
La Escuela Primaria N.º 291 de Aguada Toledo, en Neuquén, permanecerá cerrada hasta fines de febrero por razones de sanidad ambiental. La decisión se tomó después de semanas sin clases y sin información pública precisa sobre el alcance de la contaminación que afecta a la zona.
El establecimiento está ubicado en el área hidrocarburífera Loma La Lata–Sierra Barrosa, donde opera YPF. A unos 1.100 metros funcionan instalaciones señaladas por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) como una fuente importante de emisiones de metano.
La comunidad educativa fue trasladada a Challacó, a unos 30 kilómetros, por caminos de ripio deteriorados. El cambio implica más de cuatro horas diarias de transporte para estudiantes que ya enfrentaban dificultades para acceder a la educación rural.

Cierre escolar y falta de información ambiental
El cierre comenzó tras las vacaciones de invierno, cuando un temporal agravó el estado de los caminos y el edificio se quedó sin gas el 18 de agosto. Durante semanas, las autoridades educativas atribuyeron el problema al consumo acelerado del suministro, mientras familias y docentes reclamaban respuestas.
El 21 de septiembre, después de diez semanas sin clases, la comunidad fue informada de que la escuela permanecería inhabilitada hasta febrero. Una comunicación interna posterior vinculó la medida con actuaciones de la Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales y con tareas de mitigación que deberá realizar YPF.
Según esa nota, la empresa también quedó a cargo del estudio y monitoreo de la calidad del aire. Organizaciones ambientales cuestionaron que la responsabilidad técnica y socioambiental se delegue en la compañía involucrada, mientras no se conocen evaluaciones independientes sobre los posibles efectos en la salud.
Metano: una amenaza climática y sanitaria
Un informe publicado en junio de 2026 por el Observatorio Internacional de Emisiones de Metano del PNUMA ubicó a la Argentina en el puesto 49 por una fuga detectada en tanques de YPF en Sierra Barrosa. El monitoreo satelital registró emisiones de manera reiterada entre mayo de 2025 y mayo de 2026.
El metano es un potente gas de efecto invernadero: su capacidad de calentamiento es aproximadamente 82,5 veces mayor que la del dióxido de carbono en un período de 20 años. Además, las actividades hidrocarburíferas pueden liberar otros contaminantes, incluidos óxidos de nitrógeno, partículas finas, ácido sulfhídrico y compuestos BTEX.
Aunque la provincia informó que realizó mediciones cerca de la escuela y no detectó inconvenientes relacionados con los mecheros, especialistas cuestionaron la idoneidad del instrumento utilizado. Advirtieron que se emplea principalmente para seguridad laboral y sanitaria en ambientes cerrados, por lo que sus resultados no bastan para descartar riesgos ambientales.

Vaca Muerta: décadas de explotación y conflictos ambientales
Loma La Lata–Sierra Barrosa comprende cerca de 2.000 kilómetros cuadrados y produce hidrocarburos convencionales y no convencionales. La explotación, operada por YPF, se desarrolla desde hace décadas y convive con pozos, instalaciones de venteo y quema de gas, plantas de procesamiento, ductos y equipos de compresión.
Los registros oficiales de Neuquén documentaron 49 incidentes ambientales en Aguada Toledo y 26 en Loma La Lata durante 2019. Asimismo, en noviembre de 2017 se informaron episodios de emisiones de gas en Aguada Toledo, uno de ellos de 80.000 metros cúbicos diarios, sin precisar cuánto tiempo duró.
La expansión hidrocarburífera, incluida la asociada con Vaca Muerta, plantea interrogantes sobre la convivencia entre la actividad industrial, las comunidades rurales y los ecosistemas. En este caso, las organizaciones reclamaron aplicar el principio precautorio y exigir controles suficientes antes de descartar impactos.
Ventajas de una respuesta ambiental transparente
Una evaluación independiente de la calidad del aire permitiría identificar las fuentes de emisión, determinar posibles riesgos y establecer medidas de prevención y remediación verificables. Además, la publicación de los resultados ayudaría a que las familias conozcan las condiciones ambientales en las que viven y estudian.
La vigilancia continua y la reducción de fugas también contribuirían a limitar el calentamiento global y la exposición a contaminantes asociados a la producción de hidrocarburos. Para ello, resulta fundamental que los controles sean transparentes y no dependan exclusivamente de las empresas responsables de las instalaciones.
Mientras tanto, la comunidad de Aguada Toledo continúa esperando explicaciones claras. El desafío es proteger la salud y garantizar el derecho a la educación sin que el traslado de estudiantes sustituya la investigación ambiental ni las obligaciones de prevención y reparación.
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