La aprehensión de Mariaca no le quita el cargo de Fiscal General

La situación del fiscal general del Estado, Roger Mariaca, abrió una controversia institucional que va más allá de su aprehensión. Mientras algunas autoridades ya se refieren a él como “exfiscal”, el vicepresidente Edmand Lara sostiene que la detención no constituye por sí sola una vacancia del cargo, y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, pidió que el caso sea sometido a una autoridad jurisdiccional y que se respete el debido proceso.
Lara afirmó que, para sustituir al Fiscal General antes de concluir su mandato, debe existir una vacancia legalmente configurada y que esta no puede ser creada mediante una decisión de la Asamblea. Recordó, además, que la Ley 260 establece causales y procedimientos para la cesación y que una eventual nueva designación debe cumplir el mecanismo constitucional de convocatoria, concurso y elección por dos tercios de la Asamblea Legislativa.
La posición del vicepresidente adquiere relevancia porque la Asamblea Legislativa fue convocada para este viernes para conocer los informes y antecedentes institucionales y jurídicos relacionados con la aprehensión de Mariaca. La sesión fue adelantada por el presidente del Senado, Diego Ávila, quien ejerce la presidencia de la Asamblea ante la ausencia de Lara.
En paralelo, el presidente del TSJ, Romer Saucedo, señaló que Mariaca y las demás autoridades aprehendidas deben pasar a disposición de una autoridad jurisdiccional. Indicó que, cuando exista una imputación y los involucrados sean presentados ante un juez, corresponderá valorar objetivamente los elementos de la investigación y garantizar el debido proceso.
El dato adquiere especial importancia porque Mariaca permanece aprehendido a la espera de una eventual imputación, mientras ya se desarrolla el debate político sobre su continuidad en el cargo.
A esto, se suma que el Gobierno reconoció que, al tratarse de una autoridad electa, a Mariaca le correspondería un juicio de responsabilidades; aunque defendió la legalidad de su aprehensión.
“Quiero ser claro. No defendemos personas, defendemos instituciones, la Constitución y el estado de derecho. Si existen pruebas que se investigue, si existen responsabilidades se procese y sancione”, señaló; pero pidió también que “si existen elementos de que se vulneró el debido proceso y hubo una aprehensión ilegal corresponde que la autoridad jurisdiccional ejerza control y defina lo que corresponda”.
Afirmó que ningún allanamiento ni procedimiento para ejecutar aprehensiones puede convertirse en un espacio “sin ley” y, en ese marco, advirtió que el presidente Rodrigo Paz “no puede sustituir ese procedimiento constitucional mediante un Decreto y no puede nombrar discrecionalmente a un Fiscal General”.
“Hacerlo, sería desconocer la Constitución, romper el equilibrio entre poderes y debilitar instituciones fundamentales de la democracia”, alertó.
Acotó que “la democracia también limita al poder, nadie está por encima de la Constitución, ningún órgano por encima de otro y ninguna lucha contra el delito puede convertirse en una autorización para actuar al margen de la Ley”.
La discusión llegó incluso al terreno internacional. El Gobierno no descartó que Estados Unidos pueda solicitar la extradición de Mariaca, pese a que, según la información difundida, no existe hasta ahora una solicitud formal de extradición. Lara, por su parte, sostuvo que cualquier requerimiento de otro país debe tramitarse mediante los mecanismos de cooperación judicial y extradición previstos por la legislación boliviana.