SIP pondera libertad de prensa en Uruguay pero alerta por crisis económica

Las condiciones favorables para el ejercicio de la libertad de prensa y de expresión que mantiene Uruguay fueron destacadas por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que, por otra parte, hizo hincapié en la situación económica que viven los medios de comunicación y alertó que ello pone en riesgo su sostenibilidad.

En el marco de la 82 Asamblea General, celebrada en Bogotá, la SIP señaló que, transcurrido un año y medio del gobierno encabezado por Yamandú Orsi, los medios, periodistas y usuarios de redes sociales pudieron desarrollar sus actividades sin obstáculos significativos.

“No se produjeron hechos graves que afectaran de manera sustancial la libertad de expresión o el derecho a la información”, puntualizó en su informe sobre Uruguay.

Más allá de esto, apuntó que algunos episodios ocurridos “merecen seguimiento por sus posibles efectos sobre el ejercicio del periodismo independiente y el debate público”.

En ese sentido, recordó que en junio se generó una controversia en el marco de una entrevista que hizo El Observador a la senadora del oficialista Frente Amplio Bettiana Díaz.

“El periodista le consultó sobre una publicación de carácter personal que la legisladora había realizado previamente en redes sociales. Díaz cuestionó la pertinencia de la pregunta y sostuvo que el abordaje respondía a un sesgo de género y constituía una intromisión en su vida privada”, indicó la SIP.

Añadió que este episodio “generó cuestionamientos públicos de sectores del oficialismo, organizaciones sociales cercanas al gobierno y la Asociación de la Prensa del Uruguay respecto del abordaje realizado por el periodista durante su cobertura”.

“Si bien no se produjo una medida formal de censura o restricción, este tipo de situaciones puede incidir de manera negativa en el ejercicio profesional”, remarcó la SIP en su informe.

Por otro lado, detalló que la senadora oficialista Blanca Rodríguez planteó en setiembre la necesidad de penalizar lo que calificó como “discurso de odio” difundido “en las redes, en los podios y en los micrófonos”.

“Uruguay contempla en su Código Penal el delito de incitación al odio, que sanciona la incitación pública al odio, desprecio o violencia contra personas por motivos relacionados, entre otros, con el color de piel, raza, religión, origen nacional o étnico, orientación sexual o identidad sexual. Cualquier eventual ampliación de estas disposiciones debería analizarse a la luz de las garantías sobre libertad de expresión y de prensa reconocidas por el sistema interamericano de derechos humanos”, enfatizó la SIP.

Finalmente, subrayó que a dichos episodios “se suma la situación económica que atraviesan diversos medios de comunicación, que ha provocado la pérdida de puestos de trabajo en el sector e inquietud sobre la sostenibilidad de la industria en momentos de disrupción causada por la inteligencia artificial”.

EFE