Juez admite imputación contra Prieto y fija audiencia para el 6 y 7 de abril

El juez de delitos económicos Humberto Otazú admitió la nueva imputación presentada por el Ministerio Público contra el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, y otras diez personas por supuesta lesión de confianza en el manejo de fondos destinados a obras en el Hospital Regional. Igualmente se fijó para los días 6 y 7 de abril la audiencia de imposición de medidas cautelares para todos los procesados.

Tras admitir la imputación, el juez Otazú también fijó para el 6 de septiembre el plazo para que el Ministerio Público presente su requerimiento conclusivo, etapa en la que deberá definir si acusa formalmente a los imputados y solicitar la elevación del caso a juicio oral.

La imputación fue presentada por los fiscales Silvio Corbeta, Yeimy Adle Monges y María Verónica Valdez, de la unidad especializada de delitos económicos y anticorrupción, quienes sostienen que las irregularidades habrían generado un perjuicio patrimonial de G. 757.166.276.

Entre los imputados figura también el actual diputado por Alto Paraná Walter Hugo García Méndez, quien en el periodo investigado se desempeñaba como presidente del Consejo Local de Salud. En su caso, el magistrado dispuso comunicar la imputación a la Cámara de Diputados para que se analice su eventual desafuero, requisito constitucional para que pueda ser sometido a proceso penal.

Además de Prieto y García Méndez, fueron imputados el entonces vicepresidente del Consejo Local de Salud, Hugo Benítez Vázquez; el tesorero Salem Esgaib Zugaib y la secretaria Lucía Elizabeth Lisboa de Torales.

También están procesados Sebastián Martínez Insfrán, Sonia Barrios Ramírez, Valeria Fabiana Romero, Karen González Vergara, Freddy Guzmán Martínez y Cinthia Noelia Alen Guerrero, vinculados a la ejecución de las obras investigadas.

Según la imputación fiscal, entre diciembre de 2019 y agosto de 2022 la administración municipal transfirió al Consejo Local de Salud G. 11.295 millones provenientes de recursos comunales para inversiones en infraestructura del Hospital Regional de Ciudad del Este.

Con esos fondos se financiaron refacciones, ampliaciones y otras intervenciones en distintas áreas del hospital. Sin embargo, informes técnicos incorporados a la investigación señalan diferencias entre los montos pagados y lo efectivamente ejecutado.

Además, los fiscales indican que varias contrataciones no habrían seguido los procedimientos establecidos en la Ley de Contrataciones Públicas y que algunas obras habrían sido pagadas sin contar con certificación técnica ni con fiscalización municipal.