La falta de información sobre permisos, cuotas y titulares de licencias volvió a ocupar el centro del debate sobre la gestión de los recursos pesqueros argentinos. Organizaciones ambientales reclaman mayor transparencia para fortalecer los controles.
El planteo surgió luego de un conversatorio intersectorial realizado en el Senado de la Nación, donde se analizó el funcionamiento del sector pesquero y las dificultades para conocer quiénes controlan realmente las autorizaciones de explotación.
En ese contexto, la organización Sin Azul No Hay Verde pidió avanzar con una legislación que permita identificar a los beneficiarios finales de las licencias. El objetivo es reducir espacios de discrecionalidad y mejorar la capacidad estatal para controlar una actividad vinculada con recursos naturales de dominio público.
Transparencia y conservación del Mar Argentino
El acceso a información sobre permisos y cuotas tiene una dimensión ambiental además de institucional. Conocer qué empresas operan, cuánto pueden capturar y bajo qué autorizaciones permite evaluar mejor la presión ejercida sobre las poblaciones marinas.
Asimismo, la falta de datos completos puede dificultar el seguimiento de las capturas y la identificación de posibles concentraciones de permisos. Por eso, las organizaciones ambientales consideran que la transparencia es una herramienta complementaria para prevenir prácticas que puedan favorecer la sobreexplotación.
A su vez, la conservación de los ecosistemas marinos requiere que las decisiones sobre extracción puedan ser auditadas. Los recursos pesqueros forman parte de redes ecológicas complejas, por lo que una extracción excesiva puede afectar no solo a las especies objetivo, sino también a otras poblaciones vinculadas.
El costo ambiental de una fiscalización insuficiente
La actividad pesquera depende de poblaciones que necesitan mantener condiciones adecuadas para reproducirse y renovarse. Cuando las capturas superan la capacidad de recuperación de los ecosistemas, se deteriora la disponibilidad futura del recurso.
Además, los controles deficientes pueden dificultar la detección de capturas sin autorización, incumplimientos de cuotas, operaciones en zonas vedadas o utilización de artes prohibidas. En consecuencia, la transparencia se relaciona directamente con la capacidad de fiscalización.
Por otra parte, el sector enfrenta crecientes exigencias ambientales y comerciales internacionales. Contar con información verificable sobre la cadena pesquera puede contribuir a mejorar la trazabilidad y favorecer una actividad compatible con criterios de sostenibilidad.
¿Qué es la pesca ilegal y qué leyes la regulan en Argentina?
La Ley 24.922, Régimen Federal de Pesca, establece el marco nacional para la conservación, protección y administración de los recursos vivos marinos. Entre otras conductas, considera infracciones pescar sin permiso o cuota, operar durante vedas, utilizar artes prohibidas, superar los límites de captura o realizar prácticas que afecten la sustentabilidad.
El régimen también establece mecanismos de registro y control para quienes participan de la captura, industrialización, comercio y transporte de productos pesqueros. La normativa asigna competencias según se trate de aguas bajo jurisdicción nacional o provincial.
En cuanto a las sanciones, pueden incluir apercibimientos, multas, suspensión o cancelación de registros, decomiso de artes y equipos, decomiso de capturas y hasta decomiso del buque. En casos determinados también pueden aplicarse medidas sobre la actividad del armador.
La legislación fue modificada para endurecer el régimen sancionatorio. Actualmente, las multas se calculan en Unidades Pesca, vinculadas al precio del gasoil, y existen mínimos específicos para determinadas infracciones, como pescar sin autorización o hacerlo en zonas de veda.
Hacia una gestión pesquera más sostenible
El debate legislativo plantea así una discusión que excede la cuestión administrativa. La transparencia puede facilitar controles, mientras que la fiscalización efectiva permite reducir la presión ilegal sobre especies y hábitats marinos.
Además, Argentina mantiene operativos contra la pesca irregular en sus aguas. Durante 2026, el Gobierno nacional informó sanciones vinculadas con buques que operaban ilegalmente dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina.
De este modo, mejorar el acceso a la información, fortalecer la trazabilidad y aplicar las normas vigentes aparecen como herramientas complementarias para proteger el Mar Argentino. La sostenibilidad del sector dependerá, en buena medida, de que el aprovechamiento económico pueda compatibilizarse con la capacidad de recuperación de los ecosistemas.
Medio: noticiasambientales.com
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