Oficialismo respalda a Rabat y atribuye rebajas de condenas a vacíos legales y fallos judiciales

Los presidentes de los partidos oficialistas respaldaron este viernes al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, luego de reunirse con el Presidente José Antonio Kast para analizar la controversia por las rebajas de condenas concedidas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad.

En el encuentro participaron los dirigentes del Partido Republicano, la Unión Demócrata Independiente (UDI), Renovación Nacional (RN), Evópoli y el Partido Cristiano de Chile, quienes abordaron las responsabilidades institucionales y las medidas legislativas destinadas a impedir que estos beneficios vuelvan a otorgarse.

Tras la reunión, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, defendió la actuación de Rabat y sostuvo que la firma de los decretos respondió al cumplimiento de obligaciones legales, más que a una decisión discrecional del secretario de Estado.

El senador explicó que las solicitudes de reducción de condenas son examinadas por comisiones encargadas de resolver sobre los beneficios, mientras que al ministro le corresponde formalizar administrativamente las decisiones mediante la firma de los decretos.

Según Squella, negarse a suscribir esas resoluciones podría haber expuesto al titular de Justicia a cuestionamientos por incumplimiento de sus deberes constitucionales y legales.

En ese contexto, rechazó los llamados de la oposición a presentar una acusación constitucional contra Rabat y manifestó que el ministro cuenta con el respaldo del Partido Republicano.

Squella sostuvo que la legislación aprobada en 2022 buscaba excluir de estos beneficios a personas condenadas por delitos sexuales contra menores, pero que las interpretaciones judiciales posteriores han permitido su aplicación en determinados casos.

Por ello, planteó que la solución consiste en modificar la normativa para eliminar las controversias interpretativas y revisar otros aspectos del sistema de beneficios penitenciarios.

En paralelo, el ministro Rabat anunció este viernes la suspensión de la tramitación de nuevos decretos de reducción de condenas para personas sentenciadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, junto con la preparación de iniciativas legislativas para impedir que se repitan situaciones similares.

Por su parte, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, afirmó que existe consenso político en que quienes cometen delitos sexuales contra menores no deberían acceder a mecanismos que permitan anticipar su salida de prisión.

Sin embargo, atribuyó la controversia principalmente a deficiencias en la redacción de la legislación y a la interpretación que han realizado los tribunales respecto de su aplicación a condenas anteriores.

«La primera responsabilidad es de la ley que no fue lo suficientemente clara. La segunda responsabilidad es de los tribunales de justicia», sostuvo Ramírez.

El dirigente gremialista solicitó al Ejecutivo otorgar discusión inmediata a un proyecto que establezca expresamente la exclusión de estos beneficios, independientemente de la fecha en que se hayan cometido los delitos.

Asimismo, descartó que la situación justifique la salida de Rabat del gabinete y destacó su gestión legislativa y disposición al diálogo con el Congreso.

Ramírez también cuestionó que la administración anterior no hubiera impulsado una solución definitiva a las dificultades de interpretación de la normativa.

La defensa oficialista contrasta con las críticas formuladas por sectores de oposición y organizaciones vinculadas a la protección de la infancia, que han cuestionado el cambio de criterio administrativo del Ministerio de Justicia y solicitado revisar los decretos ya emitidos.

Durante la reunión con Kast también se abordó la participación de Chile en iniciativas internacionales de cooperación contra el crimen organizado.

Según informó Ramírez, los dirigentes oficialistas plantearon al Presidente la conveniencia de que el país se incorpore a una alianza internacional destinada a fortalecer la coordinación policial y enfrentar el narcotráfico y otros delitos transnacionales.

El planteamiento surgió después de que trascendieran posibles reparos del Gobierno a esa iniciativa. Los dirigentes defendieron la cooperación internacional como una herramienta para enfrentar organizaciones criminales que operan en distintos países. (NP-ChatGPT-Emol)