Comisario imputado por violencia familiar obtiene arresto domiciliario y víctima teme por su vida

La abogada Alice Monges, representante de la denunciante, cuestionó en entrevista con El Observador la actuación de la Fiscalía y la decisión del juez Nelio Prieto de conceder arresto domiciliario al imputado. La mujer víctima afirma que recibió amenazas de muerte y manifestó que teme convertirse en otra víctima de feminicidio.

El uniformado que fue imputado por presuntos hechos de violencia familiar en Ciudad del Este fue beneficiado con arresto domiciliario y monitoreo mediante tobillera electrónica, pese a que anteriormente cumplía prisión preventiva. La decisión judicial generó fuertes cuestionamientos de la querella, que advierte sobre la situación de vulnerabilidad de la denunciante y las falencias que atribuye a la investigación fiscal.

En entrevista con El Observador, la abogada Alice Monges, representante legal de la mujer, criticó el manejo de la causa y cuestionó tanto la actuación del Ministerio Público como el criterio aplicado por el juez penal de Garantías Nelio Prieto para modificar la medida cautelar del procesado.

La denunciante hizo público un mensaje de desesperación en el que manifestó su temor ante las presuntas amenazas de muerte que habría recibido de su expareja. En su testimonio, expresó que teme convertirse en una víctima más de feminicidio y llegó a manifestar que estaría dispuesta a quitarse la vida antes de atravesar ese desenlace.

La mujer responsabilizó de su seguridad al juez de la causa y al presidente de la República. También expresó dudas sobre la efectividad del monitoreo electrónico, al afirmar que una hija del procesado trabaja en el departamento encargado de esa tarea. 

Cuestionamientos a la Fiscalía y al juzgado

La investigación está a cargo de la fiscal Susan Vega, de la Unidad Especializada de Violencia Familiar. Según la querella, la propia agente fiscal habría solicitado inicialmente el arresto domiciliario para el procesado. Posteriormente, el juez Nelio Prieto dispuso la prisión preventiva, pero luego concedió la medida menos gravosa solicitada por la defensa, bajo control mediante tobillera electrónica.

Monges cuestionó la actuación de los investigadores y sostuvo que existen falencias en las diligencias impulsadas por el Ministerio Público. También criticó la falta de atención a la situación de la víctima y señaló que las instituciones deben actuar antes de que los casos de violencia lleguen a consecuencias irreversibles.

“Si no ven a una mujer con la cara rota o muerta, nadie dice nada”

La representante legal fue especialmente crítica al referirse a la respuesta institucional frente a las denuncias de violencia familiar.

“Si no se ve a una mujer con la cara rota o muerta, nadie dice nada”, afirmó Monges, al cuestionar los criterios que, según su percepción, se aplican en estos procesos.

La profesional también advirtió sobre la revictimización que pueden sufrir las mujeres que denuncian maltratos. Señaló que, en ocasiones, se pone en duda el relato de las víctimas por la manera en que expresan sus emociones, mientras que se concede credibilidad a la versión del denunciado.

Por su parte, según lo expuesto durante la entrevista, el jefe policial habría sostenido que la denuncia responde a que su expareja está despechada y pretende retomar la relación.

La querella anuncia nuevas diligencias

Monges anunció que la querella adhesiva impulsará la recolección de elementos de prueba, incluidos mensajes, videos y evaluaciones psicológicas, con el objetivo de fortalecer la investigación y esclarecer los hechos denunciados.

La abogada insistió en que el derecho del imputado a solicitar medidas cautelares menos gravosas debe analizarse sin perder de vista la protección de la denunciante y los riesgos que esta manifiesta enfrentar.