“Vemos un retroceso importante de la Corte en materia de transparencia”, lamenta abogada

Cecilia Pérez, profesional del foro, se refirió a los casos en los que la Corte Suprema de Justicia demuestra un grave retroceso en cuanto a la transparencia a la hora de rendir cuentas al ciudadano. La reunión secreta con líderes políticos, la “mafia de pagarés” y presuntos cobros indebidos por parte de la esposa de un ministro forman parte de una agenda que preocupa.

“El caso mismo de la reunión secreta es una prueba de la falta de cultura de transparencia que se ha instalado en este gobierno y, en este caso, vemos un retroceso por parte de la Corte”, señaló.

En ese sentido, recordó que había sido la propia Corte Suprema de Justicia la que fortaleció la transparencia con una Acción de Inconstitucionalidad que permitió el acceso ciudadano a las planillas de cobro en la Municipalidad de San Lorenzo, en el caso “Vargas Telles”.

Tras publicaciones de El Observador, la Corte tuvo que reconocer que consignó como universitaria a su actual directora general de Garantías Constitucionales, María Verónica Sienra de Benítez, cuando en realidad es bachiller. La funcionaria es esposa del ministro de la Corte, Dr. Luis María Benítez Riera.

Pese a que la ley concede un plazo máximo de 15 días hábiles para responder los pedidos de información pública, la Corte contestó fuera de plazo los pedidos sobre Sienra. Posteriormente, nuestro medio reveló que la mujer cobró bonificaciones en concepto de grado académico cuando no le correspondía.

La Corte contestó a nuevos pedidos de acceso a la información pública con una planilla que establecía que Sienra devolvió mes a mes lo que iba cobrando en contra de la norma. Sin embargo, pese a que se consignaron los números de las boletas de depósito, no figuraban las fechas en las que se llevaron a cabo las devoluciones.

Tras la insistencia, y nuevamente fuera de plazo, el Alto Tribunal tuvo que reconocer que Sienra devolvió los montos recién este año y en fecha posterior a las publicaciones de El Observador. La funcionaria alegó desconocimiento de la situación y la Corte no informó sobre ninguna investigación al respecto.

El 13 de agosto de este año, se produjo la devolución de los montos cobrados por Sienra, mientras que el 26 de agosto la Corte emitió un dictamen defendiendo su idoneidad para ocupar un alto cargo administrativo sin preparación universitaria. En dicho documento se ocultó lo que había cobrado de manera indebida.

El informe sobre las devoluciones fue elaborado por Aníbal Ismael Acosta Conde, tesorero de la Corte y, presuntamente, pariente del juez Martín Acosta Conde, quien fue sumariado por el Alto Tribunal por sus actuaciones en el marco del esquema conocido como “mafia de pagarés”.

“Ahora entendemos que la Corte se tarde tanto en tomar medidas en relación con la mafia de los pagarés. Hay magistrados que tendrían sospechas de cometer irregularidades en este contexto y resulta que el resto de la parentela está trabajando con la gente de la corte en la parte administrativa”, arremetió Pérez.