El traslado de presos como estrategia contra la extorsión 

Desde que asumió el mandato Abelardo de la Espriella, la extorsión se ha reducido a la mitad, según los indicadores del Ministerio de Defensa.

El presidente ha atribuido esa caída a su política de traslado de jefes criminales a cárceles de máxima seguridad. 

Los expertos consultados por La Silla Vacía reconocen el logro, pero no están seguros de que los traslados lo expliquen.

Una caída récord en la extorsión 

Según el informe de Seguimiento a Indicadores de Seguridad y Resultados Operacionales del Ministerio de Defensa, la extorsión se redujo casi en un 50% entre agosto y septiembre de 2026, pasando de 1.126 a 630 denuncias respectivamente. 

Hacia finales de septiembre, el presidente Abelardo de la Espriella celebró una reducción similar en la extorsión comparando agosto de 2025 con agosto de 2026, primer mes de su gobierno. Durante este periodo, La Silla constató una reducción del 20% en las denuncias de extorsiones, según datos de la Policía Nacional. 

Cinco ciudades con mayor cantidad de denuncias de extorsión según el Ministerio de Defensa en los últimos seis meses 

Según los datos del Ministerio, Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali y Villavicencio son las cinco ciudades con mayor cantidad de denuncias de extorsión. De abril a julio, las denuncias se mantuvieron relativamente estables en Bogotá, Barranquilla y Villavicencio. Medellín registró un aumento, seguido de una caída en julio. Cali también mostró una tendencia al alza desde mayo. De agosto a septiembre se observa una caída generalizada, especialmente en Bogotá, donde las denuncias bajaron un 65,3%.

Esta reducción en la extorsión es un logro significativo para el gobierno de De la Espriella. La Silla conoció un borrador de un informe del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) sobre la extorsión con cifras extremadamente preocupantes. 

Según el informe, titulado Análisis y caracterización de la extorsión en Colombia, esta alcanzó un máximo histórico de 13.869 casos en 2024, con un promedio de 38 casos al día. Luego de un leve descenso en el 2025, 2026 abrió con un aumento del 10,1% en las capitales con respecto a los primeros cuatro meses del año anterior. Este repunte, sumado al drástico incremento observado en varias ciudades intermedias entre 2024 y 2025 (como Tunja con un 76,7% o Pasto con un 37,8%), confirma la aparición de nuevos focos críticos y la urgencia de reforzar las estrategias de prevención.

Ante el flagelo de la extorsión, la promesa de mano dura de De la Espriella caló. Y desde que asumió su mandato, adquirió un gran protagonismo en el tema.

Traslado de presos a cárceles de máxima seguridad 

Horas antes de la posesión el 7 de agosto, De la Espriella anunció el traslado de 117 “reclusos de alto perfil” a cárceles de máxima seguridad. 

Desde el inicio de su gobierno hasta hoy, no existe una cifra pública consolidada del número de “reclusos de alto perfil” o cabecillas privados de libertad que han sido trasladados por el gobierno. Sin embargo, según reportes de prensa, en este periodo se han trasladado  cerca de 400 reclusos de alto perfil, vinculados a grupos como Los Shottas, Los Espartanos, disidencias de las Farc, Los Pepes, Los Costeños y las Acsn. Eso equivale al 0,25% de las 160 mil personas privadas de la libertad a cargo del Inpec

Los traslados se han hecho desde y hacia cárceles de todo el país, usualmente con destino a establecimientos de máxima seguridad.

¿Explica eso la caída de la extorsión?

Hay diversas opiniones sobre los efectos que tienen los traslados sobre la extorsión. Para Santiago Tobón, director de Valor Público de Eafit e investigador de mercados ilícitos, trasladar a los cabecillas no tiene un efecto sobre la extorsión, pues solo terminamos en la situación que había antes, “donde los líderes están regados por varias partes, y al final, las instrucciones que ellos les dan a sus grupos no tienen por qué haber cambiado”. 

Además, Tobón señala que, por lo menos para el caso de Medellín, la extorsión es llevada a cabo por los combos, pequeñas estructuras de crimen organizado de la ciudad. Las grandes estructuras criminales no participan de la extorsión, sino que obtienen su renta de las ventas de droga a los combos. En este sentido, explica Tobón, los cabecillas de grupos criminales no suelen participar en la extorsión y, por lo tanto, su traslado a otras cárceles alrededor del país no tendría un efecto sobre la misma. 

