La calculadora no cierra y la interna radical se abre: Jujuy necesita menos relato y más cuentas claras

La interpelación al ministro de Turismo dejó dos problemas sobre la mesa: una cifra de impacto económico que no coincide con la fórmula oficial presentada y una interna radical que ya no puede esconderse detrás de discursos de unidad. Pero detrás del ruido político aparece una discusión mucho más profunda: cuánto de los grandes eventos, la minería y las políticas de promoción que exhibe el Gobierno provincial se traduce realmente en desarrollo para los jujeños.

La polémica comenzó con los números. Según la información expuesta durante la interpelación, el impacto económico del recital de La Renga fue estimado oficialmente en $9.224 millones. Sin embargo, al aplicar literalmente la fórmula difundida por el propio Gobierno, el resultado sería sensiblemente menor, en torno a los $6.138 millones. La diferencia supera los $3.000 millones y deja además interrogantes sobre el uso de multiplicadores y “fugas” que no aparecen suficientemente explicados. El problema no es menor: cuando el Estado utiliza cifras para justificar políticas públicas, esas cifras deben poder ser reproducidas, auditadas y comprendidas sin zonas grises.

Pero la sesión también dejó al descubierto otra dimensión: la interna del radicalismo jujeño. Lo que debía ser un debate sobre gestión terminó funcionando como escenario de tensiones entre sectores del oficialismo, con señales de distancia entre quienes todavía responden a la conducción histórica de Gerardo Morales y quienes buscan consolidar una autonomía política alrededor de Carlos Sadir. La pregunta es inevitable: ¿la Legislatura está ejerciendo control sobre el Ejecutivo o se está convirtiendo en el ámbito donde el oficialismo empieza a saldar sus disputas internas?

El tema de fondo, sin embargo, va mucho más allá de un recital o de una pelea partidaria. Jujuy necesita saber cuánto producen realmente sus políticas de promoción, sus grandes eventos, sus inversiones mineras y sus estrategias turísticas, pero también cuánto de ese supuesto derrame llega al bolsillo de la gente. Porque una provincia puede exhibir cifras millonarias, récords de visitantes o anuncios de inversión, pero si el ciudadano sigue sintiendo salarios bajos, endeudamiento, desempleo y falta de oportunidades, entonces el problema ya no es contable: es político.

Ahí aparece una de las preguntas que casi nadie quiere formular con claridad: ¿quién captura el crecimiento cuando el crecimiento llega? ¿Cuánto queda en hoteles, gastronomía y comercios locales? ¿Cuánto vuelve al Estado? ¿Cuánto se transforma en empleo estable? ¿Cuánto se traduce en infraestructura y servicios? Y, sobre todo, ¿qué mecanismos existen para demostrar que el beneficio difundido oficialmente no es apenas una estimación optimista? La política útil debería empezar por transparentar métodos, publicar datos abiertos y permitir que cualquier ciudadano pueda verificar las cuentas.

Si la Legislatura se limita a ventilar internas, pierde capacidad de control. Si el Ejecutivo presenta números que no pueden ser reconstruidos con claridad, pierde credibilidad. Y si Jujuy sigue hablando de crecimiento mientras los jujeños no sienten ese desarrollo en su vida cotidiana, entonces la discusión ya no pasa por una calculadora: pasa por el modelo de provincia que se está construyendo. Menos relato, más trazabilidad. Menos números grandilocuentes, más resultados comprobables.