MERCOSUR Y SOBERANÍA ALIMENTARIA: LA REGIÓN PRODUCE EL 15% DE LOS ALIMENTOS DEL MUNDO Y TODAVÍA TIENE HAMBRE — LA PARADOJA QUE EL ACUERDO CON EUROPA DEBE RESOLVER

La audiencia del Parlasur sobre mujeres agricultoras y la declaración de 2026 como Año Internacional de la Mujer Agricultora por la ONU son el contexto institucional que enmarca una de las paradojas más profundas que el Mercosur enfrenta en el año de su mayor logro comercial: los cinco países del bloque producen alimentos para alimentar a una fracción significativa del planeta, y al mismo tiempo tienen millones de ciudadanos que padecen inseguridad alimentaria. Brasil es el mayor exportador mundial de varios commodities agrícolas. Argentina tiene las pampas más fértiles del hemisferio sur. Paraguay es uno de los mayores exportadores de soja por habitante del mundo. Uruguay tiene una de las industrias cárnicas más eficientes y sostenibles del continente. Y sin embargo, en todos esos países, la pobreza rural, el hambre y la desnutrición infantil siguen siendo problemas estructurales que ninguna cifra de exportación record ha logrado erradicar. Esta paradoja —producir para el mundo y no alimentar a los propios— es el desafío ético más profundo que el bloque tiene pendiente, y el Frente Parlamentario contra el Hambre del Parlasur lo puso en el centro del debate esta semana con una contundencia que merece atención.

Los datos del BID ilustran la dimensión del desafío con una precisión que incomoda: en América Latina y el Caribe viven aproximadamente 60 millones de mujeres en zonas rurales, y el 36% participa directamente en actividades agrícolas, dedicando en promedio 36 horas semanales a la producción de alimentos. Pero esas mismas mujeres —que son el corazón de la agricultura familiar que alimenta a los mercados locales y regionales— enfrentan brechas estructurales en acceso a tierra, financiamiento, tecnología y espacios de decisión que reducen su productividad y sus ingresos. En Paraguay, donde las mujeres campesinas son una presencia dominante en la producción hortícola y frutícola para el consumo interno, el acceso al crédito formal para agricultoras es inferior al 20% del que tienen sus pares masculinos. En Brasil, las mujeres al frente de establecimientos rurales tienen en promedio propiedades más pequeñas, menos acceso a asistencia técnica y menores ingresos. Esta concentración de desventajas en un segmento que es simultáneamente esencial para la soberanía alimentaria del bloque y marginado de sus mecanismos de apoyo institucional es exactamente el tipo de problema que el Mercosur puede y debe resolver si quiere que el acuerdo con Europa genere prosperidad distribuida y no solo crecimiento concentrado.

La propuesta más concreta que surgió de la audiencia del Parlasur — crear un mecanismo de microcrédito regional para agricultoras que quieran incorporarse a las cadenas de exportación que el acuerdo con la UE abre — es simple en su formulación pero transformadora en su potencial. Una mujer productora de miel en Misiones, de stevia en Paraguay o de hierbas aromáticas orgánicas en Uruguay que accede a financiamiento para certificar su producción según los estándares europeos, para comprar el equipamiento necesario para cumplir con el EUDR y para conectarse con un importador europeo que quiere origen verificable, puede pasar en un ciclo productivo de ser una productora de subsistencia a ser una exportadora de nicho de alto valor. Ese es el acuerdo Mercosur-UE que el Frente Parlamentario contra el Hambre quiere construir: no el que beneficia a los grandes frigoríficos y cerealeras, sino el que llega también a los eslabones más débiles y más valiosos de la cadena alimentaria regional.