En un tenso final de sesión, Diputados devolvió a comisiones el proyecto sobre endeudamiento familiar

Pasadas las 3 de la madrugada, la secretaria parlamentaria de La Libertad Avanza, Silvana Giudici, pidió el regreso a comisiones del proyecto de Endeudamiento Familiar. El mismo resultó afirmativo con 121 votos a favor, 117 en contra y 5 abstenciones. Unión por la Patria intentó que el tema no prosperara para avanzar con el dictamen de minoría, pero la sesión concluyó con la moción del oficialismo.

Ese fue el desenlace de una larguísima sesión de Diputados en la que siempre estuvo latente la sensación de que la sesión no llegaría a su final. Que por alguna razón los dos temas emplazados oportunamente por la oposición, o al menos uno, quedaran sin votar. Se veía venir algo así al punto tal que en medio de las intervenciones en el recinto, Cecilia Moreau interrumpió a su compañero de bloque Cristina Andino y denunció la presencia de funcionarios del Gobierno en rigor de “presionar” a legisladores para acompañar el dictamen de La Libertad Avanza. “Me preocupa que a esta hora de la madrugada estén llamando a diputados para que no se rechace el dictamen del oficialismo”, señaló. “Se está viviendo, una vez más, un proceso como el que se vivió con (Edgardo) Kueider”, aseveró. A su lado, Germán Martínez coincidía con la denuncia de Moreau.

El oficiailsmo logró la victoria en el marcador final gracias a la abstención de 5 cordobeses: Juan Schiaretti, Carolina Basualdo, Alejandra Torres, Ignacio García Aresca y Carlos Gutiérrez. Juan Brugge votó con LLA. También lo hicieron Lourdes Arrieta y Sergio Capozzi. El resto de Provincias Unidas votó en contra.

El proyecto de ley había sido emplazado por la oposición el 9 de septiembre. Sin embargo, la composición de las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor le permitió al oficialismo alzarse con el despacho de mayoría. A diferencia del régimen de condonación de deudas que proponían Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, este texto está dirigido a un marco de transparencia crediticia y educación financiera.

Los ejes del proyecto

La iniciativa refuerza la transparencia en los créditos al obligar a las entidades financieras y comerciales a informar de forma clara, comprensible y accesible las tasas de interés, el valor de las cuotas, las comisiones aplicables, los seguros asociados y el costo total de la financiación. El objetivo es que los consumidores dispongan de toda la información necesaria para comparar alternativas y tomar decisiones de endeudamiento con mayor conocimiento y previsibilidad.

Uno de los ejes centrales de la propuesta es la visibilidad del Costo Financiero Total Efectivo Anual (CFTEA), un indicador que resume el verdadero costo de una financiación. El proyecto exige que este dato se destaque adecuadamente y evita que quede relegado detrás del monto de la cuota o de tasas promocionales, una práctica que puede dificultar la comprensión real del compromiso financiero asumido por los usuarios.

La normativa también incorpora medidas orientadas a fortalecer la protección de los consumidores en entornos digitales. Entre ellas, establece requisitos de autenticación reforzada, consentimiento informado para determinadas operaciones y mecanismos específicos para la tramitación de reclamos y solicitudes de reintegro ante posibles fraudes. Además, promueve la educación financiera mediante la incorporación de contenidos sobre créditos, costos de financiamiento, protección de datos, fraude digital y derechos de los usuarios.

Asimismo, el proyecto contempla herramientas de control del consumo que permiten a los titulares de tarjetas fijar límites de gasto inferiores al límite de crédito otorgado. A esto se suman mecanismos de portabilidad para trasladar una financiación hacia otra ofrecida por un proveedor diferente en mejores condiciones, así como disposiciones de protección para menores de edad, que prevén notificaciones inmediatas y gratuitas a los titulares de tarjetas cuando se registran consumos realizados desde cuentas o perfiles asignados a personas menores de 18 años.

Las voces en el recinto

Miembro informante del dictamen de mayoría fue el oficialista Santiago Pauli, quien sostuvo que con el mismo “buscamos un marco común de reglas para los que otorgan crédito, como para los que acceden al crédito”.

Tras ello, se dedicó a detallar los objetivos que persiguieron con el dictamen puesto a consideración. En primer lugar, la transparencia: “Que aquellos que acceden al crédito sepan lo que van a pagar desde la publicidad hasta el final del crédito -expresó-. Creemos que hace falta más información, todos los detalles de los montos”.

Que se pueda acceder al perfil de riesgo crediticio, continuó, agregando el “consentimiento efectivo”; esto es, que se exija una autenticación reforzada de la identidad del que está pidiendo el crédito, entre otras cosas. Que exista un botón de arrepentimiento que se pueda utilizar en los primeros 10 días hábiles de la solicitud, sumó, además de “más educación financiera, ampliando la estrategia nacional de inclusión financiera. Y que haya mayor defensa contra el fraude: definir parámetros para que la persona esté protegida de cargos indebidos.

