Brasil — Lo que está en riesgo en toda la Amazonía si gana Bolsonaro

Este domingo 25 de octubre, Brasil escogerá su próximo presidente. La elección será entre Luiz Inácio Lula da Silva, candidato de izquierda que busca repetir por cuarta vez no consecutiva en el Palacio de la Alvorada, y Flávio Bolsonaro, candidato de derecha que ganó la primera vuelta y además es hijo de Jair Bolsonaro, expresidente condenado a 27 años de cárcel por intentar un golpe de Estado en 2022. El presidente Abelardo le ha dado públicamente su apoyo.

La decisión tiene un impacto directo en el conjunto de la Amazonía porque Brasil tiene un 60% de ese gran ecosistema, y los dos candidatos tienen visiones diametralmente opuestas sobre su manejo, con efectos ya probados en gobiernos anteriores. Esto se da en un momento en el que científicos renombrados como Johan Rockström y Carlos Nobre advierten un riesgo de que la selva continua más grande del mundo pueda convertirse en una sabana. Con esto en lugar de ser uno de los mayores sumideros de carbono, pasaría a emitir gases de dióxido de carbono. Según expertos consultados por La Silla, una presidencia de Flávio Bolsonaro aceleraría ese proceso. 

Bolsonaro se inclina por impulsar la agroindustria a gran escala en la región y flexibilizar las normas ambientales, Lula por continuar impulsando políticas de conservación, que lograron que obtuviera los niveles de deforestación más bajos de la última década. 

Mientras en Colombia la deforestación depende de actores específicos, como los grupos armados, en Brasil lo determina en gran medida el presidente de turno. La Silla consultó a varios expertos. Estas son las implicaciones que tendría una eventual victoria de Bolsonaro en la conservación del bioma y en la cooperación regional para lograrlo. 

Conservación versus deforestación

Desde su primera presidencia en 2003, Luiz Inácio Lula da Silva atacó la deforestación: estableció una política que también se extendió durante el gobierno de Dilma Rousseff y que progresivamente logró la reducción más grande que tuvo Brasil en dos décadas: la deforestación pasó de más de 25 mil kilómetros cuadrados en 2003 a poco más de 4.500 en 2012.

El 90% de la deforestación en la Amazonía brasileña es ilegal, según Nobre, y ha estado asociada a la ganadería y cultivos de soya, la mayoría con destino a China. Allá los propietarios de predios privados en la Amazonía deben conservar mínimo el 80% del bosque, además de las zonas de reserva que rodean fuentes de agua. Por encima de ese límite se considera ilegal deforestar. 

Aunque la tala, tradicionalmente, no ha estado conectada a los grupos armados ilegales —como en Colombia— Paulo Barreto del centro de investigación Imazon le contó a La Silla Vacía en 2025 que las bandas criminales, como el Comando Vermelho y el Primer Comando de la Capital (PCC), se lucran del negocio del oro y del narcotráfico y cada vez más lavan sus ganancias con la compra de tierra y ganado, lo que aumenta la deforestación.

Cuando Lula regresó al cargo en 2023, el área deforestada en la Amazonia en agosto de 2024 fue la menor en seis años. En 2024 tuvo una reducción de casi el 70% con respecto al mismo mes del 2022 cuando era presidente Bolsonaro. En el primer semestre de 2026 tuvo la cifra más baja de la última década y Carlos Nobre calcula que a final de año romperá el récord desde que se hace la medición satelital.

La política para prevenir y controlar la deforestación de la Amazonía fue puesta en marcha por el gobierno de Lula desde 2004. Articula 19 ministerios y entre sus fuertes está el monitoreo y fiscalización. Produce alertas diarias de riesgo de deforestación, degradación e incendios que reciben entidades como la agencia de protección ambiental de Brasil, Ibama, la policía federal y estatal, las fuerzas armadas y el sistema judicial.

Por ejemplo, con los monitoreos satelitales identifican donde se establece un hato de ganado, el Ibama envía a sus trabajadores y arrestan a los responsables. En 2025 tuvieron un presupuesto de 367 millones de dólares, un poco más que el de todo el Ministerio de Ambiente en Colombia en 2024, año en el que la cartera tuvo más recursos en su historia.

El gobierno brasilero también impone multas a quienes deforestan ilegalmente, embargo de áreas, destrucción de maquinaria y les impide acceder a créditos públicos. Por ejemplo entre 2023 y 2024 el Banco Nacional de Desarrollo Económico (Bndes), una institución gubernamental que financia proyectos de desarrollo, frenó más de 127 millones de dólares en préstamos a productores rurales, en tierras que fueron deforestadas ilegalmente. 

