El Banco Central del Paraguay (BCP) recibió finalmente el pedido de informes aprobado por la Cámara de Senadores sobre las operaciones de Ueno Bank. El documento contiene 31 preguntas distribuidas en seis bloques y busca establecer cómo fueron fiscalizadas determinadas operaciones del banco, qué medidas adoptó la Superintendencia de Bancos y cómo se manejaron cuestiones relacionadas con empresas vinculadas, venta de cartera, bonos, fondos públicos y la concentración de recursos del Instituto de Previsión Social (IPS). El plazo para que la banca matriz responda es de 15 días.

La solicitud había sido aprobada por el Senado el 9 de septiembre, pero recién una semana después fue remitida formalmente al BCP. El organismo está presidido por Carlos Carvallo, mientras que la Superintendencia de Bancos está encabezada por Holger Insfrán. El pedido no constituye por sí mismo una conclusión sobre eventuales irregularidades: su objetivo formal es obtener información y documentación del regulador para que el Congreso pueda conocer cómo fueron controladas las operaciones señaladas.

Uno de los principales bloques se refiere al régimen de operaciones con personas o empresas vinculadas. Los senadores solicitan al BCP que explique cuáles son los límites aplicables, qué procedimientos deben seguirse cuando se detectan posibles excesos y qué controles se realizan sobre este tipo de operaciones. También se requieren datos sobre planes de regularización exigidos desde 2020, sanciones aplicadas durante los últimos 24 meses y dictámenes de la Unidad Jurídica para el Sector de Entidades Financieras.

El documento menciona específicamente operaciones de Ueno Bank con Mowi SA, Grupo M SA, Grupo Hendy SA, Tuiu SA, Franede SA y Aime SA Corredores de Seguros. El Senado pide conocer, entre otros elementos, las fechas y montos de las operaciones, el tiempo durante el cual permanecieron vigentes, las garantías utilizadas, la capacidad de pago, el destino de los fondos y los informes de inspección realizados entre enero de 2025 y la fecha actual.

Otro punto de la investigación parlamentaria está relacionado con una venta de cartera de Ueno Bank a Vinanzas SA, operación que, según el pedido, involucró US$ 35 millones y G. 36.900 millones. El Congreso quiere conocer cómo fue fiscalizada y cuál fue el análisis técnico realizado por el regulador. También solicita información sobre la emisión y colocación de bonos adquiridos por Technoma SA y Factopar SA, específicamente para determinar si esas operaciones fueron consideradas ventas al contado o mecanismos de financiación indirecta.

El memorando de Fernando Rivarola

Uno de los capítulos que puede generar mayor interés en las respuestas del BCP es el relacionado con Fernando Rivarola, quien se desempeñaba como gerente de Supervisión y posteriormente fue trasladado a la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD).

El Senado solicita información sobre un memorando fechado el 10 de julio de 2026, atribuido a Rivarola y relacionado con Ueno Bank. El pedido pretende establecer si el documento fue recibido oficialmente, qué trámite tuvo dentro del BCP y si existió algún disenso técnico entre las conclusiones de la Gerencia de Supervisión y las decisiones posteriores de la Superintendencia. También se solicita información sobre los protocolos existentes para registrar diferencias de criterio técnico y sobre las rotaciones del personal encargado de supervisar a la entidad desde enero de 2025.

La investigación adquiere otra dimensión porque ABC había informado anteriormente que, mediante el Decreto N.º 6329 del 6 de julio de 2026, Rivarola fue trasladado de su función en el área de supervisión del BCP para integrar el Directorio de la AFD. El propio Rivarola, consultado sobre el contenido de sus labores anteriores, alegó su obligación de preservar el secreto bancario y evitó comentar información relacionada con su trabajo en el BCP.

Fondos públicos e IPS también aparecen en el pedido

El Senado también quiere conocer cómo el BCP evaluó el riesgo de concentración de fondos públicos y del IPS en Ueno Bank. La cuestión tiene relevancia porque análisis anteriores de los estados financieros de la entidad muestran una elevada concentración de recursos públicos y previsionales.

Según un análisis publicado por ABC a partir de datos financieros y del reporte de la Dirección General del Tesoro, los organismos estatales y el IPS tenían depositados en Ueno más de G. 5,1 billones al cierre de julio de 2026, equivalentes a unos US$ 862 millones según el tipo de cambio utilizado en ese informe.

Ese mismo análisis identificó tres grandes rubros contables —Derechos Fiduciarios, Bienes Intangibles-Sistemas y Participación en otras sociedades— que al cierre de 2025 sumaban aproximadamente G. 3,7 billones, unos US$ 623 millones. ABC calculó que esa suma equivalía al 177,5% del patrimonio neto de Ueno, aunque el propio análisis advierte que la comparación de esos rubros no permite por sí sola concluir sobre la solvencia de la entidad.

El Senado pide precisamente al BCP que explique qué evaluación realizó sobre esta concentración, además de solicitar información sobre la excepción contable otorgada después de la absorción de Visión Banco y sus posibles efectos sobre los indicadores de la entidad.

El BCP deberá entregar documentos, no solo explicaciones

El pedido parlamentario establece que el Banco Central debe remitir, entre otros documentos, una copia autenticada del memorando del 10 de julio de 2026, informes de inspección correspondientes a 2025 y 2026, dictámenes jurídicos y el acto administrativo relacionado con eventuales excesos y sus respectivos registros de fechas.

La respuesta del regulador será seguida con atención porque permitirá contrastar las interrogantes planteadas por el Senado con la documentación oficial del organismo encargado de supervisar el sistema financiero paraguayo. También permitirá determinar qué cuestiones cuentan con respaldo documental, cuáles fueron objeto de controles previos y qué medidas, si las hubo, fueron adoptadas.

Por ahora, no corresponde anticipar conclusiones sobre las operaciones cuestionadas. El dato concreto es que el BCP ya recibió oficialmente el requerimiento y tiene 15 días para responder. Será esa documentación la que permitirá conocer qué encontró la supervisión bancaria, qué decisiones fueron adoptadas y si existieron o no incumplimientos que requieran medidas posteriores.

Foto: Gentileza / ABC Color