Ley de Glaciares: más de 850.000 personas esperan una respuesta de la justicia ante el pedido de suspensión de la reforma

El debate por la reforma de la Ley de Glaciares continúa abierto en Argentina. El 5 de mayo, Greenpeace, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas y numerosas organizaciones territoriales presentaron una demanda colectiva para solicitar que se declare inconstitucional la modificación normativa.

La presentación, realizada ante el Juzgado Federal de Santa Rosa, La Pampa, a cargo del juez Juan José Baric, reunió más de 850.000 adhesiones en menos de dos semanas. La movilización reflejó la preocupación social por la protección de los glaciares y las reservas de agua dulce frente a posibles actividades extractivas.

Además, las organizaciones solicitaron una medida cautelar para suspender la aplicación de la reforma mientras se analiza su constitucionalidad. El objetivo es impedir que se autoricen proyectos capaces de ocasionar daños irreversibles en los ambientes glaciares y las cuencas asociadas.

El proyecto Vicuña y la protección del glaciar GE110

La preocupación aumentó el 16 de junio, cuando el Gobierno nacional aprobó el ingreso del proyecto minero Vicuña, en San Juan, al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). En el área de intervención se encuentra el glaciar GE110, incluido en el Inventario Nacional de Glaciares.

Ante este escenario, las organizaciones presentaron el 23 de junio un nuevo escrito judicial para solicitar una medida cautelar específica que impida retirar ese cuerpo de hielo del inventario mientras continúa el proceso. Sin embargo, según denunciaron, el pedido tampoco había recibido respuesta.

El riesgo ambiental radica en que una eventual pérdida de protección podría facilitar intervenciones sobre un sistema natural estratégico. Los glaciares y ambientes periglaciares cumplen funciones esenciales en la regulación hídrica, especialmente en regiones áridas donde el agua sostiene ecosistemas, poblaciones y actividades productivas.

El debate por la reforma de la Ley de Glaciares

La modificación de la Ley 26.639, mediante la Ley 27.804, generó controversia por sus posibles consecuencias sobre el alcance de las áreas protegidas. Mientras sus cuestionamientos advierten que podría debilitar salvaguardas ambientales y facilitar proyectos extractivos, el debate también involucra el desarrollo minero y las competencias para determinar qué zonas requieren protección.

Para las organizaciones ambientales, cualquier cambio debe respetar el principio precautorio y prevenir daños irreversibles. La discusión no se limita al hielo visible: también comprende ambientes periglaciares que contribuyen a almacenar y regular el agua.

Por eso, la controversia enfrenta distintas visiones sobre cómo compatibilizar la actividad económica con la seguridad hídrica y la conservación de ecosistemas sensibles. La decisión judicial será relevante para establecer los límites constitucionales de la reforma.

Demoras judiciales y riesgos ambientales

El 8 de octubre, más de cinco meses después de iniciada la causa, el juzgado se declaró competente, pero todavía no resolvió el fondo del planteo ni las medidas cautelares reclamadas. Además, cuestionó aspectos procesales de presentaciones realizadas por referentes y organizaciones que acompañan la demanda.

En consecuencia, persiste la preocupación por una posible consolidación de hechos consumados antes de que exista una sentencia. La aplicación de los principios de prevención y precaución exige considerar la urgencia cuando están en juego daños ambientales potencialmente irreversibles.

Las organizaciones reclaman que el proceso avance y que los pedidos urgentes sean tratados sin más demoras. La protección de los glaciares representa una cuestión estratégica para conservar las reservas de agua, sostener la biodiversidad y resguardar los derechos ambientales de las generaciones presentes y futuras.