Exfuncionarias denuncian a Zenaida Delgado por presuntos cobros para acceder a nombramientos en el Senado

• Tres exfuncionarias del entorno de la senadora Zenaida Delgado denunciaron presuntas exigencias de dinero para acceder a nombramientos permanentes en el Senado, con montos que alcanzarían los G. 100 millones.
• Una de las denunciantes aseguró haber entregado G. 50 millones obtenidos mediante préstamos. Las mujeres afirman contar con mensajes y comprobantes que respaldarían sus testimonios.
• Las exfuncionarias también señalaron presuntas amenazas de despido y represalias ante la negativa de pagar. La legisladora anunció que presentará sus aclaraciones por las vías institucionales y manifestó su disposición a colaborar con el Ministerio Público.

Tres exfuncionarias del entorno de la senadora Zenaida Delgado denunciaron presuntas exigencias de dinero a cambio de acceder a nombramientos permanentes en el Senado, con montos que llegarían a G. 100 millones.

Una de las denunciantes afirmó haber entregado G. 50 millones a la legisladora, luego de recurrir a préstamos del Banco Nacional de Fomento (BNF) y de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Congreso. Otras relataron pedidos de dinero y presiones que, según sostienen, incluían amenazas de perder sus puestos de trabajo.

La senadora anunció que no responderá a las acusaciones a través de los medios de comunicación ni de las redes sociales, y que presentará sus aclaraciones ante sus colegas por las vías institucionales.

Las denuncias surgieron a partir de una investigación periodística que recogió testimonios de mujeres que trabajaron en el entorno de Delgado. Según los relatos, los presuntos cobros se habrían realizado tanto para acceder a nombramientos permanentes como mediante la entrega periódica de bonificaciones salariales.

Una exasesora que ingresó al Senado el 1 de julio de 2023 sostuvo que debía entregar mensualmente los G. 1.350.000 que recibía en concepto de bonificación. Explicó que su salario base rondaba los G. 4,5 millones y que el dinero adicional debía llegar a la legisladora o a personas que actuarían en su nombre.

La mujer describió la situación como un “asalto a mano armada” y aseguró que negarse a pagar podía significar la pérdida del empleo y otras represalias. Afirmó, además, que dispone de evidencias sobre los cobros que presuntamente se realizaban a través de intermediarios.

Otro de los testimonios corresponde a una funcionaria que obtuvo su nombramiento permanente en julio de 2025, con un salario aproximado de G. 4 millones. Según su denuncia, le habrían solicitado G. 50 millones para gestionar su permanencia en el cargo, pero solo pudo reunir G. 15 millones mediante un préstamo.

La mujer relató que en agosto de 2026 recibió un mensaje que interpretó como una nueva exigencia económica: “Cincuenta ahora y en diciembre otro cincuenta”. También señaló que una abogada le entregó un documento que consideró una advertencia para que no hablara sobre el caso. Según su versión, firmó el escrito cuando ya había recibido un preaviso de 45 días.

Una tercera exfuncionaria, que ingresó como contratada en octubre de 2023 y fue nombrada permanentemente en 2025, denunció que le exigieron G. 50 millones después de concretarse su nombramiento. Aseguró que el pedido no le había sido comunicado antes de iniciar el trámite y que la exigencia se planteó indirectamente en la vivienda de la senadora.

De acuerdo con su relato, en agosto de 2025 obtuvo un préstamo de G. 50 millones del BNF y entregó G. 30 millones en efectivo a Delgado, mientras conservó el resto para otros gastos. Meses después, en noviembre, la legisladora le habría pedido que firmara otro crédito en la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Congreso, en el que figuró como codeudora.

La denunciante afirmó que retiró el dinero y entregó personalmente los G. 20 millones restantes a la senadora. Según su versión, inicialmente Delgado se habría comprometido a cubrir esa parte del préstamo, pero en enero de 2026 comenzaron los descuentos correspondientes y la legisladora se negó a hacerse cargo del pago.

Los testimonios también mencionan presuntas exigencias de entre G. 50 millones y G. 100 millones a otras funcionarias para obtener cargos permanentes. Una de las mujeres aseguró que algunas compañeras ya habrían pagado esos montos y sostuvo: “Tengo compañeras que ya le pagaron a ella por un nombramiento. También hay pruebas sobre eso”.

Las denunciantes señalaron que las exigencias habrían afectado a entre 15 y 20 personas vinculadas al Congreso. Además de los pagos, describieron un supuesto sistema de presiones que incluiría amenazas de desvinculación, intimidaciones y documentos destinados a evitar que las afectadas hablaran sobre lo ocurrido.

Los relatos se suman a denuncias similares que, según los antecedentes mencionados, legisladoras de la oposición habían llevado en 2025 ante la Mesa Directiva del Senado y el Ministerio Público, relacionadas con presuntos cobros a funcionarios del entorno de Delgado.

Por su parte, la senadora sostuvo que expondrá su posición ante sus colegas “por las vías institucionales correspondientes” y que aportará los elementos que considere necesarios para esclarecer la situación. Hasta el momento, no se ha confirmado la apertura de una causa penal formal por estas denuncias específicas.

Las acusaciones deberán ser investigadas para determinar si existieron cobros indebidos, condicionamientos para acceder a cargos públicos u otras irregularidades. Los testimonios difundidos constituyen denuncias que aún requieren corroboración y no implican, por sí mismos, que los hechos señalados hayan sido probados.