La letra chica del giro malvinero: soberanía, polémicas y un artículo que enciende alarmas

El jueves por la tarde, mientras el Senado convertía en ley una de las iniciativas más demandadas por el Gobierno –Inocencia Fiscal, en su versión recargada-, el Presidente repudiaba a los “periodistas de mierdas” (SIC), citándolos también -por si la ofensa es insuficiente- como “basuras repugnantes”. Lo hacía en un posteo aislado, supuestamente a cuenta de nada, pero en obvia respuesta al sinnúmero de versiones que circulaban esa jornada en la que se conocía el intempestivo despido de casi todo el personal de la residencia presidencial de Olivos, al que reemplazaría con gente de Casa Militar. En ese contexto circulaban también comentarios inquietantes sobre uno de los perros presidenciales supuestamente intoxicado.

Mal que nos pese, la iracundia presidencial lejos está ya de ser novedad, y sigue siendo justificada por los propios atribuyéndola a “su forma de ser”. Parte de esa personalidad lo llevó a donde hoy está, recuerdan, como si “grosero” y “genuino” fueran lo mismo. De ahí a considerar virtud semejante defecto estamos a un paso.

La pregunta es si los modos presidenciales se limitan a los insultos, o la intemperancia puede llegar a la acción. A juzgar por los despidos del jueves, se infiere que el Presidente es capaz de ir más allá de la agresión verbal.

Independientemente del enigma que rodea lo sucedido en Olivos, ¿podría la ira transformarse en una acción directa que trascendiera el ámbito doméstico? Por ejemplo, tomando el caso de que el Presidente lleva al terreno personal las relaciones internacionales, ¿podría llegar a casos extremos que involucren a otros países? A juzgar por los antecedentes, Milei se ha demostrado capaz de hacerlo con Pedro Sánchez en España, Gustavo Petro en Colombia y sobre todo Lula en Brasil, con quienes ha cruzado límites sorprendentes comprometiendo en mayor o menor medida intereses nacionales. Ahí es cuando las circunstancias dan lugar al pragmatismo que infiere que Milei puede cambiar drásticamente la opinión cuando amerita. Fue el caso del papa Francisco, al que llegó a calificar como “representante del maligno en la Tierra”; o directamente China, que del “no hacemos pactos con comunistas”, pasó a ser “un socio comercial interesante”.

Es lo que lleva a pensar que el giro malvinero de Milei de las últimas semanas difícilmente nos ponga a tiro de un conflicto con Gran Bretaña. Más allá del tenor del proyecto que Milei anunció dos semanas atrás, en su recordada cadena nacional en la que cambió drásticamente su discurso sobre la Causa Malvinas, y que llegó al Congreso el jueves pasado. En este caso, la medida no está alineada con el temperamento irascible del León, sino que es parte de una estrategia nacida al calor de la oportunidad generada por los intereses de Donald Trump, que con destreza Santiago Caputo adaptó a la conveniencia doméstica.

A priori, el proyecto anunciado por Javier Milei el 3 de septiembre no era más que una réplica de la ley impulsada por Pino Solanas hace un cuarto de siglo, que incluso llegó a ser aplicada aunque con un alcance limitado en la práctica: fue invocada en 2013, 2021 y 2022, declarando la ilegalidad de las operaciones de ciertas empresas extranjeras que operaban en la Cuenca Malvinas, disponiendo inhabilitaciones administrativas aisladas, pero sin frenar nunca los proyectos en cuestión.

Se anticipó ahora que la nueva norma tendría mayores penas que la Ley 26.659, aunque en realidad se espera que pueda tener un mayor impacto no por su drasticidad, sino porque las circunstancias son muy distintas a las del pasado, pues las oportunidades hidrocarburíferas que puede ofrecer la Argentina son mucho más relevantes que en 2011, cuando se votó la ley, siendo hoy Vaca Muerta la segunda reserva mundial de gas no convencional y la cuarta de petróleo no convencional.

El proyecto conocido el jueves pasado es en efecto mucho más severo, con una ampliación del alcance de los recursos protegidos y un endurecimiento drástico de las penas de prisión. A priori, al anunciar Milei su proyecto, convocó a la oposición a dejar de lado las diferencias y mostrar un frente unido ante el mundo en la Causa Malvinas. Pero fiel a su estilo, al mandar el proyecto al Congreso esta administración nuevamente aprovechó para colar una serie de medidas “extra”. Es que el proyecto, que tiene nada menos que 133 artículos, incluye un nuevo Sistema de Seguridad Nacional.

