Comunidades advierten riesgos ante posibles operaciones en Chiribiquete

Hoy, la Asamblea del Guaviare realizó una audiencia pública sobre la problemática social y de deforestación en la parte norte del Parque Nacional Serranía del Chiribiquete. Allí, representantes de las comunidades campesinas rechazaron el anuncio que hizo el Ministerio de Ambiente de retomar las operaciones militares en ese Parque Natural para frenar la deforestación. 

“Rechazamos una posible reactivación del Plan Artemisa o esa misma lógica en áreas protegidas, cuando estas puedan traducirse en medidas de fuerza contra las comunidades campesinas, sin atender las causas profundas de la problemática”, dijo la lideresa Paola Mahecha, en nombre de la Asociación de Campesinos Trabajadores del Río Guayabero (Ascatragua). “No se trata de desconocer la importancia de proteger nuestros bosques, sino de entender que no se puede proteger la selva vulnerando los derechos de las comunidades”, agregó.

¿De qué estamos hablando? Solo entre enero y febrero se deforestaron 740 hectáreas de selva en el Parque Nacional Serranía del Chiribiquete, de acuerdo con el monitoreo de Parques Nacionales, lo que igualó en dos meses el acumulado del año pasado. El frente que más está creciendo está en la parte norte, entre los municipios de San José del Guaviare, Calamar y La Macarena, donde avanza una vía que en 2025 se extendió 60 kilómetros. 

La nueva administración le confirmó a La Silla Vacía que va a reactivar las operaciones militares, pero con ajustes respecto a otras que se han desarrollado en el pasado, como la operación Artemisa. “El Estado no puede resignarse a que un Patrimonio de la Humanidad quede en manos de estructuras criminales”, dijo el Ministerio de Ambiente  a La Silla Vacía.

Sin embargo, campesinos de la zona dicen que la reactivación de las operaciones puede poner en riesgo los derechos humanos de la población que habita al interior del parque. “Nos preocupa que los discursos de seguridad y las exigencias de resultados puedan terminar poniendo en riesgo la vida y la integridad de la población civil”, dijo la lideresa. 

La Asociación reafirmó el compromiso con la conservación de la Amazonía y pidió que las políticas ambientales se definan a partir del diálogo con las comunidades campesinas. “La presencia campesina en estas áreas no puede abordarse únicamente desde una perspectiva de restricción o control ambiental, sino que debe considerar las condiciones históricas de ocupación, las relaciones de arraigo, las formas de vida, las prácticas productivas y las necesidades sociales de las familias que allí habitan”. 

Piden a las entidades públicas instalar mesas de diálogo para abordar las problemáticas de familias que habitan en áreas protegidas. 

Al interior de la parte norte de Chiribiquete habitan más de 180 familias. El gobierno Petro avanzó con un proceso de caracterización para buscar soluciones que permitieran el traslado de las familias fuera del parque. Por su parte, el gobierno actual aún no ha dicho cuál va a ser su respuesta a la situación. 

Por ahora, el Ministerio de Ambiente le dijo a La Silla Vacía que las operaciones en Chiribiquete serán “una combinación de varias acciones: despliegue de presencia operativa interinstitucional (Parques Nacionales Naturales, Fuerza Pública, Fiscalía y ANT) en los Núcleos Activos de Deforestación; intervención de la malla vial ilegal, ya que esta es un claro indicador del aumento de la deforestación que se ha venido presentando posteriormente a la construcción de estas vías; e identificación y judicialización de los determinadores de la deforestación y sus diferentes motores asociados”. 

Parte del rechazo de la comunidad se debe a la Operación Artemisa que se implementó en el gobierno de Iván Duque. La estrategia ha sido cuestionada por haber minado la confianza entre el Estado y las comunidades y haber judicializado a campesinos. Más aún cuando en el único operativo que hizo el gobierno Petro, revivieron denuncias similares. 

Ahora bien, el Ministerio ha manifestado que el abordaje de la problemática será integral y no solo militar. “La operación militar, por sí sola, no resuelve el problema si no va acompañada de una gobernanza territorial sostenida”, dijo el Ministerio por escrito en septiembre pasado.