Congreso retoma debate del Presupuesto 2027: foco Defensa, Fiscalía y Contraloría

El Congreso Nacional reanudará este lunes 19 de octubre la tramitación del proyecto de Ley de Presupuestos 2027, luego de la semana distrital, en medio de cuestionamientos por la distribución de recursos fiscales y las eventuales restricciones presupuestarias que enfrentarían organismos autónomos como el Ministerio Público y la Contraloría General de la República.

Aunque la actividad legislativa estuvo suspendida durante los últimos días, el debate continuó concentrado en el aumento del gasto en Defensa, los recursos para la persecución penal y las atribuciones de los organismos fiscalizadores para administrar sus respectivos presupuestos.

Uno de los principales puntos de controversia es el incremento de 7,6% contemplado para el Ministerio de Defensa Nacional, cuya asignación superaría los $2,6 billones durante 2027.

La propuesta ha generado reparos debido a que coincide con reducciones presupuestarias en educación superior, gobiernos regionales, cultura y ciencia.

También han surgido interrogantes sobre una eventual relación entre el aumento del gasto militar y la iniciativa estadounidense denominada Escudo de las Américas, mediante la cual Washington ha promovido mayores inversiones en Defensa entre países sudamericanos.

El diputado socialista Raúl Leiva, integrante de la Comisión de Defensa de la Cámara, explicó que parte de los recursos adicionales responde a compromisos pendientes del sector.

Según señaló, el incremento permitirá abordar el Plan Cuatrienal de Inversiones del Ejército, cuya ejecución ha sido postergada en distintas oportunidades.

Por su parte, el ministro de Defensa, Fernando Barros, defendió la propuesta del Ejecutivo y afirmó que el aumento se encuentra dentro de los márgenes previstos para el desarrollo institucional.

“Hay compromisos, hay planes de desarrollo y costos que se incrementan y está dentro de lo planificado”, sostuvo el secretario de Estado.

Otro foco de discusión corresponde al financiamiento del Ministerio Público, institución que ha advertido sobre posibles dificultades para cumplir sus funciones y avanzar en la implementación de la Fiscalía Supraterritorial.

El fiscal nacional, Ángel Valencia, acompañado de fiscales regionales, se reunió el viernes con el ministro Claudio Alvarado para expresar sus preocupaciones respecto de los recursos contemplados en el proyecto.

La Fiscalía ha cuestionado especialmente la posibilidad de que determinadas disposiciones presupuestarias condicionen la utilización de fondos a autorizaciones del Ministerio de Hacienda, lo que, a su juicio, podría afectar su autonomía operativa.

Observaciones similares ha formulado la contralora general de la República, Dorothy Pérez. Aunque el proyecto contempla un incremento de 5,9% para la Contraloría, la autoridad ha manifestado reparos frente a eventuales restricciones administrativas para disponer de recursos destinados a labores fiscalizadoras.

Durante la semana también se conoció un encuentro entre Valencia, Pérez y la presidenta del Consejo Directivo del Servicio Electoral, Pamela Figueroa, en el contexto de las conversaciones sobre el financiamiento de los organismos autónomos.

El Servel, por su parte, ha expresado preocupación por una disminución inicial cercana a los $4.000 millones, equivalente aproximadamente al 12% de los recursos solicitados.

La presidenta de Renovación Nacional, senadora Andrea Balladares, se refirió a estas inquietudes durante una entrevista concedida el domingo a Canal 13.

Respecto del Ministerio Público, sostuvo que corresponde revisar si las disposiciones propuestas efectivamente introducen limitaciones que puedan comprometer su funcionamiento y la implementación de nuevas unidades de persecución penal.

Balladares planteó que la discusión parlamentaria debe permitir identificar y corregir eventuales problemas del proyecto, mediante modificaciones impulsadas por el Ejecutivo cuando corresponda.

En tanto, el director de Presupuestos, Juan Pablo Gómez, defendió la iniciativa gubernamental y la calificó como una propuesta fiscal responsable.

En entrevista con El Mercurio, explicó que el proyecto establece prioridades relacionadas con el crecimiento económico y la generación de empleo, especialmente mediante inversiones en obras públicas y vivienda.

Gómez también abordó las solicitudes parlamentarias para restablecer el financiamiento del programa de entrega de computadores escolares Yo Elijo mi PC.

El director de la Dipres manifestó sus diferencias con esa propuesta, argumentando que la evidencia internacional no demostraría impactos suficientes para justificar la continuidad del programa en los términos planteados.

No obstante, aseguró que los ministerios y servicios públicos permanecerán disponibles para dialogar sobre las observaciones formuladas durante la tramitación legislativa.

La reanudación del trabajo parlamentario permitirá retomar el examen de las partidas presupuestarias y las indicaciones destinadas a modificar la distribución de recursos prevista por el Gobierno para el próximo año. (NP-ChatGPT-Emol)