Así las cosas, el proyecto va más allá del tema Malvinas, pues adquiere características inquietantes a partir del artículo 111, en el que incorpora un artículo al Código Penal de la Nación que reprime con prisión de 5 a 12 años a quien “actuando por cuenta, orden o financiamiento total o parcial de un Estado extranjero, organización o agente realizare actividades que alteren procesos electorales o manipulen a la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva”.

Ya muchos alertaron que estas medidas pueden ser utilizadas como herramientas de persecución contra la prensa. Incluso contra la sociedad civil, con el argumento de la existencia de “agentes extranjeros”. Recordaron incluso el confuso episodio del año pasado que apuntó entonces a supuestos agentes rusos accionando sobre determinados medios de comunicación. Para el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, el artículo 111 “crea un nuevo tipo penal inspirado en Putin, Orbán, Erdogan, Maduro y Bukele. El objetivo de Milei es tener una herramienta de persecución política penal, bajo la excusa de proteger a la Nación de campañas de desinformación promovidas o financiadas por actores extranjeros”.

Ferraro: “El objetivo de Milei es tener una herramienta de persecución política penal”.

Las advertencias no provienen solamente de la oposición: varios juristas y representantes de ONG han advertido sobre la ilegalidad de la medida, lo que hace presumir una discusión intensa en el Congreso que conspirará contra las intenciones oficiales de tener esa ley lista antes de meterse de lleno en la discusión del Presupuesto 2027. Se suponía que, tratándose de Malvinas, las coincidencias serían inmediatas, pero una vez más la diversidad de los escribas de las leyes mileístas ha generado impedimentos para un trámite acelerado.

Aunque tampoco es que la parte referida a la cuestión Malvinas no admita discrepancias. Por el contrario, ya desde la oposición advirtieron que al derogar íntegramente la Ley 26.659 como pretende la norma conocida el jueves, se terminaría beneficiando a empresas que ya fueron sancionadas por operar en la plataforma continental sin autorización argentina. Es el caso de la petrolera británica Premier Oil PLC, hoy denominada Harbour Energy PLC, inhabilitada por 15 años en 2013. “¿En qué situación quedan las empresas actualmente sancionadas por la Ley 26.659 si esta se deroga?”, se preguntó Maximiliano Ferraro.

En el mismo sentido se ha pronunciado la diputada de Unión por la Patria Agustina Propato, quien denunció que la Ley de Defensa de la Soberanía es en realidad una “amnistía para los saqueadores de Malvinas”. Pasa que el texto incluye en su Capítulo 5, artículo 30, un Régimen de Desistimiento y Regularización. El mismo permitiría a empresas que realizaron actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina en torno a las Islas Malvinas, regularizar su situación a cambio del pago de multas o compromisos de reconversión de inversiones. “Es otra ley de blanqueo, dirigida esta vez a las petroleras que explotan nuestros recursos y riquezas en Malvinas”, expresó Propato, quien además es vicepresidenta de la Comisión de Defensa, cabecera del debate que se avecina en Diputados y que, por lo que se ve, será un trámite muy complicado para las intenciones de La Libertad Avanza.

Para Propato, “es otra ley de blanqueo, dirigida esta vez a las petroleras que explotan nuestros recursos y riquezas en Malvinas”.

Un panorama que completa las dificultades que las espadas legislativas del oficialismo encuentran hoy con los proyectos que manda el Ejecutivo. El colmo fue el Presupuesto, donde aparecieron cambios en el área Discapacidad que desconocían figuras como Patricia Bullrich, que desde que se conocieron esos detalles estalló directamente en los medios, ya que la controversia estalló el mismo día en que se iniciaba el debate de la prórroga de la emergencia en discapacidad en Diputados. Allí el oficialismo había prometido un proyecto “superador” que se dio de bruces con lo que llegó en el Presupuesto.

El raid mediático que encabezó Bullrich concluyó el viernes con un video desafiante en el que sin decir nada expresó mucho. Hacia afuera y hacia adentro. En el video, la jefa del bloque oficialista del Senado disfruta de un tema de Lali, con una letra muy sugerente, en un abierto desafío al presidente Milei que hábilmente esta vez contestó minimizando la controversia y admitiendo que -supuestamente- le gustan algunos temas de quien él ha rebautizado como “Lali Depósito”. Como sea, no necesitaba Bullrich el video para alterar a la Casa Rosada, donde la critican sin rodeos. Ella en tanto, a sabiendas de que tiene experiencia suficiente, votos propios y disfruta de una mejor imagen que Milei en las encuestas, deshoja la margarita pensando en qué hará en las elecciones de 2027. Tal vez se abra una alternativa imprevista.

Sé que todos los «peros» tienen un «porqué» pic.twitter.com/d7GNMXCjVR

— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 18, 2026