El Gobierno elimina a más de 6500 cooperativas en todo el país

Una medida oficial encendió la alarma en el sector asociativo luego de que el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, resolviera avanzar con fuerza sobre el padrón nacional y dejara a más de 6500 cooperativas sin autorización formal para operar en todo el territorio argentino.

A través de la Resolución 2076/26 emitida por el INAES, la administración central ordenó la interrupción masiva de actividades para un total de 6.667 entidades, argumentando una fase de reorganización técnica de los registros vigentes.

Sin embargo, los números analizados por el sector revelan un universo real de 9.083 organizaciones afectadas: 7.206 suspendidas, 1.299 intimadas a normalizar sus papeles en plazos de 30 y 60 días y apenas 578 exceptuadas. Del total alcanzado, 8.210 corresponden a cooperativas de trabajo, producción, servicios y consumo, mientras que 873 integran el circuito mutualista.

En ese marco, la dependencia oficial sostuvo que el procedimiento responde a la segunda etapa del Plan de Reordenamiento del Padrón dispuesto con la Resolución 3208/2024. Al amparo de las leyes 20.337 y 20.321, el organismo justificó la intervención señalando que la falta de balances y actas asamblearias entre el 1 de enero de 2023 y el 6 de agosto de 2026 “obstaculiza las tareas de fiscalización”, por lo que ordenó la apertura de sumarios administrativos.

Asimismo, el ente aclaró que la medida no constituye una baja definitiva de la matrícula, sino que quedará sin efecto de manera automática una vez regularizados los balances mediante la Actualización Nacional de Datos y el Registro Legajo Multipropósito.

Duro rechazo bonaerense

Frente a este escenario, el titular del Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo de Buenos Aires, Gildo Onorato, cuestionó en duros términos el accionar administrativo. “Esta resolución le impide trabajar al 40% de las cooperativas de la provincia de Buenos Aires”, denunció.

Y detalló que en el distrito bonaerense se contabilizan 1.916 entidades suspendidas y 299 intimadas de forma intempestiva. “Tenemos que acompañar y sostener las fuentes de trabajo, no poner más palos en la rueda a los trabajadores en esta crisis económica”, reclamó.

Para los referentes de la economía solidaria, el impacto social resulta demoledor en un contexto recesivo donde el rubro representa cerca del 10% del Producto Bruto Interno, funcionando como la última red de contención laboral para miles de familias vulnerables.

Por esa razón, advirtieron que congelar la operatoria por dos o tres ejercicios contables adeudados, sin moratoria ni auxilio técnico previo, deja a los colectivos en una situación crítica: las entidades no pueden facturar, ni tramitar expedientes, ni participar en licitaciones públicas.

Mientras el Estado focaliza su accionar en la revisión de balances, en el territorio cuadrillas de la construcción, textiles, recicladores, apicultores y fábricas recuperadas desconocen si podrán sostener sus fuentes cotidianas de subsistencia.