Advierten sobre una posible “autoamnistía” para empresas sancionadas por operar en Malvinas

El diputado nacional Maximiliano Ferraro expresó fuertes cuestionamientos al proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo al Congreso que propone derogar íntegramente la Ley 26.659, norma sancionada para proteger los recursos naturales argentinos en el área de las Islas Malvinas.

A través de un extenso posteo en redes sociales, el legislador de la Coalición Cívica advirtió sobre el riesgo de que la derogación de esa ley termine beneficiando a empresas que fueron sancionadas por operar en la plataforma continental sin autorización argentina.

“¿Autoamnistía para empresas sancionadas e inhabilitadas por Malvinas?”, planteó Ferraro al inicio de su publicación, donde puso el foco en el caso de la petrolera británica Premier Oil PLC, actualmente denominada Harbour Energy plc.

Según recordó, en 2013 la Secretaría de Energía dispuso mediante la Resolución 481/2013 la inhabilitación por 15 años de Premier Oil para desarrollar actividades en la Argentina por haber participado en operaciones vinculadas a la exploración hidrocarburífera en áreas cercanas a Malvinas sin autorización del Estado nacional. Esa sanción se encuentra vigente hasta 2028.

Ferraro señaló que el cambio de nombre de la empresa concretado en 2021 no implica la creación de una nueva persona jurídica ni elimina las sanciones existentes. “Es la misma empresa que continúa inhabilitada”, sostuvo.

El legislador también cuestionó decisiones adoptadas por el actual Gobierno respecto de esa firma. Al respecto, recordó que en diciembre de 2024, mediante el Decreto 1147/2024, se ampliaron concesiones hidrocarburíferas vinculadas a la compañía y que posteriormente, a través de la Resolución 559/2025 del Ministerio de Economía, se aprobó la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) del consorcio Southern Energy S.A., del cual Harbour Energy participa con un 15%.

En su análisis, Ferraro remarcó que la Ley 26.659 no solo alcanza a las empresas que desarrollan actividades en la zona en cuestión, sino también a sus accionistas y sociedades controladas. Asimismo, recordó que la norma prohíbe al Estado otorgar beneficios o contratar con esas compañías.

El diputado consideró especialmente llamativo que el propio Gobierno haya reforzado recientemente la aplicación de esa ley mediante el Decreto 868/2026, que designó a la Cancillería como autoridad de aplicación y estableció la obligación de presentar declaraciones juradas para acceder al RIGI. Sin embargo, apenas trece días después, envió al Congreso una iniciativa para derogarla por completo.

A partir de ello, planteó una serie de interrogantes sobre el alcance jurídico de la medida. “¿Sigue vigente la inhabilitación dictada en 2013? ¿En qué situación quedan las empresas actualmente sancionadas por la Ley 26.659 si esta se deroga?”, preguntó.

Ferraro sostuvo que la ausencia de una cláusula explícita que preserve las sanciones firmes podría generar que las inhabilitaciones pierdan sustento normativo hacia adelante. A su juicio, ello podría traducirse en una suerte de “borrón y cuenta nueva” para compañías sancionadas por actividades vinculadas a Malvinas.

“Eso se parece demasiado a una autoamnistía”, afirmó el diputado, quien aclaró que la cuestión no se limita al caso de Harbour Energy, sino que podría alcanzar a otras empresas alcanzadas por sanciones similares.

Por último, Ferraro aseguró que debatirá el resto del proyecto “con responsabilidad y mucho estudio”, aunque anticipó que no acompañará iniciativas que impliquen, a su entender, una concentración de poder o generen “arbitrariedades y ambigüedades”. También sostuvo que la Argentina necesita inversiones y previsibilidad jurídica, pero “no a cualquier precio ni con desaguisados de esta magnitud”.