisión: dónde está el dinero, cuándo ingresó, qué trámite falta y cuándo llega efectivamente al productor.
El segundo frente es todavía más sensible porque depende del cielo. El Gobierno provincial había informado a fines de agosto que había solicitado a Nación los recursos para iniciar la lucha antigranizo, ante la posibilidad de eventos tempranos durante la campaña. No se trata de un gasto accesorio. El sistema protege tabaco, horticultura y otras producciones de los Valles, y la experiencia histórica demuestra el tamaño económico del riesgo. Carlos Barni, gerente de Latitud Sur, informó este año que la campaña 2025/26 tuvo la menor siniestralidad por granizo en más de cuatro décadas de registros y señaló una reducción del 50% de la siniestralidad en Jujuy. También advirtió que la continuidad del sistema depende de que los recursos se liberen en tiempo oportuno. Retener o demorar esa herramienta cuando comienza la temporada de tormentas significa aumentar innecesariamente la exposición de cientos de productores. El lunes el sector necesita fechas y respuestas, no expedientes viajando de escritorio en escritorio.

La situación de Salta sirve para comprender por qué el tiempo productivo tiene una lógica diferente al administrativo. El productor salteño Darío Piumati describió una campaña en la que algunas zonas adelantaron el trasplante alrededor de dos semanas, mientras sectores como Rosario de Lerma, El Carril, El Galpón, La Viña y Guachipas deben coordinar la plantación con disponibilidad de agua y centros de curado. También relató tormentas recientes con lluvias intensas y granizo localizado, que dañaron principalmente almácigos, aunque sin una afectación extensa de las plantaciones. Su descripción muestra el verdadero calendario de un productor: turnos de riego, almácigos, fertilizantes, combustible, trasplante y disponibilidad de estufas. No hay lugar para improvisaciones financieras cuando cada decisión condiciona la siguiente etapa.
En ese contexto llegará esta semana la discusión por el Convenio de Corresponsabilidad Gremial, que desde 2012 vincula formalmente a la Cámara del Tabaco de Jujuy y UATRE para garantizar aportes y seguridad social de los trabajadores rurales. Allí deberá prevalecer la razonabilidad. Hay productores que plantean números cercanos a 70 jornales por hectárea, mientras otros pretenden referencias mucho mayores, incluso alrededor de 140. La literatura técnica histórica muestra que el tabaco es extraordinariamente intensivo en mano de obra y que, dependiendo del sistema productivo, se han estimado necesidades entre aproximadamente 70 y 130 jornales por hectárea. Pero convertir automáticamente el máximo teórico en una obligación uniforme puede desconocer diferencias de mecanización, superficie, tecnología, productividad y organización laboral. Hoy incluso la tarifa sustitutiva oficial utiliza una relación de 20,87 kilos por jornal para el tabaco Virginia jujeño. La solución debe proteger derechos laborales sin destruir el punto de equilibrio económico de las explotaciones.
Ahí adquiere importancia una Cámara del Tabaco abierta, democrática y capaz de representar la heterogeneidad de sus socios. Jujuy tiene productores pequeños, medianos y grandes, distintos niveles de mecanización y realidades financieras muy diferentes. No sirve que una posición se imponga sobre las demás por volumen político, ni que las diferencias internas terminen debilitando instituciones que durante décadas construyeron el FET, la Cooperativa, la lucha antigranizo, los seguros, la asistencia técnica y el Convenio de Corresponsabilidad. La propia Cámara viene sosteniendo públicamente que la prioridad es defender los recursos del FET, bajar costos y encontrar condiciones que permitan mantener la rentabilidad y el empleo.
La asamblea de esta semana debería, por eso, ser menos una batalla de sectores y más una mesa de productores. Ni 70 jornales porque sí, ni 140 porque sí: números, costos reales, productividad, derechos laborales y sustentabilidad económica sobre la mesa. Y frente al Estado, una posición igualmente clara: los fondos específicos deben cumplir el destino y los tiempos para los que fueron creados. El productor ya enfrenta sequía, tormentas, granizo, precios internacionales, energía, fertilizantes y riesgo comercial. No debería enfrentar además incertidumbre provocada por la burocracia. Porque cuando el tabaco está en el campo, una tormenta de escritorio puede terminar siendo más dañina que el propio granizo.
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