Pauli continuó: “Que en el caso de los menores, esos consumos sean informados inmediatamente a sus mayores. Que las personas puedan implementar autolímites, con límites menores a los que les son otorgados”.

Por otra parte dijo que “introducimos el concepto de portabilidad del crédito, que haya libertad de elegir, porque el crédito es una herramienta fundamental para que los argentinos puedan crecer, mejorar su calidad de vida, que haya más calidad del crédito, pero con las leyes del lado de los argentinos y no en contra”.

A continuación, el radical Martín Lousteau arrancó citando todo lo que el presidente Javier Milei dijo respecto del tema de los créditos; entre otras cosas que los montos que se prestan son bajos. Al respecto sostuvo que si los montos que se prestan son bajos y la gente no puede pagarlos, lo que a su juicio eso quiere decir es que a la gente no le alcanza la plata o que el interés es muy alto. “O las dos cosas juntas”, estimó.

Lousteau explicó que el 40% de los deudores deben menos de 90 mil pesos y no los pueden pagar. “Tratemos de entender por qué pasó eso. Primero, porque cayó el poder adquisitivo; pero no solo eso. Producto de cómo fue diseñado el plan económico, subieron los gastos fijos de las familias en el AMBA”, comentó y enumeró el nivel de gastos por los servicios, alquiler, prepagas, todo lo cual da un porcentaje superior al de la inflación, que fue de 336%. “La incidencia de los gastos fijos se llevó además de un 10% de los ingresos, un 8% adicional”, añadió, y puso un ejemplo que fue replicado los últimos días: “Cuando Alberto Fernández en helicóptero, Milei dijo que ‘casta es tener tiempo para perder, mientras la gente no llega a fin de mes’. Bueno, él está perdiendo el tiempo en España, con un viaje más caro que el del presidente Fernández, mientras la gente no llega a fin de mes”.

A su turno, la peronista Kelly Olmos recordó que “habíamos logrado un nivel de acuerdo cuyo número nos ha permitido, si bien no lograr la sesión especial que esperábamos para poner en el banquillo el DNU 70 y obligarlo a cambiar la agenda, pudimos hoy tratar la situación de la discapacidad. Y también un tema que el Ejecutivo trató de eludir sistemáticamente: el problema masivo que afecta a una gran cantidad de argentinos y es el problema de la morosidad y el sobreendeudamiento”.

“Esa situación de angustia hoy se despliega por todo el territorio argentino -continuó-. Más de 6 millones de argentinos han ingresado en mora. Es decir, tienen una irregularidad de más de 90 días, muchos de los cuales ya están en nivel 4 y nivel 5. Eso quiere decir que sus acreedores lo tienen que pasar a pérdida. ¿Y saben qué? Cuando lo hacen, es posible que el deudor se ha transformado prácticamente en un muerto desde el punto de vista de sus oportunidades crediticias”.

Titular de la Comisión de Economía, Julia Strada de Unión por la Patria enumeró una serie de aumentos en el transporte y lo sintetizó como “un problema de ingresos”. Asimismo, apuntó contra Javier Milei por sus dichos en contra de los endeudados y contra Marcos Galperín, director ejecutivo de Mercado Pago. “Es un problema de índole macroeconómico, le guste o no le guste al presidente”, afirmó.

Habló, también, del titular del Banco Central, Santiago Bausili: “El que se quería perpetuar en el BCRA publicó un informe donde consigna que el 63% de los morosos están en situación 5 en el VERAZ que hace más de 365 días están morosos”. “¿De qué televisor del Mundial está hablando el presidente?”, cuestionó fuertemente.

Vinculó al Pro con Galperín y recordó el pedido de incluir el pago de salarios con billeteras virtuales dentro de la Ley de Modernización Laboral durante el verano pasado. Y cerró leyendo titulares de diarios: “Hoy seis de cada diez asalariados se saltean comidas, volvió el club de trueque y los argentinos comen 4,8 kilos menos que hace un año. Así llega la gente a fin de mes Milei”.

Para fustigar el proyecto de la oposición se sumó la diputada del Pro Daiana Fernández Molero, quien pidió imaginar qué sucedería en 2028 si el dictamen de minoría “del kirchnerismo y asociados” fuera aprobado esta madrugada. “Si una familia quiere cambiar la heladera, será más difícil conseguir crédito; un trabajador independiente se queda afuera del mercado de crédito, habrá tasas más altas”, ejemplificó.

“Pueden pasar todas estas cosas porque se está poniendo topes de tasas, rompiendo contratos del pasado y alterando barreras de entrada a la competencia”, agregó. “¿Les suena conocido?”, preguntó en otro pasaje para comparar el dictamen de minoría con la Ley de Alquileres derogada con el DNU 70/23, y denominó esa ley como “Lipovetzky II”. “Eso, para mí, no puede pasar”, resumió la diputada del Pro, que fustigó con dureza lo que denominó una alianza entre “los moderados y el kirchnerismo”.

NOTICIA EN DESARROLLO