Seguridad: cuando el control militar y punitivo ignora la vida de las mujeres

Columna escrita por Gihomara Aristizábal Morales, columnista invitada.

Frente al actual gobierno y los discursos que dominan la agenda pública, es urgente plantear una pregunta incómoda: ¿qué significa hablar de seguridad, defensa y justicia en un país donde los cuerpos de las mujeres y de las personas Lgbtiq+ siguen siendo campos de batalla?

Al revisar las propuestas del debate político, llama la atención el peso desmedido de las recetas tradicionales: recuperar la autoridad estatal mediante el fortalecimiento militar, el endurecimiento penal y la construcción de megacárceles. En paralelo, se lanzan metas ambiciosas como reducir en un 40 % los feminicidios y en un 30 % las violencias basadas en género. Son metas necesarias, pero abren un dilema central: ¿cómo se pretende alcanzarlas realmente?

El riesgo inminente es caer en la trampa habitual: seguir entendiendo la seguridad únicamente como fuerza, control delictivo y despliegue militar o policial, ignorando las desigualdades estructurales que sostienen la violencia. La experiencia histórica demuestra que la militarización de la vida civil y el endurecimiento punitivo no protegen a las mujeres; por el contrario, suelen intensificar las violencias de género y profundización del despojo. Garantizar la seguridad exige asegurar las condiciones para ejercer derechos, vivir una vida libre de violencia y participar plenamente en la democracia, reconociendo las vulnerabilidades específicas de las mujeres y la población Lgbtiq+.

El problema no es solo la violencia: es quién controla la vida y los territorios

La inseguridad en nuestras regiones no se reduce a la presencia de delitos o estructuras armadas; está anclada en desigualdades de poder. Es el sistema patriarcal, en complicidad con las economías extractivistas y criminales, el que permite que ciertos actores controlen la vida, las decisiones y los cuerpos de las mujeres mediante la intimidación, la explotación y la violencia.

En ciudades como Medellín, las economías ilegales conviven cotidianamente con la presencia institucional sin que se rompa formalmente el orden público. Esta convivencia obliga a cuestionar qué significa “recuperar la autoridad” y quién ejerce el poder efectivo sobre la comunidad.

Asimismo, en zonas de expansión minera o megaproyectos extractivos, las disputas por el control territorial producen formas graves de violencia —como la trata de personas, el desplazamiento forzado y la desaparición de mujeres y niñas—. Tratar a las mujeres como botín de guerra como bien lo dice Rita Segato o mercancía, es una dinámica que el modelo carcelario y militar no logra detener. Por ello, cualquier decisión sobre proyectos extractivos o políticas de desarrollo debe evaluar de antemano sus impactos y riesgos diferenciados sobre las mujeres.

Instituciones fragmentadas: el laberinto de la impunidad

Transformar la seguridad no exige crear más burocracia ni caer en el populismo punitivo de aumentar penas sin estrategia. El verdadero obstáculo es la profunda desarticulación institucional.

Actualmente, una mujer en situación de riesgo debe enfrentar un viacrucis revictimizante: recorrer la comisaría de familia, el sistema de salud y la Fiscalía, contando una y otra vez su historia. Cada entidad actúa de forma aislada y fragmenta la responsabilidad. El resultado es el agotamiento de la víctima y una respuesta estatal que llega cuando el daño es irreversible.

El reto urgente es lograr que las instituciones funcionen como un sistema coordinado. Colombia ya cuenta con los instrumentos para hacerlo; el cuello de botella es la voluntad política y presupuestal para aplicarlos:

El Decreto 1476 reglamenta el Sistema Nacional de Registro, Atención, Seguimiento y Monitoreo de las Violencias Basadas en Género. Su valor diferencial es que no es un registro pasivo; incluye valoración temprana del riesgo, seguimiento especializado, activación de medidas de emergencia y coordinación para la prevención. La Resolución 860, establece medidas de subsidiariedad (vivienda, alimentación y apoyos económicos) para mujeres en todas sus diversidades en riesgo de feminicidio. La dependencia económica es una cadena letal: ninguna política de seguridad será efectiva si una mujer se ve obligada a permanecer con su agresor por no tener un techo o cómo alimentar a sus hijos. Finalmente, el Decreto 1710 de 2020 da línea a los Mecanismos Articuladores entre los sectores de salud, justicia y protección. Sin embargo, persisten serias fallas de coordinación, especialmente en la participación activa y oportuna de la Fiscalía.

De contar cuerpos de mujeres a medir la gestión del riesgo

Medir el éxito o fracaso de la seguridad únicamente por el número de feminicidios al final del año es una postura cínica y descarada, significa evaluar la política pública cuando la víctima ya ha sido asesinada, muchas de ellas madres. Exigimos un giro radical hacia la prevención estructural.

Si el gobierno pretende cumplir la meta de reducción del 40 %, debe evaluar la capacidad del Estado para identificar y gestionar el riesgo a tiempo mediante indicadores clave:

• ¿Qué porcentaje de casos de alto riesgo se valora en menos de 24 horas?
• ¿Qué porcentaje de mujeres identificadas en riesgo recibe seguimiento especializado y periódico?
• ¿Se entregan de manera oportuna las medidas de protección y los apoyos de subsidiariedad?
• ¿Cuánto tiempo tardan las instituciones en activar la respuesta coordinada tras la denuncia?
• ¿En qué medida disminuyen las violencias basadas en género respecto a la línea base nacional?

Cinco propuestas indispensables para el Plan Nacional de Desarrollo

Para evitar retrocesos disfrazados de “modernización de la seguridad”, el próximo Plan Nacional de Desarrollo debe consolidar una política de prevención con recursos garantizados y metas auditables:

1. Implementar y financiar el Sistema Nacional de Registro (Decreto 1476), pasar de la captura de datos a la gestión preventiva del riesgo.
2. Garantizar la autonomía económica y las medidas de subsidiariedad (Resolución 860), proteger los fondos para vivienda y alimentación de mujeres en riesgo extremo.
3. Exigir rendición de cuentas a los mecanismos articuladores (Decreto 1710 de 2020) vincular de forma obligatoria a la Fiscalía y a las autoridades locales.
4. Adoptar indicadores de gestión del riesgo feminicida, evaluar el desempeño institucional desde la velocidad de atención hasta la efectividad de las medidas de protección.
5. Incorporar un enfoque territorial, interseccional y feminista, es vital atender los impactos específicos que generan las armas, el extractivismo y el control territorial sobre mujeres y personas Lgbtiq+.

La seguridad no se mide por el número de celdas construidas ni por el despliegue de tropas en las calles, sino por la garantía de que las mujeres y personas Lgbtiq+ podamos habitar el territorio libres de violencia.

Gihomara Aristizábal Morales

Trabajadora social, Magíster en Educación y Derechos Humanos, estudiante de doctorado en Ciencias Humanas y Sociales Universidad Nacional. Miembra de Amassuru (Red de Mujeres en Seguridad y Defensa de América Latina y el Caribe).