El rol de Brasil no solo es clave por sus políticas ambientales, sino también por su liderazgo internacional. Para no ir muy lejos, la Cancillería brasilera fue determinante en que se aprobara hoy avanzar en la construcción de un protocolo para combatir los delitos ambientales en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional —Untoc— (Convención de Palermo).

Por su parte, Flávio Bolsonaro ha dicho que se va a inspirar en el gobierno de su padre. En un evento de campaña adelantó que quiere flexibilizar la aplicación de las normas ambientales.

Jair Bolsonaro aumentó la deforestación durante su mandato que alcanzó un pico que no se veía hacía 15 años y subió un 60%, comparado con el promedio de su antecesor, Michel Temer. El expresidente desmanteló el sistema ambiental, redujo la aplicación de regulaciones ambientales que protegían la Amazonía, así como los monitoreos de deforestación que instauró Lula en 2004 y redujo el personal del Ibama. También cortó el presupuesto del Ministerio de Ambiente y puso a partidarios del desarrollo a cargo de las políticas de agricultura y ambiente. 

En su presidencia fueron destruidos 2 mil millones de árboles y se expandió la minería ilegal de oro. Uno de los primeros operativos que hizo el gobierno de Lula cuando llegó al poder fue en contra de cerca de 20 mil mineros que invadieron las tierras de la comunidad indígena yanomami, la más grande de Suramérica, durante la presidencia de Bolsonaro.

Flávio Bolsonaro ha dicho que quiere acabar con el acuerdo voluntario que prohíbe a los comerciantes comprar soja de tierras deforestadas y en el Estado de Pará declaró que cada propietario rural va a poder hacer lo que quiera en su propiedad. Está preparando decretos para reducir e impedir la fiscalización de los organismos ambientales en Brasil y señaló que se opone a las nuevas demarcaciones de tierras indígenas en Mato Grosso, las cuales han demostrado darle un impulso a la conservación.

La tensión entre estas dos visiones de la Amazonía se materializó en las urnas durante la primera vuelta: el bolsonarismo ganó donde más se deforesta por los cultivos de soya y la minería ilegal de oro, mientras Lula obtuvo más votos donde la selva está mejor conservada.

Aunque el gobierno de Lula avanzó en la conservación, lo hizo con un Congreso hostil a las protecciones ambientales. En 2025, pasaron un conjunto de leyes que redujeron los requerimientos y regulaciones para las licencias en la Amazonía, principalmente de infraestructura de gran escala. 

Un eventual triunfo del hijo del expresidente este domingo se sumaría a un Congreso renovado que se opone incluso más a la conservación, tras el aumento del peso del Partido Liberal de la familia Bolsonaro. Así como a siete de nueve Estados amazónicos que están gobernados hoy por el bolsonarismo.

Más cerca del punto de no retorno

El medio brasileño Sumauma menciona que la selva amazónica podría dejar de ser un ecosistema saludable si Bolsonaro llega al poder. Resalta que hay una probabilidad alta de que la selva como tal deje de existir: que deje de actuar como reguladora del clima y sumidero de carbono, que el suelo se convierta en pastizales para el ganado, monocultivos de soya, explotación minera y petrolera.

La Amazonía es el aire acondicionado del planeta: tiene aproximadamente 390 mil millones de árboles que capturan alrededor de 2,4 megatones de dióxido de carbono al año.

Claudio Angelo, coordinador de política internacional del Observatótio do Clima, resalta que un gobierno de Flávio Bolsonaro significaría que se revoquen todas las políticas que protegen la Amazonía, como ocurrió durante la presidencia de su padre. “A riesgo de parecer alarmista, la elección de Luiz Inácio Lula da Silva es lo único que existe entre nosotros y el colapso de la selva amazónica hoy”, declara.

Esto es especialmente relevante si se tiene en cuenta que la mayoría de los ocho países amazónicos están gobernados hoy por políticos de derecha que el científico Carlos Nobre califica como negacionistas del cambio climático y subordinados a Trump: Ecuador, Bolivia, Perú, Colombia y Venezuela tienen gobiernos de derecha que no priorizan la conservación entre sus políticas. “Es muy grave. Brasil tiene el 60% del bosque, es muy importante no elegir políticos negacionistas en toda la Amazonía”, dice.

Angelo explica cómo las políticas de un país afectan a otro y la importancia de que haya una acción coordinada en todo el ecosistema amazónico. Señala que en Bolivia ha habido un aumento en la deforestación por la producción agropecuaria, impulsada por la llegada de productores de soya provenientes de Brasil, dadas las restricciones en ese país y la permisividad del gobierno boliviano.

Para David Flórez, del equipo de Rainforest Foundation Norway, una agencia de cooperación noruega, es clave que la importancia económica de la Amazonía no se reduzca a lo que se extrae de ella. “La selva recicla humedad y contribuye a las lluvias que sostienen la agricultura, la energía y el abastecimiento de agua de casi toda Suramérica. Destruirla puede generar ingresos inmediatos mientras deteriora la producción y el bienestar en otros territorios”.

