
El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, reveló ayer que varios integrantes del gabinete del presidente Rodrigo Paz también recibieron amenazas de distinta índole, en un contexto marcado por las denuncias de intimidación contra el mandatario y su entorno familiar.
“Es evidente que sí. Se han recibido este tipo de amenazas de diferente índole, la hemos recibido diferentes actores del gabinete, porque estamos trastocando intereses”, manifestó Aramayo durante una entrevista con radio Panamericana.
La autoridad sostuvo que las intimidaciones no modificarán las decisiones del Gobierno ni frenarán las acciones destinadas a combatir las organizaciones criminales. Según explicó, las medidas impulsadas por la administración de Paz afectan intereses de grupos que operan al margen de la ley y que, presuntamente, mantienen vínculos con diferentes estructuras de poder.
Las declaraciones se producen después de que el presidente denunciara amenazas de muerte en su contra y alertara sobre posibles riesgos para su familia. El mandatario señaló anteriormente que recibió intimidaciones antes de viajar a Cobija, Pando, en medio de operativos contra organizaciones criminales.
Aramayo insistió en que el Estado debe garantizar la seguridad de las autoridades y de todos los ciudadanos, incluidos jueces, fiscales y funcionarios que participan en investigaciones contra actividades ilícitas. También remarcó que las amenazas no pueden situarse por encima de la Constitución ni de las leyes.
El Gobierno ha señalado que las denuncias deben ser investigadas por el Ministerio Público para identificar a los responsables y establecer el origen de las intimidaciones. Sin embargo, hasta el momento no se ha informado públicamente sobre la identificación de los autores de las amenazas denunciadas por los miembros del Ejecutivo.
El caso abre un nuevo frente para la administración de Rodrigo Paz, que ha colocado la lucha contra el narcotráfico, la corrupción y el crimen organizado entre sus principales prioridades. Mientras avanzan las investigaciones, el Ejecutivo asegura que mantendrá sus acciones y que las intimidaciones no condicionarán las decisiones gubernamentales.
Las autoridades deberán establecer si las amenazas denunciadas están relacionadas entre sí y si existe una conexión directa con los operativos realizados contra organizaciones criminales.
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REDACCIóN CENTRAL
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