Colombia | Colombia lleva a Fiscalía, Procuraduría y Contraloría presuntas irregularidades por más de $62.000 millones en contratos de Bomberos

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El Gobierno colombiano puso bajo la lupa una serie de contratos suscritos durante la administración anterior en la Dirección Nacional de Bomberos, luego de que una auditoría forense detectara presuntas irregularidades que ahora serán examinadas por la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República.

El Ministerio del Interior presentó denuncias ante los tres organismos de control y de investigación tras identificar posibles anomalías en procesos de contratación directa amparados en una declaratoria de urgencia manifiesta por emergencias derivadas de la temporada invernal.

Uno de los contratos que concentra la atención corresponde al celebrado con la empresa MAC Soluciones por cerca de 24.000 millones de pesos. De acuerdo con los hallazgos reportados por el Gobierno, el negocio jurídico fue suscrito durante el periodo de Ley de Garantías y presenta cuestionamientos relacionados con los valores cobrados frente a los bienes efectivamente recibidos, así como con pagos realizados después de las elecciones y elementos que, según la revisión, todavía permanecerían almacenados en instalaciones del contratista sin haber sido entregados a la entidad.

Las autoridades también revisan otros contratos que, en conjunto, superarían los 62.000 millones de pesos y que fueron tramitados bajo mecanismos de contratación directa relacionados con la atención de emergencias.

El caso se produce además en medio de una crisis institucional en la Dirección Nacional de Bomberos. El presidente de la República declaró la insubsistencia del capitán Miranda, quien permaneció alrededor de tres semanas al frente de la entidad, después de que se conocieran audios en los que, presuntamente, se aludiría a prácticas encaminadas a obstaculizar investigaciones judiciales relacionadas con actuaciones anteriores a la actual administración.

Según el Gobierno, la divulgación de esos audios generó una pérdida de confianza y llevó a la decisión de apartar al funcionario del cargo.

La investigación fiscal, disciplinaria y de responsabilidad fiscal deberá establecer ahora si las actuaciones denunciadas constituyeron irregularidades administrativas, posibles conductas disciplinarias o fiscales, o eventuales delitos, además de determinar quiénes serían los responsables y cuál fue el destino final de los recursos públicos comprometidos.

El Ministerio del Interior anunció que continuará con la revisión de los procesos contractuales, mientras los organismos competentes deberán avanzar de manera independiente en las investigaciones para establecer la existencia o no de responsabilidades.

El caso abre nuevamente el debate sobre los controles aplicados a la contratación pública en situaciones de emergencia y sobre el uso de mecanismos excepcionales para adquirir bienes y servicios con recursos destinados a atender las necesidades de los organismos de socorro en Colombia.

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