La Libertad Avanza impulsa su propia reforma integral del Código Contravencional porteño con penas más severas para cortes, trapitos y picadas

Justo en vísperas de que el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, presentara su proyecto de reforma del Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires con un fuerte endurecimiento de los castigos, La Libertad Avanza presentó su propia propuesta. Lo hizo a través de un proyecto de Solana Pelayo, quien junto a otros integrantes de su bloque, presentó un proyecto de reforma integral con el objetivo declarado de «recuperar la capacidad disuasoria» del sistema sancionatorio y fortalecer las herramientas para garantizar el orden público y la convivencia urbana.

La iniciativa, acompañada por Juan Pablo Arenaza, Marcelo Gregorio Ernst, Juan Ignacio Fernández, Andrea Freguia, Silvia Imas, Marina Kienast, Nicolás Pakgojz, María del Pilar Ramírez, Sandra Mónica Rey, Leonardo Saifert y Diego Vartabedian, propone modificar decenas de artículos de la Ley 1472 y redefinir aspectos centrales del régimen contravencional porteño.

Entre los cambios más relevantes figura el endurecimiento de las sanciones vinculadas a la utilización del espacio público. El proyecto redefine la contravención por obstrucción de la vía pública y establece multas y arrestos para quienes organicen o coordinen bloqueos de calles, con agravantes cuando se impida el acceso a hospitales, escuelas, terminales de transporte o servicios de emergencia. Al mismo tiempo, aclara que el ejercicio regular de los derechos constitucionales no constituye una contravención.

La iniciativa también apunta contra la venta ambulante ilegal. Propone aumentar las sanciones para quienes desarrollen actividades lucrativas no autorizadas en el espacio público y prevé multas significativamente más altas para los organizadores de estas actividades, además del decomiso de mercadería, vehículos y otros elementos utilizados.

Otro de los ejes del proyecto está relacionado con el fenómeno de la ocupación indebida del espacio público. Para ello incorpora una nueva figura contravencional destinada a sancionar la instalación de estructuras permanentes como casillas, puestos o carpas sin autorización. El texto aclara expresamente que la norma no alcanzará a las personas en situación de calle respecto de sus pertenencias y elementos de abrigo.

La reforma también endurece las penas para conductas contra las personas. Se elevan las escalas sancionatorias para los casos de hostigamiento, intimidación, maltrato y acoso sexual, con agravantes cuando las víctimas sean menores de edad, adultos mayores, personas con discapacidad o cuando medien situaciones de violencia de género.

Asimismo, se incorpora una nueva contravención vinculada al uso de drones. La propuesta sanciona a quienes utilicen estos dispositivos para observar, fotografiar o filmar a personas en ámbitos donde exista una expectativa razonable de privacidad con el objetivo de perturbar su intimidad o seguridad.

En materia de tránsito, el proyecto refuerza las penas para quienes conduzcan con alcohol en sangre por encima de los límites permitidos o bajo los efectos de estupefacientes. También prevé sanciones más severas para las picadas ilegales, incluyendo arresto, inhabilitación para conducir y el decomiso del vehículo utilizado.

La iniciativa incorpora además modificaciones vinculadas a los ruidos molestos, el ingreso de pirotecnia a espectáculos masivos, la reventa de entradas, el ensuciamiento de bienes públicos y privados y los mecanismos de reincidencia. También crea la figura del «avenimiento», una herramienta procesal que permitiría acuerdos entre fiscal e imputado para concluir anticipadamente los procesos mediante una condena homologada judicialmente.

En los fundamentos, los autores sostienen que las sucesivas reformas parciales realizadas desde la sanción del Código Contravencional en 2004 generaron un sistema fragmentado, con sanciones que perdieron eficacia y mecanismos que dificultan la aplicación efectiva de las normas. En ese sentido, afirman que la actualización busca fortalecer la capacidad de respuesta del Estado frente a conductas que afectan la convivencia cotidiana de los vecinos.

La propuesta se dio, como dijimos, justo cuando el oficialismo se aprestaba a presentar su propia iniciativa. Ahora habrá que ver si prevalece el consenso para acordar los puntos en común entre ambas propuestas.