La 'ley de nietos' acaba de convertirse en la gran grieta del 29-N y de momento nadie sabe a cuántos votantes afecta

Las convocatorias electorales (sobre todo las adelantadas, como es el caso) suelen elevar el tono del debate político. El 29-N lo que está recrudeciendo es el debate jurídico. Y todo a costa de una normativa de 2022. La conocida como ‘ley de nietos’ se ha convertido en una pieza clave del panorama preelectoral español, el foco de una espinosa controversia que, además de a los partidos, ha enredado al Tribunal Supremo, la Abogacía del Estado, la Fiscalía y la Junta Electoral. Es comprensible si se tiene en cuenta qué está en juego: quiénes podrán acudir a las urnas en noviembre.

Para los servicios jurídicos del Estado, el dilema es el siguiente: ¿Qué hacer con miles de españoles inscritos en el CERA, el censo de votantes que viven en el extranjero?

¿Qué es la ‘ley de nietos’? El apodo popular de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática. Para ser más precisos, el de su disposición octava, que dio un plazo de dos años (más tarde prorrogado hasta octubre de 2025) para que los descendientes de españoles nacidos en el extranjero pudieran solicitar la nacionalidad de sus ancestros. 

¿A quién se abría esa puerta? A los hijos y nietos de españoles que, «como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia u orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española».

La norma no acotaba ningún marco temporal, pero sí deslizó un concepto clave: «exilio». El pasaporte quedaba al alcance de los hijos o nietos de españoles a los que durante la dictadura no les quedó otra que hacer las maletas. El cómo ejercer ese derecho lo aclaró días después el Ministerio de Justicia a través de una instrucción dirigida a todos los interesados, los registros civiles y los consulados.

¿Es eso importante? Mucho. De hecho es la clave del embrollo judicial que está caldeando las semanas previas al 29-N. La instrucción diferencia entre dos perfiles. Por un lado están los descendientes de españoles que abandonaron el país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, es decir, el período durante el que se prolongó la Guerra Civil y la fase de aislamiento del franquismo. Por otro lado, están los herederos de españoles que cruzaron las fronteras entre enero de 1956 y 1978, cuando se aprobó la Constitución.

A efectos de la aplicación de la Ley de Memoria Democrática esa distinción es fundamental. En el primer caso (quienes hicieron las maletas entre 1936 y 1955) el Estado «presume la condición de exiliado» general, aplicable a todos los españoles que cambiaron de país. Para reclamar la nacionalidad, sus descendientes solo deben acreditar que lo son y que sus padres o abuelos salieron de España.

En el segundo caso (1956–1978) la norma es bastante más estricta y exige a quienes quieran acogerse a la ‘ley de nietos’ que prueben que sus antepasados eran «exiliados».

¿Tan relevante es? Para Vox y Iustitia Europa sí. Ambas formaciones acudieron a la justicia con un argumento relevante: las instrucciones tienen un rango menor que las leyes, por lo que no pueden modificarlas. Y Vox opina que eso es precisamente lo que ocurrió en 2022 con la ‘ley de nietos’. Si bien la norma habla de descendientes de «exiliados», en ningún caso contempla que todos los españoles que abandonaron el país entre 1936 y 1955 puedan considerarse como tal, algo que sí dice la instrucción ministerial.

Dicho de otro modo, la formación de Abascal argumenta que el Gobierno amplió las costuras de la ley sin pasar por las Cortes. «La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública [el Ministerio de Justicia] dicta una Instrucción que extiende el acceso a la nacionalidad mucho más allá del texto legal», subrayaban. 

Vox pidió que dejara de aplicarse de forma cautelar y llevó el tema al Supremo y la Junta Electoral Central (JEC). ¿Por qué acudió a este último organismo? Muy fácil. Porque la nacionalidad abre la puerta al derecho al voto y Vox solicitó auditar y controlar las altas en el censo de electores en el exterior (CERA).