La cooperación regional por la conservación de la Amazonía se va a afectar

La Organización del Tratado para la Cooperación Amazónica —Otca— es la única plataforma internacional en el mundo organizada alrededor de un ecosistema. Se creó hace 31 años, pero apenas salió de un estado de estancamiento y de pocos resultados tras el impulso que le dieron Petro y Lula, con la cumbre de presidentes en Bogotá en 2025 y la de Belém do Pará en 2023. De allí salió la Declaración de Belém con 113 metas que hoy son el derrotero de la coordinación entre países amazónicos. Las cumbres se celebran cada dos años y la próxima será en Ecuador en 2027.

La Cumbre de Bogotá duró cinco días en los que se presentó el trabajo que hicieron los países desde la reunión en Belém de 2023 y se adoptaron nuevas decisiones, como la creación de una Comisión de Seguridad Pública para coordinar las acciones en seguridad de los países y el Mecanismo Amazónico de los Pueblos Indígenas (Mapi). Es una instancia inédita de cogobierno con las organizaciones indígenas para participar en las decisiones de ese organismo multilateral. También se avanzó en un acuerdo vinculante para la trazabilidad del oro.

Para todos estos logros fue clave la llave que hicieron Lula y Petro frente a la oposición de otros países como Perú. Aunque estos líderes políticos tenían visiones diferentes sobre la explotación de hidrocarburos incluso en el bioma amazónico como fuente de ingresos y de financiación de la transición energética, coincidían en el impulso que por otras vías había que darle a la protección de la región. Recientemente, con apoyo del gobierno brasilero, Petro había avanzado en la estructuración de un proyecto de fibra óptica en Amazonas y Putumayo, que el nuevo gobierno de De la Espriella congeló.   

Para David Flórez, quien dio apoyo técnico en el acuerdo de la Otca para incluir a las comunidades indígenas, la presidencia de Flávio Bolsonaro podría debilitar la cooperación amazónica y la disposición de Brasil para construir acuerdos regionales, si la protección ambiental se vuelve un obstáculo para el crecimiento.

“Por su dimensión territorial, su peso económico y su capacidad diplomática, las decisiones de Brasilia condicionan en distintos grados las posibilidades de sus vecinos de proteger la cuenca y responder a desafíos compartidos”. También advierte que abandonar los acuerdos no es la única ruta con la que se podría perjudicar a la Amazonía: Brasil podría mantener formalmente los acuerdos, pero recortar su presupuesto y así debilitar su aplicación. Para él es clave vigilar qué sucederá con la capacidad de las instituciones, el intercambio de información y la cooperación fronteriza.

“Creo que lo que va a pasar es que esa agenda no va a tener ninguna importancia, pero el tratado (refiriéndose al Tratado de Cooperación Amazónica) va a seguir ahí, solo que Brasil no hará nada para implementarlo: ni los puntos de la Declaración de Belém, ni los compromisos de Leticia, ni nada”, complementa Claudio Angelo.

Aún así, Flórez resalta que la cooperación es clave y continuará creciendo, incluso si disminuye la voluntad política. “Hay que tener en cuenta que cooperar también es responder a intereses nacionales concretos. Las sequías afectan el transporte y el abastecimiento; los incendios, la salud; la minería ilegal contamina ríos compartidos y alimenta redes criminales. Las consecuencias alcanzan a las poblaciones rurales y urbanas, y ningún gobierno puede resolverlas únicamente dentro de sus fronteras”, señala.

Específicamente sobre la Otca y el Mecanismo Amazónico de los Pueblos Indígenas menciona que la presidencia de Bolsonaro pondría a prueba la continuidad de esos acuerdos. Resalta que aunque se reúna el Mecanismo, podría perder influencia si sus propuestas no se convierten en decisiones y que es difícil que se fortalezca el diálogo regional si se debilitan las garantías territoriales en Brasil. “Una región de dimensión continental necesita convertir su peso ambiental y económico en capacidad de acción e interlocución global”, acota.

Uno de los impulsos más recientes de Brasil a la región fue la creación del mecanismo financiero de bosques por siempre —Tfff— que busca que los países que tienen más bosques reciban dinero por mantenerlos en pie. Al Fondo ya se vincularon 53 países entre donantes y beneficiarios y ha recaudado más de 5.500 millones de dólares. La meta son 25 mil millones de dólares provenientes de recursos públicos de países inversionistas. Y, entre 100 y 125 mil millones de dólares más, de inversionistas privados. Ante un eventual triunfo de Bolsonaro su impulso también quedará en veremos.