PC exige a Kast la renuncia de Rabat y anular rebajas de penas a abusadores de menores

El Partido Comunista (PC) exigió al Presidente José Antonio Kast solicitar la renuncia inmediata del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, por el cambio de criterio administrativo que permitió reducir las condenas de 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad.

Mediante una declaración pública, la colectividad opositora acusó al secretario de Estado de actuar con indiferencia frente a las víctimas y de no asumir responsabilidades políticas por las resoluciones adoptadas durante su gestión.

El PC sostuvo que la legislación aprobada en 2022 estableció restricciones a los beneficios de reducción de condenas para responsables de violaciones y abusos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, como resultado de un acuerdo político transversal.

Según la declaración, entre marzo y septiembre de 2026 el ministro firmó 56 decretos que beneficiaron a 29 condenados por violación y 27 por abuso sexual de menores, sin que esas resoluciones fueran consecuencia de órdenes judiciales específicas.

La colectividad cuestionó que el Ministerio de Justicia modificara el criterio aplicado durante los gobiernos de Sebastián Piñera y Gabriel Boric, cuando las solicitudes eran rechazadas administrativamente y los interesados debían recurrir a los tribunales.

Asimismo, criticó que las decisiones se adoptaran sin informar previamente a las víctimas ni a sus familias y que Rabat haya manifestado su intención de mantener la interpretación jurídica que fundamentó los decretos.

En ese contexto, el Partido Comunista afirmó que el ministro «ha demostrado ser indolente con las víctimas y no ha asumido ninguna responsabilidad», por lo que demandó su salida del gabinete.

Además de la renuncia, la colectividad solicitó restablecer el criterio administrativo anterior, rechazando las peticiones de rebaja de condenas por delitos sexuales contra menores de edad.

También pidió revisar los decretos ya emitidos y dejarlos sin efecto en todos aquellos casos en que el ordenamiento jurídico lo permita.

Otra de las exigencias consiste en informar individualmente a las víctimas y sus familias sobre la situación penitenciaria de sus agresores, junto con adoptar medidas destinadas a garantizar su protección.

El partido cuestionó que la respuesta del Ejecutivo se concentre en promover nuevas modificaciones legislativas, argumentando que el Ministerio de Justicia dispone de facultades para cambiar su actual práctica administrativa.

«Para dejar de firmar estos decretos no hace falta una nueva ley, hace falta voluntad», señaló la declaración.

Finalmente, el PC manifestó su respaldo a las acciones parlamentarias que impulse su bancada de diputados para establecer responsabilidades políticas y evitar que se repitan decisiones de esta naturaleza.

La ofensiva de la colectividad se suma a los cuestionamientos que enfrenta Rabat desde distintos sectores de la oposición. El ministro, por su parte, ha defendido las resoluciones señalando que se ajustan a la Constitución, las leyes y la jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia. (NP-ChatGPT-La Tercera)