Basura en la vía pública: tres detenidos y una multa millonaria por arrojar residuos en un terreno baldío de Córdoba

Tres personas fueron aprehendidas en la ciudad de Córdoba luego de ser detectadas mientras arrojaban residuos de manera ilegal en un terreno ubicado en Roque Arias y García Martínez.

El procedimiento comenzó cuando las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano registraron una camioneta con acoplado descargando residuos domiciliarios, escombros, bolsas plásticas, restos de obra y poda en el lugar. La intervención permitió detener la actividad.

Tras el aviso al 911, un móvil policial llegó hasta el sector para identificar a los involucrados. Posteriormente, los Promotores de Convivencia constataron la infracción y elaboraron el acta correspondiente.

Una infracción con impacto ambiental

El lugar forma parte de un sector considerado macrobasural, donde la acumulación irregular de residuos representa un problema ambiental y sanitario para el entorno. La disposición clandestina deteriora terrenos que podrían cumplir otras funciones y dificulta su recuperación.

Además, los residuos abandonados pueden favorecer la presencia de roedores, insectos y otros animales asociados a la transmisión de enfermedades. A su vez, los materiales expuestos pueden dispersarse por acción del viento o la lluvia y alcanzar espacios públicos y sistemas de drenaje.

En este caso, la Justicia Administrativa Municipal de Faltas estableció una multa de 250 UEM, equivalente a $4.114.000, y dispuso el secuestro de la camioneta y el acoplado utilizados para transportar los residuos.

¿Qué otras sanciones contempla la normativa?

El régimen vigente de la Ordenanza 12.468 fue actualizado en 2025. Para generadores, transportistas, operadores y responsables de residuos sólidos urbanos que incumplan las normas municipales, el artículo 219 establece multas de 200 a 2.000 UEM.

Asimismo, cuando se utilizan vehículos para trasladar los residuos, puede aplicarse como sanción accesoria la inhabilitación temporal o el retiro definitivo de la licencia de conducir habilitante para el transporte. También puede retirarse la asistencia municipal mediante subsidios, beneficios o exenciones.

Por otra parte, para grandes generadores que incumplan determinadas obligaciones, las multas pueden alcanzar las 4.000 UEM y contemplarse la clausura preventiva del establecimiento o medidas de seguridad destinadas a evitar daños ambientales, con costos a cargo de los infractores.

Además, la normativa creó un Fondo de Recuperación Ambiental y Saneamiento de Basurales, financiado con la recaudación de las multas del artículo 219. Su objetivo es destinar esos recursos a la recuperación de áreas afectadas.

El desafío de recuperar los espacios afectados

La problemática excede la sanción individual porque los basurales clandestinos generan impactos acumulativos. La presencia de residuos durante períodos prolongados puede degradar el suelo y convertir terrenos urbanos o periurbanos en focos persistentes de contaminación.

En ese sentido, controlar los vehículos que ingresan a estos sectores permite actuar sobre una de las vías mediante las cuales se forman y expanden los basurales. Las cámaras de monitoreo, los operativos y las denuncias ciudadanas se complementan para detectar estas prácticas.

Finalmente, la recuperación ambiental requiere combinar fiscalización, sanciones y saneamiento. En Roque Arias, el Municipio ya había señalado la necesidad de transformar el histórico basural y avanzar hacia una gestión diferente del área.

De este modo, la intervención busca no solo penalizar el arrojo ilegal de residuos, sino también reducir la formación de nuevos focos de contaminación y proteger la calidad ambiental de los sectores cercanos.