Para Tobón, algo que sí ha tenido un efecto es la persecución abierta del gobierno a los extorsionadores que operan desde cárceles. Las amenazas del gobierno de aumentar la seguridad en los centros carcelarios por medio de bloqueadores de señal, y sobre todo casos de alta visibilidad como la extradición de cabecillas como Pipe Tuluá, sí han tenido un efecto disuasivo sobre los criminales. Jairo García, exsecretario de Seguridad de Cali e investigador de Fedesarrollo, concuerda con Tobón y resalta que con este gobierno se ha visto una mayor voluntad de atacar las rentas criminales. Él considera que el gobierno está enviando un mensaje de presión, y que la persecución abierta de organizaciones criminales puede tener un efecto sobre algunas de ellas. 

El general Óscar Naranjo, exvicepresidente de Colombia y exdirector de la Policía, resalta un caso en el que el traslado de presos sí pudo ser exitoso: Barranquilla. Según Naranjo, la Penitenciaría del Bosque y la Cárcel Modelo funcionan como centros de comando y control de la extorsión por los altos niveles de corrupción en el Inpec de Barranquilla. Esto permitió a los presos acumular poder para extorsionar, y El Tiempo reportó que hasta el 80% de la extorsión que afecta la ciudad se origina en estos centros carcelarios.

Luis Fernando Trejos, profesor investigador de la Universidad del Norte, considera que el traslado de reclusos de alto valor a cárceles de máxima seguridad por sí solo no es una solución permanente al problema en cuestión, pues los reclusos tienen la capacidad de reconstituir su red. Según Trejos, una vez los reclusos son trasladados, estos logran en un periodo de alrededor de tres meses reconstituir su red de extorsión, por medio de la adquisición de celulares dentro de los centros carcelarios, tarjetas SIM card, bases de datos extraídas de los registros de las cámaras de comercio y billeteras electrónicas. Trejos trae a colación el ejemplo del “Negro Ober”, un cabecilla de la estructura criminal Los Rastrojos Costeños que según Trejos “ha sido movido por siete u ocho cárceles del país, y en todas ha logrado reconstruir su infraestructura de extorsión”. 

Sobre los inhibidores de señal, Trejos explica que en muchos casos es imposible instalarlos en centros penitenciarios que quedan dentro de cascos urbanos, pues estos terminan afectando a las poblaciones aledañas. No obstante, él sí considera que la instalación de inhibidores en cárceles de máxima seguridad fuera de cascos urbanos podría resultar en una “reducción significativa (de la extorsión) a largo plazo”. 

Al igual que Naranjo, Trejos resalta la corrupción en el Inpec, y explica que, si no se logra controlar el componente humano, es decir, funcionarios del Inpec corruptos o coactados, no importan los avances tecnológicos. En el pasado ya se han visto casos de inhibidores de señal saboteados o que simplemente son apagados por los mismos funcionarios. 

Dudas sobre los indicadores

El informe del Ministerio de Defensa explica que los indicadores contenidos en el informe están construidos a partir de las denuncias realizadas por la ciudadanía “a través de todas las fuentes de información (estaciones de policía o boletines de policía, intercambio de información con Fiscalía General de la Nación o vía web a través del portal ¡A Denunciar!)”. 

Para García de Fedesarrollo, un indicador como el del Ministerio de Defensa construido a partir de las denuncias no demuestra la realidad de la extorsión en Colombia, pues este es uno de los delitos con mayor subregistro. Según Trejos, en lugares como Barranquilla la extorsión podría ser hasta siete veces mayor que la registrada. Tobón concuerda con esta opinión. Para él, la extorsión desde las cárceles es la que típicamente se denuncia; por lo tanto, es muy poco probable que la extorsión en las calles y a los negocios haya bajado, ya que esta “nunca se ve, nunca se denuncia”. 

Para solucionar esto, García menciona que “hay que tener nuevos indicadores de extorsión; si este gobierno quiere percibir las rentas criminales, es clave que vuelva a hacer la encuesta de victimización del Dane”, refiriéndose a la Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana (Ecsc) del Dane que desapareció durante el gobierno de Gustavo Petro.