Imputan a dos personas por presunto daño ambiental en el río Tebicuarymí

• La Fiscalía imputó a dos personas por presuntos delitos contra el medio ambiente relacionados con la extracción de arena y otras intervenciones realizadas en el río Tebicuarymí, en la zona de Hugua Po’i, distrito de Coronel Martínez, Guairá.
• La investigación abarca hechos registrados entre 2024 y septiembre de 2026, que habrían ocasionado erosión de la barranca, alteración del cauce y daños a la vegetación protectora del río.
• La fiscala Jadiyi Ortiz solicitó medidas para frenar la continuidad del presunto daño, además de un plan de mitigación y restauración ambiental que deberá ser aprobado por el MADES.

La agente fiscal Jadiyi Ortiz, titular de la Unidad Especializada de Lucha contra Delitos Ambientales de Villarrica, imputó a dos personas por la supuesta comisión de delitos contra el medio ambiente, a raíz de actividades desarrolladas en el río Tebicuarymí, en el distrito de Coronel Martínez.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, entre 2024 y septiembre de 2026 se habrían realizado trabajos de extracción de arena del lecho del río, lavado, acopio y movimiento de suelo en la zona conocida como Hugua Po’i, sobre la margen izquierda del cauce.

Según la Fiscalía, estas intervenciones no habrían respetado las condiciones establecidas en la Declaración de Impacto Ambiental y el Plan de Gestión Ambiental aprobados por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES). Como consecuencia de los trabajos, se habría producido erosión de la barranca, alteración del cauce del río y afectación de la vegetación que cumple una función de protección en el área.

La fiscala Ortiz calificó provisoriamente los hechos como tala de bosques o formaciones vegetales que afectan gravemente al ecosistema, explotación forestal de bosques protectores e incumplimiento de medidas de mitigación del impacto ambiental, previstos en la Ley N.º 716/96. Además, la investigación contempla el supuesto perjuicio a reservas naturales, establecido en el Código Penal.

Ante el Juzgado de Garantías, el Ministerio Público solicitó la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva y otras disposiciones destinadas a impedir que continúen las actividades que podrían generar daño ambiental.

Entre las medidas requeridas se encuentran la suspensión inmediata de la extracción, el retiro de dragas, embarcaciones y maquinarias, la prohibición de ingreso al área afectada y una orden de no innovar.

La Fiscalía también solicitó que los imputados presenten un plan de mitigación y restauración ambiental, el cual deberá estar sujeto a la aprobación del MADES. Ahora será el Juzgado interviniente el que deberá analizar y resolver las medidas solicitadas por el Ministerio Público. La investigación continúa con otras diligencias destinadas a esclarecer las circunstancias de los hechos y determinar las eventuales responsabilidades penales correspondientes.