Jujuy produce energía en Cauchari, pero las familias igual pagan más: la Legislatura debe explicar para qué sirvió el gigante solar

Desde octubre, la tarifa eléctrica jujeña puede subir entre 20% y 25% aun cuando el usuario consuma exactamente lo mismo, según confirmó el presidente de la SUSEPU, Javier Gronda. El Gobierno provincial atribuye buena parte del impacto a la reducción de subsidios nacionales, y Alberto Siufi ya había advertido que “la luz está siendo un problema para el comercio, para las personas físicas y para las familias”. Pero esa explicación no responde la pregunta que cada vez pesa más: ¿qué beneficio tarifario concreto recibe el jujeño de Cauchari, una planta de 300 MW construida con deuda pública y promocionada durante años como una pieza estratégica de autonomía energética?

La respuesta requiere separar propaganda de arquitectura del sistema. Cauchari no fue diseñada para abastecer directamente a los hogares jujeños: desde 2020 inyecta su producción al Sistema Argentino de Interconexión y vende energía a CAMMESA mediante un contrato de 20 años. El contrato original fue celebrado a US$60 por MWh y el proyecto se financió con autorización provincial de endeudamiento por hasta US$450 millones. Es decir, Jujuy produce electricidad, la comercializa en el mercado mayorista y luego sus consumidores compran energía dentro del mismo esquema nacional como el resto de las distribuidoras. Esa explicación técnica puede ser correcta, pero políticamente deja intacta una pregunta incómoda: si durante años se prometió que Cauchari transformaría la matriz económica provincial y generaría hasta US$1.200 millones en facturación durante dos décadas, ¿por qué el ciudadano sigue sin ver esa ventaja en su factura?

El Gobierno tiene razón en señalar que Nación redujo subsidios y modificó los topes de consumo subsidiado. Pero no alcanza con lavarse las manos mirando a Buenos Aires. La factura jujeña también incorpora distribución local, impuestos y otros conceptos. El propio Siufi reconoció que desde diciembre de 2023 el componente local había aumentado 362,74%, mientras que el nacional lo había hecho 978,40%; además afirmó que la Provincia sostiene una tarifa social para más de 68.000 familias. En paralelo, Cristina Guzmán denunció que tasas, impuestos y otros cargos llegan a representar alrededor del 47% de determinadas boletas y reclamó revisar contratos vinculados con la energía. También cuestionó un acuerdo entre JEMSE y EJESA que, según su investigación, implicaría adquirir energía a valores superiores a los del mercado mayorista; se trata de una denuncia política que requiere auditoría y documentación pública para ser confirmada.

Ahí aparece el gran silencio: la Legislatura debería estar exigiendo una radiografía completa de Cauchari y del sistema tarifario. Cuánto genera hoy la planta, cuánto factura anualmente, cuánto se destina al servicio de la deuda, cuánto queda como renta neta para la Provincia, qué contratos existen entre JEMSE, CAMMESA y distribuidoras, y si existe margen jurídico o financiero para que una parte de esa renta amortigüe el costo energético de hogares, comercios y pymes. No se trata de afirmar que Cauchari pueda entregar electricidad gratis, eso sería técnicamente falso, sino de transparentar si una inversión estratégica de semejante escala produce un beneficio palpable para quien la financió indirectamente: el pueblo jujeño.

Mientras tanto, los comercios reciben facturas que llegan en una economía de consumo retraído, las familias ajustan calefacción, electrodomésticos y alimentos para poder pagar servicios, y la Provincia ya tuvo que declarar una emergencia energética y tarifaria con medidas para demorar cortes y proteger a usuarios vulnerables. El problema ya no admite explicaciones fragmentadas. Nación debe responder por la quita de subsidios; EJESA y SUSEPU por la estructura tarifaria; los municipios por sus tasas; y el Gobierno provincial por Cauchari, sus contratos y su renta. Si Jujuy produce energía pero sus habitantes sienten que sólo importan la factura, entonces Cauchari corre el riesgo de convertirse, no en un símbolo de soberanía energética, sino en el monumento más caro a una promesa que todavía no llegó al bolsillo.