Denunciaron “vicios graves” en el estudio que se usó para habilitar la caza en Entre Ríos

Una denuncia ambiental ante la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización entrerriana solicitó la realización de un nuevo estudio poblacional y sanitario de los patos en la provincia –con participación de instituciones académicas independientes–, para poder evaluar la posibilidad de habilitar la temporada de caza. En la solicitud de revisión se pidió anular la resolución Nº 100/26 que autorizó la matanza de patos, cuestionando el “Informe de campaña 2025” realizado por el Equipo de Monitoreo Adaptativo de Fauna Silvestre (Amafa) por encargo de la Cámara Argentina de Turismo Cinegético y Conservacionismo (Catsyc), ya que adolece de “vicios graves”, entre los cuales se cuestionó que el censo contaba ejemplares que no eran visualizados, suponiendo que se encontraban escondidos en la vegetación. Se apuntó la necesidad de una investigación con intervención de la UNER, el INTA o Conicet. En el expediente abierto por la presentación de un particular al que accedió ERA Verde, también se dejó en evidencia la falta de intervención de organismos oficiales provinciales en el monitoreo de la fauna silvestre.

Una denuncia ambiental presentada el 11 de agosto pasado ante la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización de Entre Ríos, solicitó a la nulidad de la Resolución N.º 100/2026, con la cual el se autorizó la caza deportiva de patos en territorio provincial. La presentación funda el pedido al considerar que la medida se sustenta en un estudio con graves deficiencias metodológicas y estadísticas.

El escrito ingresado por un médico y un biólogo reclamaron la revisión de oficio de la normativa, con una suspensión cautelar de la actividad y la realización de un nuevo estudio poblacional y sanitario a cargo de una institución académica independiente. La solicitud y estado del expediente abierto trascendió este lunes 12 de octubre, donde se apuntó como uno de los cuestionamientos centrales al denominado “Informe de campaña 2025” realizado por Amafa y pagado por la Catsyc, que posee intereses abierto con la apertura de la temporada de caza y que constituye el sustento técnico-científico de la resolución.

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FLOJO DE PAPELES

Los denunciantes sostienen que el documento presenta 10 fallas que comprometerían la validez de sus estimaciones sobre la abundancia de las especies habilitadas para la caza. Además, cuestionan la independencia de la evaluación utilizada para justificar la autorización, al señalar que el estudio fue realizado por organizaciones vinculadas con la promoción de la actividad cinegética. También advierten que no intervino ningún organismo oficial de la provincia de Entre Ríos en su elaboración, una ausencia que consideran relevante frente a la necesidad de contar con información científica independiente para fundamentar decisiones sobre el manejo de la fauna silvestre.

En efecto, al ser puesto en despacho del Área Técnica por el director de Recursos Naturales y Fiscalización, Mario Francisco Zárate, se le responde que no pueden expedirse respecto a los cuestionamientos de los demandantes porque no hubo agentes del área ni forman parte de la autoría del trabajo cuestionado, por lo cual se da intervención a la Cámara Argentina de Turismo Cinegético y Conservacionismo, según se lee en el expediente conocido por ERA Verde.

En este orden, el asesor legal del organismo provincial, Luciano Emanuel Campos, se queja porque no puede avanzar ante la denuncia porque falta una pieza central, que es un informe técnico del Área de Fauna y Flora. Es decir, un “estudio propio”. El letrado dice que le devuelven el pase sin poder darle una respuesta porque desde el área técnica señalan, una y otra vez, que no intervinieron en el estudio, por lo cual mal pueden decir algo al respecto. A Campos tampoco le llevan el apunte Amafa y Catusyc, a quienes reitera el pedido que completen requerimientos y precisiones no contestadas sobre el estudio tachado de legitimidad. Así las cosas, el expediente llega a octubre sin una resolución de continuidad.

PATOS ESCONDIDOS

Entre los principales argumentos de la denuncia que en el relevamiento figura el empleo de modelos estadísticos pocos fiables en cuanto a la cantidad del muestreo, lo cual hace insuficiente las estimaciones para que sean confiable calcular la abundancia. También se apunta a la probabilidad de detección de las aves, ya que el Equipo de Monitoreo Adaptativo de Fauna Silvestre utiliza una apreciación de los patos que no se ven porque están ocultos en la vegetación.

Los denunciantes sostienen que esta limitación afecta la identificabilidad estadística del modelo y cuestionan, además, los resultados presentados para algunas especies. Como ejemplo, mencionan que para el pato brasilero (Amazonetta brasiliensis) y el pato picazo (Netta peposaca) se registran un mismo rango superior para calcular su número cuando presentan estimaciones de abundancia diferentes. A su entender, esa coincidencia de parámetros para números diferentes, evidenciarían problemas en las estimaciones.

La presentación también cuestiona la selección de escalas espaciales y modelos, el período acotado de muestreo y la utilización de datos que, según los denunciantes, no respetarían los requisitos del método estadístico aplicado. También hay omisiones, como reclama el asesor legal de Recursos Naturales y Fauna, a lo que se suma la falta de evaluación sanitaria

En esta línea, se advierte que el estudio utilizado como fundamento de la resolución no contempla una evaluación de las poblaciones de aves respecto de posibles riesgos vinculados con patógenos zoonóticos, entre ellos la influenza aviar, ni sobre la eventual exposición al plomo procedente de las municiones.

Desde esa perspectiva, sostienen que la decisión de habilitar una actividad extractiva sobre la fauna silvestre debería contar con información que permita evaluar tanto la situación poblacional de las especies como los riesgos sanitarios involucrados.

El planteo se apoya en el principio precautorio establecido por el artículo 4º de la Ley General del Ambiente N.º 25.675 y en el derecho a un ambiente sano reconocido por el artículo 41 de la Constitución Nacional. Los denunciantes consideran que la incertidumbre sobre la confiabilidad de los datos no debería utilizarse para justificar una autorización sin antes resolver las deficiencias que atribuyen al estudio.

ESTUDIO INDEPENDIENTE

Como parte de la presentación, se solicita que se ordene la elaboración de un nuevo estudio poblacional y sanitario para fundamentar futuras habilitaciones de caza de patos en Entre Ríos. Así, los denunciantes proponen que la evaluación esté a cargo de una institución académica independiente, y mencionan como alternativas a la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) o el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).

El nuevo trabajo, según el planteo, debería incorporar un diseño metodológico que permita superar las limitaciones denunciadas, con al menos cuatro réplicas temporales por sitio, una escala espacial definida y una evaluación de los riesgos sanitarios.

La presentación solicita, asimismo, una medida cautelar para suspender inmediatamente la caza autorizada por la Resolución N.º 100/2026, hasta tanto se resuelvan los cuestionamientos planteados. Algo que quedó en abstracto, dado que la temporada de caza finalizó el 23 de agosto pasado.

De la Redacción de ERA Verde